Agencias/CNDH /Milenio

Derivado de la recomendación 51/2014 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso Tlatlaya, la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió kits de cámaras de video en casco táctico para que personal militar grabe las operaciones contra la delincuencia y otras misiones.

El propósito es documentar “incidentes” e “interacciones” con la población civil mediante el uso “intensivo” de cámaras y que sea posible contar con evidencia de que militares respetan los derechos humanos, como se ordena en el numeral 18 E del Manual de Uso de la Fuerza, de aplicación común a las Tres Fuerzas Armadas.

Raúl Plascencia, ombudsman nacional, solicitó el “estricto cumplimiento” de la disposición considerada en el manual en una de las 10 recomendaciones que envió al general Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, respecto a la muerte de 22 civiles por disparos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

Así se desprende de documentos oficiales y reportes obtenidos por MILENIO, que revelan que la Sedena solicitó a la Secretaría de Hacienda un presupuesto de 50 millones 664 mil pesos de pesos para la adquisición de 2 mil 245 equipos de cámara de video para montar en casco, 2 mil 245 de megáfono con auricular, 2 mil 245 de GPS y 2 mil 245 de linterna para casco Surefire HL1B-TN.

Mandos del Ejército dijeron, a su vez, “que en los primeros meses de 2015 personal militar comenzó a videograbar diversos operativos, entre éstos, contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”.

Comentaron que en algunas bases de operaciones se han entregado en promedio 30 kits de cámara. El equipo se coloca en el casco de un oficial, teniente por lo general, que es el comandante de la unidad respectiva, pues no hay posibilidades de que todos los soldados lo porten.

De acuerdo con el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, el año pasado se mantuvo un promedio mensual de 34 mil 86 militares desplegados para diversas tareas, entre éstas operaciones contra el narcotráfico y de aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Además, estuvieron disponibles 16 mil 92 efectivos para apoyar a cuerpos policiales en funciones de seguridad pública.

En respuesta a una solicitud con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la Sedena notificó los avances de la recomendación 51/2014.

La dependencia señaló que está en “etapa de cumplimiento, atendiendo la literalidad de cada uno de los requerimientos pronunciados por la CNDH”.

La Procuraduría General de Justicia Militar, la Dirección General de Justicia Militar, la Dirección General de Derechos Humanos y el Supremo Tribunal Militar generaron los oficios 3236, 103216, 14164 y 5404 en los que dieron el estado de la recomendación.

Mencionó el siguiente: “Esta secretaría de Estado reiteró a la totalidad del personal que durante la impartición de las tareas de la ‘directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de personal militar, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en apoyo de las autoridades civiles y en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos’ se emplee el Manual de Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas.

Agregó: “Esto en el concepto de que se están ministrando (entregando) paulatinamente kits de cámaras en casco para videograbar las operaciones”.

En el quinto punto de la recomendación, la CNDH solicitó a Cienfuegos “que se giren instrucciones a efectos de que se dé cumplimiento estricto al numeral 18.E del Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas, y los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional empleen de manera intensiva las cámaras fotográficas y de videograbación y de grabación de audio, para documentar los incidentes e interacciones con la población civil, y sea posible contar con las evidencias de que la actuación del personal de las fuerzas armadas es respetuosa de los derechos humanos, debiéndose informar a esta institución sobre el cumplimiento de la misma”.

El 12 de febrero de 2015, la Sedena respondió a la solicitud de información con número de folio 0000700228314 en la que fue consultada sobre el número de misiones en las que el Ejército había utilizado equipo electrónico de grabación con base en el manual.

Entonces indicó: “Se hace de su conocimiento que el Manual de Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas es aplicable al personal militar que desarrolla operaciones bajo una orden expresa, siempre y cuando no ponga en peligro la vida del personal militar; sin embargo, cuando el citado personal es sorprendido por integrantes de la delincuencia organizada, no es posible documentar los acontecimientos”.

La ficha técnica del Programa de Proyecto de Inversión, con clave de cartera 15071100011, contempla un gasto de 50 millones 664 mil pesos para la compra de 2 mil 245 equipos de cámaras de video para montar en casco.

La fecha de inicio de la etapa de inversión es diciembre 2014 y la de término diciembre 2015. En el rubro de beneficios esperados del proyecto, la Sedena especificó que con esta adquisición se prevé “que las tropas de las unidades operativas puedan proporcionar seguridad a la población en general en el lugar donde se encuentren con equipo adecuado”.

La Sedena informó que además de la compra de kits, intensificó la capacitación en materia de derechos humanos y de uso de la fuerza del personal del Ejército, en particular de aproximadamente 500 integrantes del 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar.

A este cuerpo pertenecían siete militares ingresados en la prisión del Campo Militar 1-A, quienes fueron acusados de la muerte de 22 civiles en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya