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El líder de la Cámara de Diputados abrió el miércoles un proceso de juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

El diputado Eduardo Cunha, un enemigo político de la mandataria, dijo que el proceso se debe a que la mandataria violó leyes de responsabilidad fiscal.

“Hubo mucha reflexión de mi parte”, expresó Cunha, del Partido Del Movimiento Democrático Brasileño, en una rueda de prensa. “Pero en ningún otro mandato se habían recibido tantos pedidos para impugnar a un presidente”.

El procedimiento pasará a una comisión especial que será integrada en los próximos días con diputados de todos los partidos de manera proporcional. No se ha definido una fecha para ello.

Dos tercios o 342 diputados de la Cámara, conformada por 513 congresistas, tendrán que aprobar el procedimiento para que éste avance al Senado.

Analistas políticos dicen que hasta este momento no se espera que la medida cuente con el apoyo de los dos tercios necesarios para separarla del cargo temporalmente. Si llegara a ese punto, la decisión tendría que ser también aprobada en el Senado por 54 de los 81 miembros para tener validez permanente.

“No hay tantas posibilidades de destituir a la presidenta Rousseff como dicen los políticos hasta el momento, a pesar de la decisión atrevida de Cunha”, dijo Luciano Dias, un consultor de la compañía Análisis Político, con sede en Brasilia. “No son insignificantes, pero no se ve muy posible hasta ahora”.

Rousseff dio inicio a su segundo mandato el 1 de enero tras una difícil reelección y su popularidad se ha desplomado debido a un enorme escándalo de corrupción en torno a un esquema de sobornos de la estatal Petrobras.

Aunque Rousseff no ha sido implicada personalmente en el caso de corrupción, varias manifestaciones que han llegado a reunir a cientos de miles en el país exigían un juicio político contra la presidenta.

El líder diputado Cunha, en cambio, enfrenta cargos de corrupción en la Suprema Corte por supuestamente aceptar millones de reales en sobornos.

Algunos analistas interpretaron la acción de Cunha el miércoles como una respuesta al acuerdo del partido oficialista el mismo día para pedir que una Comisión de Ética lo investigue y posiblemente lo reemplace por las acusaciones de corrupción.

El argumento principal planteado por los que piden el juicio político es que el tribunal federal de Brasil en octubre resolvió que Rousseff violó la ley de responsabilidad fiscal mediante el uso de fondos de bancos estatales cada vez que había agujeros en el presupuesto.

El pedido de juicio político llega en un momento crítico para el país. Pronósticos estiman que la economía se contraerá 3,5% en el año tras caídas de los productos básicos a nivel mundial que habían impulsado desarrollo en el país en la última década. El escándalo de corrupción en Petrobras ha detenido muchas obras. La crisis ha inflado los precios y aumentado el desempleo. Algunos economistas dicen que Brasil está atravesando la peor recesión desde 1930-32.

“Es una democracia muy joven y que implica muchos costos para consolidarse”, señaló Carlos Melo, profesor de ciencias política de la escuela Insper en Sao Paulo.