IPS/Por Peggy Sands Orchowski

Es una verdad reconocida universalmente que ninguna nación puede mantener sus fronteras abiertas. Incluso los “países de inmigrantes” más ricos, como Estados Unidos, no pueden aceptar a todos quienes quieran emigrar o sean aptos para hacerlo.

Los países tienen el derecho básico y el deber de elegir quién puede inmigrar e ingresar a su territorio, permanecer en él, trabajar y convertirse en ciudadano. Lo hacen a través de las leyes de inmigración establecidas y aplicadas por sus gobiernos democráticos representativos.

Es una verdad reconocida universalmente que ninguna nación puede mantener sus fronteras abiertas. Incluso los “países de inmigrantes” más ricos, como Estados Unidos, no pueden aceptar a todos quienes quieran emigrar o sean aptos para hacerlo.

No hay duda de que las decisiones referidas a la inmigración se encuentran entre las más difíciles que puede tomar un Estado nación.

Piense en Estados Unidos y otros países de acogida de inmigrantes como una universidad pública. Millones de personas reúnen los requisitos de ingreso, pero las autoridades universitarias pueden y deben elegir a quiénes aceptan para su admisión.

Esas autoridades toman decisiones que cambian la vida de los solicitantes, y que suelen ser angustiosas para las universidades en su intento de ser justas y diversas.

En consecuencia, los requisitos de admisión a la universidad por lo general cambian con el tiempo, al igual que las leyes de inmigración. Pero las políticas de admisión vigentes en un momento dado tienen que defenderse y aplicarse – con un margen para cierta flexibilidad en casos especiales – o se provocará el caos.

Este año se cumple el cincuentenario de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (LIN) de Estados Unidos, de 1965. Se trata de la ley de inmigración más progresista del mundo, el legado del senador demócrata Ted Kennedy y el último gran proyecto de ley  que aprobara el “fabuloso 89 Congreso” legislativo de este país.

La LIN cambió en serio la diversidad de Estados Unidos. Pero no permitió que las fronteras permanecieran abiertas. En su lugar, impuso una complicada fórmula del siete por ciento.

Aun hoy, los inmigrantes de cualquier nacionalidad pueden solicitar una tarjeta verde, o de residencia permanente en este país. Pero ninguna nacionalidad obtendrá más del siete por ciento de las visas de inmigración permanente que se otorgan en un año, y que en la actualidad suman aproximadamente 1,2 millones.

Los solicitantes que superen ese porcentaje nacional se colocan en una lista de espera. Cada nacionalidad se trata por igual, sin discriminación y sin preferencias, con la excepción política que se hizo para los cubanos en 1966.

La LIN también modificó otra de las prioridades de admisión tradicional para los inmigrantes. En lugar de basar la admisión en la capacidad de trabajo del inmigrante, como había sido el caso desde los primeros días del país -los discapacitados y los enfermos eran rechazados en la neoyorquina Isla Ellis donde se decidía quiénes ingresaban al país-, la ley les dio prioridad para obtener la tarjeta verde a los integrantes de la familia extendida.

La “reunificación familiar” y no la “capacidad de trabajo” sigue siendo el principal requisito para obtener la residencia permanente hoy en día en Estados Unidos.

Significativamente, la jurisdicción del Congreso referida a la inmigración también pasó de la Comisión de Trabajo a la Judicial. De repente, la inmigración adquirió un tenor de justicia social e incluso de un derecho civil sagrado – lo que no es, por supuesto.

Ahora millones de personas se sienten capacitadas para inmigrar a Estados Unidos, que recibe millones de solicitudes de ingreso. Pero el país simplemente no puede aceptarlas a todas.

La triste verdad universal sobre la inmigración es que los inmigrantes pueden solicitar su ingreso, pero el Estado decidirá según las leyes nacionales.

Esas leyes tienen dos funciones: traer la mano de obra y la energía de los nuevos inmigrantes que casi todos los países quieren sumar a su crecimiento y prosperidad, y proteger la integridad, la identidad nacional y las normas laborales de la ciudadanía del país de acogida.

Esa ardua decisión se convierte en un terrible dilema cuando existen millones de migrantes desesperados en las fronteras con sus familias. Los activistas humanitarios exigen su derecho a inmigrar. Pero incluso un grupo próspero de estados pequeños, como la Unión Europea, no puede brindarles suficientes viviendas, servicios y puestos de trabajo a todos.

No se puede esperar que cientos de miles de inmigrantes, procedentes de culturas muy diferentes, se integren en un plazo razonable a las culturas nacionales de los países receptores, que se basan especialmente en la libertad de las mujeres. ¿A quiénes se debe elegir? ¿Qué sucede con la gran mayoría que no es aceptada?

Obviamente, la inmigración en masa permanente no es la solución. No es razonable esperar que los Estados nacionales lo permitan, y es injusto calificarlos de “antiinmigrantes” cuando no lo hacen.

Habrá que negociar otro procedimiento alternativo a la inmigración en masa para ayudar a los ciudadanos de Estados fallidos a encontrar refugio, paz y prosperidad.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad de la auora y no representan necesariamente las de IPS – Inter Press Service, ni pueden atribuírsele.

Traducido por Álvaro Queiruga