Agencias

El Tribunal Constitucional de España rechazó una resolución del parlamento regional catalán que establece un plan para la independencia para el 2017.

En una sentencia publicada el miércoles, el tribunal dijo que la resolución adoptada el 9 de noviembre por el parlamento con sede en Barcelona violó cinco artículos de la constitución nacional de 1978 y artículos del propio estatuto regional.

El fallo se produjo después que el Gobierno español en Madrid objetó la resolución.

“La legitimidad de una actuación o política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Sin conformidad con la Constitución no puede predicarse legitimidad alguna. En una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución”.

A diferencia de lo ocurrido cuando suspendió la vigencia de la resolución, el TC no ha acordado notificar personalmente la sentencia a los 21 altos cargos en cuya mano está el desarrollo del acuerdo anulado. Esta vez el tribunal se limita a indicar, como hace siempre, que la sentencia se publique en el BOE, sin hacer uso de las posibilidades de notificación que le ofrecía la reciente reforma legal. Ya la propia Constitución establece que las sentencias de inconstitucionalidad se publicarán en el BOE y que “tienen plenos efectos frente a todos”.

La decisión de estimar el recurso de la Abogacía del Estado se ha tomado en apenas tres semanas, un récord en el historial del TC. Antes de analizar el fondo del recurso, el Pleno explica que ha otorgado a este asunto “prioridad en su resolución” porque así lo exige su “trascendencia constitucional”.

Lo primero que hace la sentencia es rechazar la tesis alegada por la Generalitat de que la resolución no era recurrible por tratarse de una mera declaración de intenciones políticas. La respuesta es que la resolución es un acto parlamentario “capaz de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos”, por lo que es perfectamente recurrible.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Ollero, sostiene que el Parlament “no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad”. “Obrando de ese modo”, añade, “el Parlamento de Cataluña socavaría su propio fundamento constitucional y estatutario”.

El tribunal considera que la resolución ha violado los artículos 1, 2, 9 y 168 de la Constitución. Son los que configuran España como un Estado de Derecho (art.1.1) y que reconoce al pueblo español como titular de la soberanía nacionales (art.1.2), que fijan la indivisibilidad de la nación (art. 2) y el sometimiento de los poderes públicos a la Carta Magna y las leyes (art. 9). También el que regula el procedimiento por el que la Carta Magna acepta su propia reforma (art.168). La sentencia señala que esas violaciones son ya suficientes y no entra a otras alegadas en el recurso: que se vulnera la instauración de la monarquía parlamentaria, la obligación de todos a someterse a las sentencias del TC y la obligación de garantizar la participación política a todos los ciudadanos por igual.

Además, la resolución del Parlament violentaría dos artículos esenciales del Estatut aprobado esa misma cámara autonómica. Son los artículos 1 y 2.4, que establecen que la Generalitat actuará conforme a la Constitución.

A diferencia de lo que acabó sucediendo con el recurso contra la anterior declaración soberanista, esta vez el TC no ha salvado ninguna parte del texto, ni siquiera el anexo que propone blindar ciertos derechos. El Pleno cree que en esta ocasión hay que examinar lo aprobado por el Parlament “como un todo”. La cuestión, dice la sentencia, no es comprobar si esas medidas del anexo (sanidad., vivienda, pobreza energética…) son compatibles con la Carta Magna. La cuestión es que todas ellas se reclaman a un futuro gobierno sobre la base de que el Parlament goza de soberanía propia.

La resolución insiste en que la propia Constitución defiende el “pluralismo territorial” y garantiza la capacidad de las Comunidades Autónomas de adoptar sus propias políticas en el marco constitucional y estatutario”, además de obligar “a conciliar los principios de unidad y de autonomía de las nacionalidades y regiones”. Por ello, concluye, el ordenamiento jurídico, con la Constitución en su cúspide, “en ningún caso puede ser considerado como límite de la democracia, sino como su garantía misma”.

Tras ese capote a la Carta Magna, el Constitucional cierra la sentencia afirmando que “la apariencia de juridicidad -por provenir de un poder sin duda legítimo en origen-” de la resolución independentista “debe ser cancelada mediante la declaración de inconstitucionalidad que aquí se decide”.

En términos jurídicos, y 23 días después de su aprobación, la «Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015» ya no existe.

Los partidos secesionistas tienen una ligera mayoría en el parlamento catalán después de las elecciones locales de septiembre, pero la región de 7.5 millones de habitantes está dividida por partes iguales acerca de independizarse de España.

Cataluña representa casi una quinta parte de la producción económica española.