Fuente: El Universal

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a un centenar de altos funcionarios públicos que pudieron haber incurrido en enriquecimiento ilícito, aseguró el titular de la dependencia, Virgilio Andrade, en entrevista con El Universal. Aseveró que las indagatorias son parte del combate a la corrupción.

La investigación también incluye a funcionarios de sexenios pasados, toda vez que en el ámbito administrativo el delito prescribe, pero no en el penal, así que la Secretaría de la Función Pública, dijo Andrade, se encarga de documentar los casos.

Como ejemplo de que caen altos funcionarios por actos contrarios a la ley, señaló a los titulares de Exportadora de Sal, Jorge Humberto López Portillo; de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Luis Rivera Montes de Oca, y del Puerto Topolobampo, Javier Tovar Jácome.

Con 10 meses al frente de la SFP, Andrade no duda que el arrepentimiento del Ejecutivo federal para desaparecer la dependencia valió la pena.

¿Valió la pena mantener a la Secretaría de la Función Pública?

—Definitivamente. Es una secretaría muy importante porque es la única que puede tener una visión transversal y simultánea de lo que está sucediendo en todas las instituciones de gobierno, que son cerca de 300, y es la que puede dar seguimiento a los grados de avance de las reformas, programas y las obligaciones legales de cada dependencia.

¿Desde qué aspectos da seguimiento al avance de las reformas?

—A que se cumplan en tiempo las obligaciones que se establecen particularmente en los artículos transitorios, ya sea de la Constitución o de las propias leyes que aprueba el Congreso. Al mismo tiempo la secretaría tiene la capacidad de hacer recomendaciones.

Se han cumplido las reformas, ¿existen observaciones?

—En general hay un cumplimiento razonable de los avances de las reformas, pero en la medida en que el tiempo va pasando se hace más importante poner énfasis en las prevenciones, en las recomendaciones y en las atenciones que se deben de ver y analizar para aterrizar los asuntos de las reformas en materias financiera y educativa.

¿En el combate a la corrupción han caído peces gordos?

—Actuamos conforme a la ley en términos de investigación sobre servidores públicos que presuntamente violan las regulaciones o usan indebidamente su poder o sus recursos. Esto significa abrir procesos derivados de quejas ciudadanas o de observaciones hechas en el ejercicio del cargo por la propia secretaría o por la Auditoría Superior de la Federación.

El volumen de atención que tiene la Secretaría de la Función Pública es entre 26 mil y 30 mil quejas o denuncias al año, y este procedimiento considera algunos otros factores propios de una administración, como son los de la división estricta de funciones. Debemos reconocer que falta consolidar un sistema de quejas ciudadanas más ágil que de mayor confianza.

Si se encuentra responsabilidad plenamente acreditada de la participación de funcionarios superiores en situaciones indebidas, se actúa en consecuencia, como este año con dos titulares de empresas paraestatales, y con un titular de otro organismo.

¿Quiénes?

—Los titulares de Exportadora de Sal, de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y del Puerto de Topolobampo, en su momento.

¿En dónde se presentan más los actos de corrupción?

—Hay distintos niveles y circunstancias. En el área atención directa al público pueden presentarse actos indebidos de corrupción, para esos casos tenemos el usuario simulado que, frente a denuncias, se envían funcionarios a las situaciones específicas de queja.

Hay otros niveles en donde los actos de corrupción se hacen más complejos, porque son contubernios y redes y, en ese sentido, es importante establecer protocolos. En niveles medio altos y altos hay mayor susceptibilidad de violación, el mayor riesgo es que existan situaciones de enriquecimiento ilícito.¿Cuántos casos de enriquecimiento ilícito tienen?

—Cerca de una centena de casos, incluyendo de administraciones pasadas.

¿Prescriben?

—En el ámbito administrativo sí, pero no en el ámbito penal. Entonces, la obligación de documentar el caso sigue siendo de la Secretaría de la Función Pública.

¿Cuál es el caso más relevante?

— Son de reserva, pero sí son alrededor de una centena. Algunos son denuncias por distintas circunstancias que podrían no tener ningún fundamento.

¿Han funcionado las contralorías sociales?

—Es uno de los activos más importantes que tiene la Secretaría de la Función Pública. La Contraloría Social es la conformación de grupos de ciudadanos a nivel de municipios que vigilan la aplicación de los programas sociales. Están involucradas 130 mil personas.

¿Y los comités de ética sí velarán por el combate a la corrupción?

—Totalmente, es una de las acciones que se están desarrollando. Debemos recordar que 2015 tuvo como rasgo característico la petición del Presidente de establecer ocho acciones ejecutivas, evidentemente todas fueron materializadas y una está vinculada con los comités de ética, los cuales tienen como función detectar anomalías.

¿Estos comités serán confiables?

—Sí, porque los comités de ética tienen la virtud de integrar ciudadanos de todas las jerarquías dentro de la Administración Pública para efectos de combatir casos específicos.

Usted comentó que una de las principales evasiones de los servidores públicos es la declaración patrimonial, ¿cómo dan seguimiento?

—El tema de las declaraciones patrimoniales, tenemos un volumen muy grande, 210 mil son presentadas al año y de esas hay un índice a veces de 1% o 2% de incumplimiento. En materia de conflicto de interés los 210 mil tenían la potencialidad de hacer la declaración y desde luego la información de la secretaría permite ir dando el seguimiento a cada uno de los casos.

Hacer pública la declaración patrimonial o de intereses es decisión del servidor público, ¿la secretaría conoce la información de todos?

—Así es. La ley otorga grados de libertad de los funcionarios públicos para hacer públicas o no las declaraciones patrimoniales.

¿Omitir en un currículum algún puesto laboral —para funcionario público— lleva a algún tipo de violación de reglamentos?

—Es importante mencionar que las violaciones importantes en términos de decisiones públicas están en el conflicto de interés. Cuando existe un vínculo con potenciales regulados y se presenta una situación en la que el funcionario público debe tomar decisiones, si no se excusa de dicha toma de decisiones por tener una relación directa en la misma, entonces se presenta el conflicto, con independencia de lo que haya o no declarado.

En el caso del titular de la Fepade (Santiago Nieto Castillo, quien omitió informar que fue asesor del PRD en el Senado), ¿la Función Pública puede investigar de oficio?

—Siempre está abierta esa situación y es importante, estando esta opción, siempre tener la queja correspondiente para poder tener las mayores bases e información respecto de casos específicos, porque los datos son para efectos de uso en caso de un litigio.

En el caso de la investigación de la llamada “casa blanca”, ¿fue usted imparcial?

—Absolutamente, conforme a la ley y es acreditable dentro de lo que es el expediente del caso.

¿El caso podría reabrirse?

—Legalmente es un caso cerrado y la parte que permanecerá en el análisis formal y legislativo será la de los alcances al concepto de conflicto de interés, derivado de que posiblemente haya cambiado la concepción original.

¿Qué viene para 2016?

—El reto principal consistirá en poder incrementar el acceso de las personas para establecer quejas y denuncias en materia de corrupción, por un lado. En segundo lugar, consolidar la labor de la secretaría en el seguimiento de los temas de la propia administración.