Fuentes: El Mundo/El País

La Votación

El Parlamento de Cataluña ha traspasado este lunes una barrera inédita desde que hay democracia y aprobó por 72 votos frente a 63 la resolución que proclama el inicio del proceso hacia la independencia, aboga por desobedecer a las instituciones españolas (empezando por el Tribunal Constitucional) e insta a la Generalitat a cumplir solo las leyes emanadas de la Cámara autonómica.

La votación refleja la división que vive la sociedad catalana entre partidarios y detractores de la independencia y que ayer se trasladó a un debate sin el acaloramiento de otras jornadas. Junts pel Sí y la CUP justificaron la propuesta en “una demanda social mayoritaria”, legitimada por las elecciones del 27 de septiembre, mientras que los demás partidos niegan ese argumento y recuerdan que aquel día perdieron el plebiscito.

La Posición del Consejo de Estado

El Consejo de Estado considera que “existen fundamentos jurídicos suficientes” para impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración independentista aprobada por el Parlamento catalán, ya que, según destaca, esa resolución “implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española” y “su declarada insumisión a las instituciones del Estado”.

Así se recoge en el informe preceptivo que ha elaborado el Consejo de Estado, al que ha tenido acceso Europa Press, que esta mañana ha aprobado por unanimidad la Comisión Permanente de este órgano consultivo. Esta misma tarde ese documento lo ha analizado la Comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios que preside la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El Gobierno había solicitado ese informe urgente para poder recurrir cuanto antes ante el TC la declaración de inicio del proceso de independencia que aprobó este lunes el Parlamento catalán. Este miércoles, un Consejo de Ministros extraordinario estudiará los informes y Rajoy firmará el recurso de inconstitucionalidad.

Según el Consejo de Estado, toda la resolución muestra una voluntad de “desobediencia o desacato” a la Constitución tan evidente “que hace prescindible, por innecesaria, la labor de análisis y razonamiento” para acreditar la inconstitucionalidad.

‘Desobediencia no legítima’

Según este informe, hay dos contenidos básicos en la resolución que apoyan su impugnación. Por un lado, se considera soberano al pueblo catalán y al Parlament, como expresión del poder constituyente. Se incumple así el propio Estatuto de Autonomía catalán, que en el artículo uno expresa que Cataluña es una Comunidad Autónoma y ostenta autonomía, no soberanía, así como la Constitución, que establece la soberanía del pueblo español (artículos 1 y 2), y la sentencia del TC del año pasado sobre el 9-N.

“La Resolución parlamentaria ahora considerada contiene pronunciamientos relativos al ejercicio del poder constituyente y al reconocimiento de la soberanía como atribución del pueblo de Cataluña que son de todo punto equivalentes a los declarados inconstitucionales y anulados por aquella sentencia”, dice el Consejo de Estado.

El segundo asunto “nuclear” de la resolución es “la no supeditación” a lo que decidan las instituciones del Estado, especialmente el TC. La sujeción a la Constitución es elemento vertebral de un Estado, se explica en el informe, y contravenir este principio en la resolución es “más grave” aún porque lo decide una institución parlamentaria y “se dirige como una instrucción al futuro gobierno de la Generalidad”. Se infringe así tanto el deber de no actuar contra la Constitución como el de hacerlo como el deber de obrar con arreglo a ella.

El Consejo de Estado añade una advertencia que “no es ocioso subrayar”: el rechazo del Parlamento catalán a las sentencias y decisiones del Tribunal Constitucional “en modo alguno legitima la desobediencia”. Según añade, la proyectada desobedicencia de las decisiones del TC supone “un atentado a uno de los elementos básicos” del Estado social y de Derecho: el establecimiento de una garantía jurisdiccional específica y suprema del orden constitucional.

La propuesta plantea que la providencia de suspensión de la declaración independentista que dicte el TC incluya tres puntos concretos: las personas concretas a las que debe notificarse, que dicha notificación se haga “bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones” -lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales-, y que se añada también la prohibición expresa de que el Parlament emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.

Así, el Consejo de Estado propone que la resolución que adopte el Pleno del tribunal de garantías sea notificado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, y en su caso a la persona que resulte nombrada; pero también a los miembros de la Mesa del Parlament y los del Consejo de Gobierno de la Generalitat, a cada uno de los cuales se cita expresamente.

Entiende el Consejo de Estado que debe solicitarse también al Tribunal Constitucional que la notificación se practique a todos ellos bajo apercibimiento expreso de suspensión en sus funciones, de acuerdo con previsto en el artículo 92.4b) de la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), así como de “procederse por el delito de desobediencia de los mandatos judiciales, en caso de incumplimiento”.

Además, sugiere que se solicite al Tribunal Constitucional que en dicha notificación se imponga a Forcadell, a la Mesa del Parlamento de Cataluña y al secretario general de esta cámara legislativa “la prohibición expresa de admitir a trámite, ni para su toma en consideración ni para su debate o votación iniciativa alguna (…) que directa o i indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución suspendida”.

Incluyen en esta prohibición el anexo con los derechos sociales incluido el pasado viernes, y también que el presidente de la Generalitat o cualquier miembro de su Consejo de Gobierno promuevan iniciativa legislativa alguna, sea del rango que sea, con la misma finalidad.

Impugnación en su conjunto

En su informe, el Consejo de Estado señala además que la impugnación ante el Constitucional “correspondería que se dirigiera contra la resolución en su conjunto” y no “contra puntos concretos de la misma”, puesto que “todos ellos guardan una clara interdependencia y responden a unos mismos criterios informadores”.

“La resolución adoptada por el Parlamento de Cataluña implica la vulneración evidente núcleo esencial de la Constitución española -la atribución de la titularidad del poder constituyente- y su declarada insumisión a las instituciones del Estado”, explica.

Es más, el órgano consultivo estima que esa declaración de ruptura “niega” el orden constitucional vigente “en su conjunto”, proclamando expresamente una ruptura con la primacía incondicional de la Constitución” que, como señala el TC en la sentencia 42/2014 de 25 de marzo, “requiere que toda decisión del poder quede, sin excepción, sujeta a la Constitución sin que existan, para el poder público, espacios libres de la Constitución o ámbitos de inmunidad frente a ella”.

Por todo ello, el Consejo de Estado en su dictamen concluye que “existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el TC -según lo establecido en el artículo 161.2 de la Constitución y 76 y 77 de la Ley Orgánica de dicho tribunal- la resolución aprobada en el Parlamento catalán sobre el inicio del proceso político en Cataluña “como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015 y su anexo”.