Por Sergio Alberto Nájera Villegas/Grupo Cronistas Revista

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Estamos por terminar el año 2015 y con él un año más del gobierno presidencial de Enrique Peña Nieto, a la mitad de su mandato parece una ocasión propicia para hacer un alto en el camino y recordar los grandes momentos que han marcado la administración de su gobierno.

Para comenzar es necesario trasladarnos al 2 de diciembre de 2012, día en que los principales partidos políticos mexicanos –PRI, PAN, PRD y Partido Verde Ecologista– firmaban un acuerdo político denominado Pacto por México, con éste “acuerdo” daba comienzo un controvertido proyecto de gobierno con la consigna de modernizar y traer un cambio al país en base a tres aspectos fundamentales: fortalecimiento del Estado y ampliación de participación democrática; mejora de la capacidad productiva de la economía; y lucha contra la inseguridad ciudadana.

¿Se están logrando los objetivos?, ¿Cómo ha cambiado la calidad de vida de los mexicanos?, a continuación repasemos los principales resultados presentes en la realidad social del país:

México y su lucha contra la pobreza ¿los pobres…se vuelven más pobres?

En los años recientes, y dentro de América Latina, México se ha caracterizado como el único país que vive una tendencia regresiva en materia de reducción de la pobreza. Actualmente se calcula que unos 55 millones de personas en México están sumidos en la pobreza, hablamos más o menos de un 46% de la población total del país.

Otro aspecto que revela el atraso del gobierno mexicano por elevar la calidad de vida de los ciudadanos es el estudio “cómo va la vida” realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en donde revela que de los 34 países miembros México ocupa el primer lugar en desigualdad de ingresos familiares y en bajos salarios, a pesar de que los empleados trabajan más de 50 horas a la semana. De acuerdo con el reporte, el salario bruto de los mexicanos bajó entre 2009 y 2013 un tres por ciento.

Consecuentemente con lo anterior, el país se ubica en los niveles más bajos de competencia educativa, esperanza de vida, además de que muestra elevadas tasas de muertes por agresión. Refiriéndonos al aspecto educativo, la OCDE señala que México está entre los países con el rendimiento más bajo en las competencias cognitivas en lectura, matemáticas y ciencias entre la población de 15 años. Cabe señalar que este indicador se refiere a lo que los estudiantes saben y son capaces de hacer “más que al número de años en la escuela o diplomas obtenidos”. En el rubro correspondiente a la salud las noticias no son más alentadoras, en el mencionado informe se indica que en más de dos tercios de los países de la OCDE la esperanza de vida al nacer es de más de 80 años, destacando que el nivel más bajo de esperanza de vida se observa en México, seguido de Hungría, República Eslovaca y Turquía, países en los que este indicador se registra por debajo de los 77 años.

Hablando de los indicadores propios de la pobreza, la organización informo que en los países miembros uno de cada siete niños vive en esta situación, casi 10 por ciento de ellos vive en familias desempleadas, y uno de cada diez es víctima de acoso en la escuela.

Corrupción: Parte del gobierno mexicano.

En el ámbito del combate a la corrupción encontramos la creación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, ésta institución responde al compromiso electoral del mandatario: incrementar las garantías legales para fiscalizar las acciones de las administraciones.

Sin embargo, la huella de la corrupción en el Estado mexicano es demasiado honda como para que se resuelva éste problema con la sola puesta en marcha del consejo antes mencionado, muestra de ello es el caso relacionado con el mismo presidente, investigaciones dejaron en evidencia que su lujosa mansión en un exclusivo barrio de México DF había sido comprada a uno de los empresarios más ricos del país, mismo que dirige el Grupo Higa, grupo empresarial que se ha beneficiado con la obtención de numerosos contratos públicos en los últimos años. Algunos meses después se supo de una segunda residencia de Peña Nieto, así como otra segunda residencia del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, ambas lujosas.

La “casi ficticia” comisión encargada de investigar estos conflictos de intereses después de una “investigación” dictaminó que ni el presidente Peña Nieto ni el secretario Videgaray habían cometido irregularidades en la obtención de dichos inmuebles.

Otro escándalo de corrupción político-empresarial sacudía al gobierno, ésta vez se trataba de la filial mexicana de la empresa constructora española OHL que en varias grabaciones telefónicas, los directivos de esta compañía, discutían el pago de viajes a altos cargos del Estado de México.

Dos de los casos emblemáticos de la descomposición institucional del Estado Mexicano son la segunda fuga del “chapo” de un penal de máxima seguridad (la primera fue bajo el mandato del ex presidente Vicente Fox Quesada), y la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Iguala. En ambos casos las autoridades federales han intentado falsear en reiteradas ocasiones lo ocurrido, en el primer caso tomando como “chivos expiatorios” a funcionarios de bajo rango en la administración de justicia, y en el segundo intentando imponer “la verdad histórica”, una verdad que contradice claramente las evidencias científicas y periciales.

La seguridad en México: ¿es solo un juego?

Según las cifras del gobierno entre 2012 y 2014 el número total de delitos se ha reducido en un 7 por ciento, incluidos los homicidios, robos y secuestros. Sin embargo, es de todos conocida la forma en que esta cifra es “inflada”, en realidad la cantidad de delitos cometidos no disminuye lo que disminuye es el número de delitos no denunciados, ya sea por temor a represalias o por desconfianza hacia las autoridades; como muestra tenemos que a finales de 2012, el organismo oficial de estadística mexicano afirmaba que se estimaban en un 90 por ciento los delitos no denunciados.

A raíz de lo ocurrido en Ayotzinapa, el Gobierno anunció una serie de medidas en materia de seguridad y justicia, lamentablemente hemos visto como la mayoría tienen que ver con la centralización de competencias para que el Ejecutivo pueda controlar un mando policial único.

Lo único claro en el Estado mexicano es que los grupos criminales se han multiplicado como resultado de una fragmentación entre sus filas, evidenciando la incapacidad del gobierno para hacer frente a ésta amenaza, la falta de una estrategia clara con medios y objetivos precisos solo denota la falta de una “ruta” clara a seguir por parte de las autoridades.

En otras palabras: las cifras oficiales en México no sirven para retratar la realidad. Los ciudadanos no confían en las autoridades (la complicidad de algunas autoridades con delincuentes y la impunidad son notorias): hasta que esa confianza se recupere, las cifras oficiales seguirán siendo entelequias estadísticas poco útiles, desconectadas entre sí y desconectadas a su vez de la realidad que pretender describir.