Reformas fracasadas

Hugo Rangel Vargas

2016-ano-verdad-hugo-rangel-vargas_1_2282941

El Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja por quinta ocasión las expectativas de crecimiento de la economía mexicana para los próximos cinco años. El organismo ajustó el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país pasando de 2.3 a 2.25 por ciento para el 2015 y para 2016 lo redujo de 2.8 a 2.5 por ciento.

Pese a que se dijo que la ambiciosa agenda de reformas que el gobierno de Enrique Peña Nieto se planteó al inicio de su administración derivaría en una mayor expansión del mercado interno así como en la reducción de la dependencia de la economía con respecto a los ingresos petroleros; los ajustes a la baja del crecimiento económico estimados por el FMI se deben justamente a la reducción en el dinamismo de la economía norteamericana así como a la caída en la producción petrolera.

Y es que una a una, las reformas estructurales de alto impacto en la actividad productiva nacional han demostrado que sus efectos se han quedado al nivel de meros cambios en el marco regulatorio, algunos de ellos incluso con secuelas perniciosas para algunos sectores de la población.

La reforma laboral, construida en la transición de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y pactada por las bancadas tanto de Acción Nacional como del PRI en el Congreso de la Unión, se dijo que serviría para mejorar las condiciones del empleo toda vez que al flexibilizar las relaciones laborales sería más fácil que estas fueran enteradas a la autoridad.

La realidad demuestra otra situación muy distinta a la que ofrecían los constructores de la reforma en materia laboral. En los cinco años previos a su promulgación, esto es de 2006 a 2012, la cifra de crecimiento de empleos reportada por el Instituto Mexicano del Seguro Social era en promedio de 4.5 por ciento; una vez que entra en vigor la reforma, el promedio de crecimiento del empleo para 2013 y 2014 se redujo a 3.3 por ciento.

Por otra parte, la reforma fiscal -construida ya por la presente administración-, ha sido un escollo para el crecimiento económico y a un año de su implementación ha mostrado la dureza de la autoridad recaudatoria a los contribuyentes cautivos y la flexibilidad en el trato a grandes consorcios a quienes se les condonan fuertes cantidades en adeudos al fisco.

De manera adicional, esta reforma ha traído una elevación en los costos administrativos para las Pymes derivados de la implementación de la facturación digital así como una mayor carga tributaria que desincentiva la formalidad.

En el mismo sentido, la reforma energética abrió una fuerte expectativa en los mercados internacionales al ofertar a los grandes consorcios un fuerte stock de petróleo y gas natural en un país de regulaciones laxas como México. Al interior, la reforma energética se vendió en la esperanza de una llegada masiva de capitales que derivaría en un crecimiento económico que llegaría al final del sexenio a tasas equivalentes al 5 por ciento.

No obstante, a más de un año de la promulgación de la reforma en materia energética, esto no se ha concretado. Producto de la caída en los precios del petróleo en el mercado internacional, la ronda uno de licitaciones logró ofertas sólo en 2 de las 14 bloques que se colocaron a disposición de los consorcios energéticos.

El entorno triunfalista con el que la presente administración puso en marcha su agenda de reformas ha sido echado por la borda por los resultados de las mismas. A las aquí mencionadas habrá que agregar la reforma financiera que otorga estímulos a la usura y la de telecomunicaciones que sigue manteniendo los privilegios del oligopolio del sector.

Es probable que el signo del fracaso no haya llegado a Los Pinos, pero si al menos el síntoma de la duda, el cual ha obligado al Presidente a jugarse la última apuesta de sus reformas en la educativa.