Agencia Reforma

Pese a las medidas anunciadas por el Gobierno federal para combatir la tortura, esta práctica ha seguido incrementándose en el último año, indica el informe de Amnistía Internacional (AI) titulado “Promesas sobre papel, impunidad diaria; la epidemia de tortura de México continúa”.

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La organización internacional señala que en el 2014 se presentaron a nivel federal 2 mil 403 denuncias por tortura, mientras que en 2013 fueron mil 165, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) otorgados mediante una solicitud de información.

Según las autoridades mexicanas, este incremento de más del 100 por ciento se debe a que el Poder Judicial estuvo más activo y remitió más casos a la PGR, señala el informe.

“Aunque el número de denuncias de tortura se duplicó en 2014, la PGR no pudo proporcionar a Amnistía Internacional información sobre si esas denuncias correspondían a casos de tortura y malos tratos ocurridos en 2014 o en años anteriores”, aclara también.

Sin embargo, AI critica que las autoridades no sepan el motivo del incremento y que éste no venga acompañado de un aumento en la misma proporción de condenas dictadas, además que la PGR no pudo proporcionar los datos desglosados por género, nacionalidad y edad.

“La tortura y los malos tratos son una violación persistente de derechos humanos y los agentes estatales encargados de hacer cumplir la ley y mantener la seguridad los utilizan de forma habitual para extraer ‘confesiones’, fabricar cargos y causar sufrimiento a ciudadanos y ciudadanas”, establece el informe.

El año pasado, la misma organización ya había alertado de la situación en su informe “Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México”.

Después de ello se generaron nuevas directrices tanto en la PGR -que modificó su dictamen médico para casos de posible tortura- como en el Poder Judicial -que ordenó a los jueces actuar sin demora ante denuncias de este delito-, e incluso actualmente se discute en el Congreso la Ley General en la materia.

“Sobre el papel, México muestra un amplio compromiso de prevenir y castigar la tortura. Sin embargo, esto no se ha traducido aún en unas medidas efectivas para proteger a las personas frente a la tortura y castigar a los responsables”, critica el informe.

Ante esta situación, Amnistía Internacional recomienda al Gobierno de México reconocer públicamente la magnitud del problema de la tortura y los malos tratos y transmitir un mensaje claro de cero tolerancia.

También consideró importante aprovechar el debate sobre la Ley General contra la Tortura para modificar cuestiones estructurales que permitan erradicar el problema.

Recomienda además que la ley incluya disposiciones para un rápido seguimiento de las denuncias, que se establezca el tipo penal según los estándares internacionales y que los denunciantes accedan a médicos independientes.