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¿Pueden someterse las restricciones constitucionales expresas a un control de convencionalidad?

11925996_1621717858087305_1157614285390261408_nPor Marte Guía Ferrer

Nuestro país entró en un nuevo paradigma de protección y defensa de los derechos humanos, a raíz de la reforma constitucional de junio de 2011.i En ella se estableció en el artículo primero de nuestra Ley Fundamental, que todas las personas que residan en México gozarán, no solamente de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, sino también en los que estén contenidos en los tratados internacionales de los cuales nuestro Estado es parte.

Por otro lado se estableció el bloque de constitucionalidad, al referir en su párrafo segundo que las normas relativas a los propios derechos humanos se habrán de interpretar de conformidad con la Constitución y con los instrumentos internacionales de la materia. Además se instituyó el principio pro persona, al decir que dicha interpretación deberá ser favoreciendo en todo momento a las personas, con la protección más amplia.

Sin embargo, en las últimas líneas del primer párrafo del numeral en cita, se refiere que el ejercicio de dichos derechos no podrán ser restringidos ni suspendidos, salvo en los casos y en las condiciones que el propio texto constitucional nos indique. Esto trajo como consecuencia complicaciones en cuanto a la interpretación del posicionamiento de los derechos humanos de fuente internacional en el esquema normativo interno, tan así que se tuvo que resolver mediante una contradicción de tesis en el más alto tribunal del país que tardó varias sesiones para dictarse: la CT 293/2011.

Al resolverse dicha contradicción, se estipuló que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, pero entendiéndose que, derivado de la parte final del primer párrafo del artículo primero, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.ii

Esta interpretación consolidó la supremacía relativa de la Constitución, pues limita la aplicación de las normas internacionales en materia de los derechos fundamentales a favor de las figuras restrictivas contenidas en la Ley Fundamental, en consecuencia el alcance del principio pro persona se vislumbra limitado.

No con esto se pretende apuntar que todas las restricciones constitucionales vulneran en forma absoluta los derechos humanos. Como ejemplos contamos las que se permiten por el margen de apreciación nacionaliii, las que permite la propia Convención Americana y las que satisfacen el principio de proporcionalidad. Sin embargo, existen restricciones constitucionales que si pueden violar derechos, como es el caso del arraigo, que por los principios de interdependencia e indivisibilidad, afectan una pluralidad de ellos, como lo son la libertad personal, la presunción de inocencia e incluso, la integridad personal cuando se haga uso de la tortura.

Y es que debemos distinguir entre lo legal y lo legítimo. Que una figura esté contemplada legalmente no quiere decir forzosamente que sea legítima, adecuada y respetuosa de los derechos fundamentales. Surge entonces la cuestión de si los jueces pueden realizar algún tipo de control para la defensa de los derechos fundamentales que estén restringidos en la Ley Fundamental. La respuesta es afirmativa, pero en todo caso, depende de la formación del propio juzgador en los controles de constitucionalidad y convencionalidad. Han surgido asuntos en los que jueces de distrito inaplican la figura del arraigoiv, que se combaten como acto reclamado en amparos indirectos.

El punto es que dichas figuras están contenidas en códigos penales adjetivos estatales, no inaplican la estipulada en la propia Constitución, sino las que se desprenden de normas locales. Aun así, representan un avance en materia del control de constitucionalidad y convencionalidad a las figuras restrictivas de derechos humanos contenidas en el propio texto fundamental, desarrolladas en legislaciones inferiores.

Pero ¿qué sucede con las restricciones constitucionales que no tengan un tratamiento ulterior en ordenamientos menores? ¿Puede someterse a control de convencionalidad nuestra propia Constitución? La respuesta es categórica: no. Nuestra Constitución no puede ser interpretada como inconvencional. La Segunda Sala de la SCJN dictó en el amparo directo 30/2012 que ningún precepto constitucional puede serlo, ya que refirió que con la reforma de 2011 no se modificó el 133 constitucional, implicando que la supremacía constitucional persiste, aunado a que los tratados internacionales encuentran su origen y validez precisamente en la Ley Fundamentalv.

Tampoco podría efectuarse un control de convencionalidad a la jurisprudencia de la SCJN, en este caso, las tesis emitidas de la CT 293/2011 en la que como ya se puntualizó, se elevan a rango constitucional los derechos humanos y se constitucionalizan los provenientes de los tratados internacionales, pues la propia Corte determinó en otra contradicción de tesis, la 299/2013vi, que la jurisprudencia tampoco es susceptible del control de convencionalidad, por tanto, los jueces mexicanos están compelidos a no inaplicar ni los preceptos constitucionales ni la jurisprudencia emitida por el máximo tribunal, aun cuando de ellos se advierta violaciones a los derechos fundamentales y existan instrumentos internacionales que amplíen el rango de protección a los propios derechos.

Con lo anterior, el Estado mexicano incumple con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pues invoca las disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir los instrumentos internacionales de la materia. Además del numeral 2º de la Convención Americana ya que la propia reforma constitucional al artículo primero y la CT 293/2011, rompen con la debida operatividad del principio pro persona, pues no se adoptó ni se han adoptado las medidas legislativas suficientes para hacer efectivos los derechos y libertades en ella consagrados.

Si bien los derechos humanos no son absolutos, tampoco deben serlo las restricciones constitucionales, contempladas por el Poder Reformador y la Corte, como figuras metaconstitucionales. La ponderación que debe hacerse caso por caso, de ninguna manera tiene que constreñirse a consideraciones de legalidad. En tanto México siga en la disyuntiva de proteger su soberanía o abrirse a los parámetros de razonabilidad en el tema de las restricciones, seguirá infringiendo los tratados internacionales que en el uso mismo de su soberanía, suscribió y estará susceptible a nuevas sentencias condenatorias por parte de la Corte Interamericana, que finalmente obliguen al Estado mexicano, a dotar de eficacia al principio pro persona, ya que la inercia internacional y los tiempos actuales en que nos encontramos demandan, no la supremacía de normas jurídicas que salvaguarden la democracia formal, sino la férrea defensa de los derechos humanos, pues dimanan del principio más grande que puede tener una persona: La dignidad.

Marte Guia Ferrer.

Es Licenciado en Derecho por excelencia académica con mención honorífica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es candidato a Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la División de Estudios de Posgrado, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, perteneciente a la misma Casa de Estudios.

Twitter: @MarteGuia

E-mail: marteguia@live.com

i Decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10%2f06%2f2011

ii Tesis jurisprudencial: “Derechos Humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales. constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional”, disponible en: http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=derechos%2520humanos%2520restricci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=49&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2006224&Hit=13&IDs=2009563,2009405,2009011,2008935,2008738,2007932,2007672,2007848,2007533,2006874,2006982,2006623,2006224,2006173,2006248,2005823,2005825,2005826,2005893,2005942&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=

iii Para tal efecto, véase el caso Castañeda Gutman vs. México, disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM01.pdf

iv A fin de conocer algunos ejemplos, véanse las siguientes sentencias de amparos indirectos: http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=229/02290000108288850023019.doc_1&sec=Marcela_Guadalupe_Castro_N%C3%BA%C3%B1ez&svp=-1

Así como:

http://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2537/texto_soto_aux-188-2012-arraigo-ver-publica.pdf

v Disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/Detallepub.aspx?AsuntoID=139289&SinBotonRegresar=1

vi Disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=153439