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Morelia, sus ferias y los derechos humanos .

Por Alejandro Díaz Pérez/ Grupo Crónicas Revista

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Suele decirse a menudo, que los derechos humanos funcionan como límites y vínculos al poder público y – desde luego- al poder privado. Es una forma en que el derecho limita al propio derecho. También con frecuencia, en sociedades donde el rasgo esencial es la pluralidad, los derechos colisionan unos con otros. Pero en ocasiones, el conflicto entre los derechos humanos puede ser aparente, presentando en realidad un pseudo-problema.

A propósito de esta reflexión, un singular caso se ha presentado en la ciudad de Morelia. Varios alumnos y un Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, interpusieron juicios de amparo indirecto contra la instalación de los puestos de la tradicional “Fiesta de San Diego y de la Virgen de Guadalupe”. Dicha celebración, ocurre en la ciudad cada año desde hace décadas y generalmente éstos ocupan “la Plaza Morelos” y varias calles próximas a la Facultad de Derecho.

El alegato central es que la instalación de los puestos vulnera el derecho al libre tránsito, “en la medida que restringe o acota la circulación por las banquetas y además impide estacionar vehículos frente a la institución educativa”.

El primer problema que advierto, es que no existe información adicional sobre los argumentos y razones (jurídicas) que sustenten con profundidad que existe dicha vulneración al derecho de transitar. Parece que el debate parte de la premisa de asegurar que la vulneración es indiscutible, como si en realidad fueran tan obvios –los sucesos- que no existiese duda alguna sobre ello, es decir, en automático se da por sentado, que la instalación de una feria popular, en una plaza pública y calles aledañas erosiona –sin más- el derecho a transitar.

Aunado a las casi ausentes razones públicas, un segundo problema que observo como punto ciego de la argumentación, es que da la impresión que se difuminan las razones que son puramente de derechos humanos y aquellas que son de legalidad. Cuando se afirma que la instalación de los puestos es “informal”, entendemos que el problema entonces tiene que ver con una actuación u omisión administrativa por parte del Ayuntamiento del municipio con respecto al otorgamiento de licencias. Si este fuera exclusivamente el conflicto, entonces nos encontraríamos frente a una pseudo-colisión, es decir, a un “no” problema de derechos humanos en disputa (por ejemplo, una hipotética colisión entre el derecho de tránsito vs el derecho de comerciar o expresiones que subyacen al derecho de participar en festividades religiosas y/o culturales, etc.)

En cambio, si lo que se está diciendo es que, con independencia, del criterio de legalidad de las licencias, el acto de consentimiento por parte de las autoridades municipales que permite la instalación de la “Feria de San Diego” vulnera el derecho a transitar, entonces deberían darse mayores razones para sustentar dicha cuestión y me temo que las mismas –por lo menos públicamente- no se han dado.

A continuación doy elementos que considero, deberían ser analizados para están en condiciones de tomar una posición. En primer término, en la jurisprudencia internacional se ha reiterado que un derecho puede ser restringido por las autoridades estatales siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias. Por ello, estas deben estar previstas en ley en sentido formal y material1, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de: a) idoneidad, b) necesidad y c) proporcionalidad en sentido estricto.

Enseguida realizaré el test de razonabilidad de la medida y justificaré la posición que ahora adelanto: la medida es proporcional y no vulnera el núcleo duro o esencial de ejercicio del derecho a transitar.

En cuanto a la idoneidad, debe analizarse si dicha restricción constituye un medio idóneo o adecuado para contribuir a la obtención de una finalidad que sea compatible con la Constitución Política y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos2. Al respecto, resulta evidente que la instalación de una feria popular, persigue un fín legítimo y es compatible con las normas de derechos humanos en la medida en que dichos actos se traducen en el ejercicio de otros derechos, a saber, i) derecho al trabajo, y ii) ciertos derechos colectivos conectados con manifestaciones religiosas y/o culturales, los cuales se encuentran reconocidos en la Constitución de la República y en múltiples ordenamientos internacionales en derechos humanos.

En relación a la necesidad, debe examinarse las alternativas existentes para alcanzar el fin legítimo perseguido y precisar la mayor o menor lesividad de estas, es decir, que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido.

En este sentido, la instalación de la feria tradicionalmente ha ocupado una plaza pública y algunas calles aledañas, por tanto, se infiere razonablemente que dicha disposición supone la medida menos lesiva posible. Por una parte, la plaza pública resulta un espacio idóneo para evitar posibles lesiones al derecho de tránsito en avenidas y calles, tanto para peatones y coches; y por otro lado, la avenida presumiblemente más afectada (aquella que se encuentra justo frente a la Facultad de Derecho), el grado de lesividad es mínimo, en razón de que, en la citada vialidad está prohibido estacionar algún vehículo, por lo que, la alegación hecha en los juicios de amparo respecto al “impedimento para estacionar vehículos frente a la institución educativa”, es falaz.

En relación con la proporcionalidad en sentido estricto, es indispensable analizar si la restricción resulta estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a aquella no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal limitación. Para efectuar esta ponderación, debe tomarse en cuenta: i) el grado de afectación de uno de los bienes en juego; ii) la importancia de la satisfacción del bien contrario, y iii) si la satisfacción de éste justifica la restricción del otro3.

Respecto a la primera cuestión (grado de afectación de uno de los bienes en juego), se alega que existe una restricción o limitación ilegitima al derecho de tránsito, sin embargo no existe alguna evidencia concluyente que demuestre que la disposición de la feria popular haya impedido que tanto los alumnos como el Profesor de la Facultad de Derecho, hayan podido acceder a la institución educativa, les sea irreparable la erosión a la libre circulación o haya pulverizado el núcleo duro de ejercicio del derecho a transitar, esto es, aquellos que hace reconocible el derecho.

Sobre el segundo elemento (la importancia de la satisfacción del bien contrario), es indiscutible que dicha feria, tiene un elemento de relevancia cultural para la comunidad, lo anterior con independencia, de si este es genuino o es aséptica. Asimismo, tiene un grado de interconexión con el ejercicio de otros derechos fundamentales.

Finalmente, en cuanto al último principio (si la satisfacción de éste justifica la restricción del otro), la medida se justifica en tanto la restricción es proporcional en términos de una sociedad democrática, esto es, la interrelación de los bienes en juego es equilibrada en tanto, la feria popular puede llevarse a cabo al mismo tiempo que los alumnos y el profesor de la Facultad (y/o cualquier otra persona) puede sin impedimento alguno (y en todo caso mínimo) entrar y salir de la Institución educativa, y además es posible utilizar cualquiera de los distintos accesos próximos a las inmediaciones de los puestos ambulantes.

En suma, por las razones anteriores, considero que la celebración anual de la feria de San Diego, supera el test de razonabilidad de la medida en relación con una posible restricción al derecho de transitar.

1 CorteIDH. La expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, parrs. 35 y 37.

2 CorteIDH. Caso Kimel vs Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de mayo de 2008, parr. 70.

3 CorteIDH. Caso Kimel vs Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de mayo de 2008, parr. 84.