Por Alejandro Díaz Pérez

alejandro-diazEn próximos días, el Congreso del Estado de Michoacán nombrará al nuevo Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La persona elegida ejercerá su designación a partir del 9 de diciembre del 2015. Aquí justamente, empieza el problema.

La designación del Presidente, es inevitablemente una decisión política, pero ante tal obviedad, se corre el peligro de siempre, el problema de que las decisiones basadas en intereses institucionales personales (cada partido político) pueden simular imparcialidad.

Las decisiones fragmentarias (lo adoptado por cada fracción parlamentaria) en muchas democracias contemporáneas refuerzan que los legisladores se identifiquen íntimamente con la institución a la que pertenecen. Existe la tendencia a enorgullecerse de su institución por una necesidad – en palabras de Elster- de consonancia cognitiva (esta debe ser una institución importante, desde el momento en que soy miembro de ella, con independencia de si la decisión adoptada es o no imparcial).

La elección del nuevo Ombudsman estatal debería ser un proceso de adopción de decisiones mediante la confrontación pública de las posiciones respectivas que finalizaría con la adopción de una solución compartida, lo que significaría que no se trataría de una mera conversación, sino de una autentica deliberación dada la importancia que reviste. Pero el problema aquí, es que el Congreso michoacano, tradicionalmente actúa contra intuitivamente ante esta idea, es decir, cuando se piensa que al frente de una institución de dicha naturaleza debería optarse por alguien que no sólo tiene una probada expertiz en derechos humanos, sino una destacada labor en la defensa, promoción y protección de estos, el parlamento Michoacano, ha elegido –por lo menos en la más reciente ocasión- a personas que no tienen dicho perfil.

La lógica de la política, no siempre es la lógica de los derechos humanos. Por eso al margen de la decisión política, quien sea elegido como Presidente, deberá empezar con una reingeniería a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. No me refiero al aspecto legislativo – que bien vendría-, sino a una reingeniería del funcionamiento institucional y de la manera de entender los derechos humanos.

La Comisión Estatal, es un órgano de garantía de los derechos, es una institución que ejerce formas de control a los poderes del Estado, y sirve como contrapeso natural al poder público. El nuevo Presidente, deberá entender que las posiciones neutrales no abonan como forma de protección de los derechos humanos. En este sentido, la “nueva” Comisión tendrá que abordar aquellos temas que aunque entrañen profundos desacuerdos, deberá posicionarse claramente sobre ellos, a saber, i) el matrimonio y adopción igualitaria, ii) los derechos de autonomía reproductiva de las mujeres (temas como el aborto principalmente), iii) la violencia de género, iv) los derechos de las minorías, vi) derechos de los pueblos y comunidades indígenas (consulta previa, libre autodeterminación, etc.), vii) la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, etcétera.

La reingeniería de la Institución también deberá incluir el llevar al máximo las capacidades de la Comisión, esto es, formular Recomendaciones Generales que combatan aquellos fenómenos estructurales que vulneren derechos humanos, interponer acciones de inconstitucionalidad contra aquellas normas que erosionen el ejercicio de los derechos, emitir informes temáticos sobre violaciones a los derechos humanos, que puedan orientar a los poderes públicos en la generación de políticas públicas, etcétera.

El reto es profundo, la exigencia de justicia en un Estado en la que sus habitantes sufren violaciones sistemáticas a los derechos humanos, no puede esperar. Los organismos estatales de protección no jurisdiccional han quedado mucho a deber, mucho dependerá de la eficacia del nuevo Ombudsman que esta realidad empiece a cambiar.