Fuente: El Mundo

El fiscal de la Audiencia Nacional Marcelo de Azcárraga considera que el ‘caso Volkswagen’ supone “una defraudación que causa perjuicio a una generalidad de personas en el ámbito territorial de más de una Audiencia” que también sería constitutivo de los delitos de fraude de subvenciones y delito contra el medio ambiente. Por ello, pide al juez Ismael Moreno que admita a trámite las querellas presentadas contra los responsables de la compañía en España, entre las que menciona la del sindicato Manos Limpias y la de la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen.

La Fiscalía señala que el presunto trucaje efectuado por el Grupo Volkswagen afectaba a determinados motores diésel de 4 cilindros (2.0 TDI). “La explicación a dicha manipulación radica en que para lograr un menor consumo de combustible es necesario obtener la mayor eficiencia energética del mismo, para lo cual se ha de someter a altas temperaturas; ello genera, sin embargo, la emisión de gases altamente contaminantes (óxido de nitrógeno)”, señala el ministerio público.

“Supuestamente, para resolver el problema, el fabricante introdujo un software capaz de detectar cuándo el vehículo estaba siendo testado para comprobar sus emisiones contaminantes de manera que en ese momento tuviera un funcionamiento menos eficiente y, por tanto, menos contaminante”.

Para el fiscal estos hechos, “de ser ciertos, determinarían que los vehículos afectados, en condiciones normales de funcionamiento, están emitiendo gases contaminantes muy por encima de los límites permitidos (podrían hacerlo en 40 veces lo permitido), lo que les inhabilitaría para circular, con el consiguiente perjuicio para su titular”. Además, las emisiones lanzadas podrían dañar la calidad del aire. Ello constituiría un delito contra el medio ambiente, pero, además, como los motores poco contaminantes son objeto de subvenciones públicas, también se podría haber cometido un perjuicio al Erario público.

Y como ello causó “un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el ámbito de más de una Audiencia”, el presunto fraude debe ser investigado por la Audiencia Nacional.

Como pruebas, la Fiscalía solicita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo toda la información de la que disponga sobre estos hechos, incluido el dictamen realizado por la Agencia Mediambiental estadounidense (EPA) y los informes emitidos por el Grupo Volkswagen. También pide a la compañía los comunicados que ha emitido, la relación de los vehículos afectados vendidos en España, el organigrama del grupo y el nombre de la empresa que se encargó la fabricación del software. Además, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente le solicita los informes periciales que haya realizado sobre los vehículos afectados.