El dilema de la democracia en México: ¿Qué se necesita para que funcione una democracia?

Por Sergio Alberto Nájera Villegas

sergio najeraAnte el panorama dominante en algunas entidades de la republica mexicana en donde se llevaron a cabo comicios electorales, y en donde los resultados fueron ampliamente discutidos por sus actores, o bien terminaron por ser anulados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, surge la duda de ¿por qué no funciona plenamente la democracia para algunos estados, o más bien, que es lo que impide la realización de un proceso electoral “pulcro” en donde se legitime la voluntad del electorado, cuales son los elementos necesarios para consolidar un ambiente democratico?

Responder a la anterior pregunta nos lleva a realizar una distinción necesaria acerca de tres escenarios presentes, al menos dentro de una etapa, en la historia de todos los países; dichos escenarios son:

  • los arreglos políticos

  • las prácticas políticas, y

  • las instituciones políticas

El primero hace alusión a actos provisionales que se podrían dar en el contexto de los gobiernos no democráticos, el segundo se refiere a un acto con carácter más habitual y duradero, mientras que el tercero se refiere a algo que se ha ido acentuando a lo largo de los años.

Las condiciones (instituciones) mínimas que deben existir para que un país pueda llamarse democrático, y para que exista la democracia en sí son las siguientes:

1) Cargos públicos electos,

2) Elecciones libres, imparciales y frecuentes,

3) Libertad de expresión,

4) Fuentes alternativas de información,

5) Autonomía de las asociaciones, y

6) Ciudadanía inclusiva.

Los cargos públicos electos se refieren al otorgamiento por parte de los ciudadanos a los representantes políticos de cargos en la administración gubernamental, para mantener un cierto control de las decisiones político-administrativas. De las elecciones libres, imparciales y frecuentes podemos decir que hacen alusión a la elección de los cargos públicos a través de comicios electorales sin ningún tipo de coerción, cuya realización demanda la garantía de una imparcialidad.

Por su parte la libertad de expresión hace referencia al derecho que tenemos de manifestarnos libremente con relación a los asuntos públicos, es decir, la libertad que tenemos de dar opiniones con respecto a los cargos públicos, régimen político, gobierno, etc. Cuando hablamos del derecho que tenemos de buscar fuentes de información alternativas e independientes del control que pudiera ejercer el gobierno, hacemos referencia al acceso a fuentes alternativas de información.

La autonomía de las asociaciones habla de la efectiva existencia de instituciones políticas democráticas (partidos políticos, grupos de interés, etc.). Y finalmente la ciudadanía inclusiva nos hace referencia a que ningún adulto libre, residente permanente del país en cuestión, le sean negados los derechos comunes con relación a otros individuos en sus mismas circunstancias (sufragio, aspirar a cargos electos, libertad de expresión, derecho a participar en la constitución de organizaciones políticas y las demás necesarias).

No debemos perder de vista que éstas organizaciones no aparecen de manera inmediata en un país, por lo general la autonomía de las asociaciones y la ciudadanía inclusiva son dos condiciones que son de aparición demorada en los gobiernos. En las democracias antiguas (Gran Bretaña) si encontramos la aparición de facciones o bandos políticos, sin embargo éstos todavía eran imperfectos.

Al encontrarnos con la existencia de las 6 características mencionadas para una democracia en el ámbito moderno, arribamos a un escenario denominado democracia poliárquica, en vista de que se trata del gobierno de los muchos, concepto distinto a la democracia representativa con sufragio restringido.

Las seis instituciones de la democracia surgen y se aplican a organizaciones como los países dado que son el modelo ideal y necesario, pero en organizaciones de tipo más pequeño podemos ver su ausencia en vista de que ahí no son indispensables.

Ante la imposibilidad de que todos los ciudadanos se reúnan en asamblea para deliberar y tomar parte en los asunto de un país, la única solución posible (aunque imperfecta) es que los ciudadanos elijan a los cargos más importantes a través de elecciones y los sometan a la rendición de cuentas mediante otras elecciones con carácter sucesivo.

La cuestión de celebrar elecciones libres, imparciales y frecuentes es con la finalidad de que mediante ellas, los ciudadanos, mantengan un sustancial grado de control sobre sus cargos a elección. Cuando se habla de libertad suponemos el derecho que tiene el individuo para ser oído, sin embargo también presupone el derecho a escuchar lo que los demás tengan que decir.

La libertad de expresión en un gobierno es una parte muy importante, ya que sin ella los ciudadanos perderían su capacidad para influir en las decisiones políticas.

Las asociaciones políticas e independientes son necesarias dentro del gobierno del estado, ya que presuponen el derecho de los individuos de participar efectivamente en el gobierno, y suponen una educación cívica e ilustración, es decir, representan información y oportunidades para la discusión, deliberación y adquisición de habilidades políticas.

Finalmente, estas instituciones dentro de un gobierno ya constituido y de corte democrático presuponen el reto de cómo ser fortalecidas, profundizadas y consolidadas, mientras que en otros casos nos pueden ayudar a que se realice una transición a la democracia representativa moderna.1

Por lo arriba expuesto podemos concluir diciendo, que la existencia de los factores mínimos para poder hablar de democracia no se cumplen estrictamente, o en su caso se ven cumplidos de una manera parcial. Si bien es cierto que en los cargos de elección podemos ver la participación ciudadana, también es cierto que esta participación solo se refiere a un momento dado (las elecciones), ya que después nos encontramos con una carencia de medios de control de los representantes electos, por lo que siempre se mantiene un grado de imperfección al no someterlos a una verdadera rendición de cuentas.

El problema radica en que realmente no existe ningún grado de control sobre los cargos de representación popular otorgados en elecciones, ya que es en este momento en donde termina la participación ciudadana efectiva.

Creo que para comenzar a dilucidar una solución deberíamos empezar a considerar la realización de unas elecciones sucesivas para castigar o premiar el actuar de los representantes populares, tal vez, solamente así, se garantizaría que el control verdaderamente comience a ser ejercido por los ciudadanos.

Hablar de moral en el ejercicio de las acciones de gobierno exige una actitud activa e integradora de los ciudadanos y de los políticos para llevar adelante estándares elevados en lo que respecta a la búsqueda del bien común, la democracia y derechos humanos.2

El ciudadano bien informado de lo que sucede en las distintas esferas de la vida pública del Estado está en condiciones de conocer las anomalías que se podrían presentar, corregirlas y alertar sobre posibles actos de corrupción de determinados actores políticos.

Actuar en el sentido contrario equivaldría a reafirmar la siguiente tesis: “los contravalores restan contenido a las instituciones, poco a poco desarticulan al estado y menoscaban la confianza del pueblo hacia las leyes y hacia los encargados de velar por su observancia”.3

1 Dahl, Roberto, Democracia

2 Ibídem., pág. 28

3 Jiménez, Armando Alfonso, Acerca del Estado Breves reflexiones sobre política y derecho, 2° edición, México D.F., UBIJUS, 2012, pág. 25