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Carmen Aristegui, la periodista más influyente de México, vivió un año especial.

“Rocambolesco”, en sus palabras.

En marzo, a los 51, la despidieron de la radio MVS Noticias, donde cada mañana transmitía su programa, uno de los más escuchados del país, considerado una emisión de referencia por no ofrecer solamente la versión oficial de los hechos.

Cayó meses después de que su equipo de investigación destapara el escándalo de la llamada Casa Blanca, una mansión de la esposa del presidente, Angelica Rivera, valuada en unos US$7 millones y que había sido construida por uno de los principales contratistas del gobierno.

Se trató de “una vendetta política, una acción del gobierno usando como instrumento a los empresarios de la radio para echarnos del aire”, le dice a BBC Mundo en una entrevista en la que repasa su año y habla de lo que espera para 2016.

Para la radio el origen de la disputa es otro.

Los periodistas se habían unido a la plataforma Mexicoleaks, un espacio de filtraciones para exponer casos de corrupción.

Luego de que la empresa descalificara la alianza se agitó una disputa que derivó en el despido de un grupo de casi 25 periodistas, entre ellos Aristegui.

El gobierno, en tanto, se desmarcó del asunto y aseguró que se trataba de una disputa “entre particulares”.

Causas abiertas

Meses después, la herida y las causas judiciales siguen abiertas, y Aristegui espera que el próximo año la Corte Interamericana de Derechos Humanosacepte su caso contra el Estado mexicano “por denegación de justicia”.

En su país no ve con optimismo las causas, “en el tema de la justicia mexicana tristemente no se ha logrado un nivel de autonomía respecto del Ejecutivo que una democracia necesita”.

Y asegura que el hecho de que no esté negociando con ningún otra radio para volver al aire en 2016, es “un indicador de que este caso está marcado por una circunstancia política”.

Aristegui mantiene su programa diario en la cadena CNN en Español y su columna semanal en el diario Reforma, y aunque extraña la radio, ha aprovechado para aceptar las decenas de invitaciones que ha recibido para viajar al exterior a dar charlas en universidades o participar en foros sobre la libertad de expresión.

“Marcaje personal”

La investigación sobre la Casa Blanca generó interés dentro y fuera del país, se llevó el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en Colombia y logroó que ella y su equipo fueran galardonados con el Premio Nacional de Periodismoen México.

Carmen Aristegui
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Aristegui cree que todo el caso tuvo impacto porque se pretendió “silenciar” el trabajo de los periodistas y que eso es “dañino” para la sociedad, “atenta su derecho a estar informado”.

La reportera considera que el futuro del periodismo crítico en México no es auspicioso.

“En este momento no veo que tengamos buenos indicadores ni buenas condiciones para desarrollar el trabajo como merece la sociedad mexicana”, apunta.

Consciente de que vive con un “marcaje personal” desde el poder político, asegura que el esfuerzo y el sacrificio, y el precio que a veces hay que pagar, vale la pena.

“Es muy importante no ceder ante los embates y los golpes de censura y las hostilidades, si las condiciones son adversas hay que defenderse y tener conciencia plena que el periodista está llamado a tener una conexión con la audiencia”, explica.

El gobierno de Peña Nieto

El presidente Enrique Peña Nieto acaba de alcanzar la mitad de su mandato y aún le quedan tres años en el poder.

Para Aristegui, una de las grandes interrogantes en México es saber qué ocurrirá de aquí en más con el mandatario.

“Llega a la mitad de su mandato con tal nivel de impopularidad, con una credibilidad bastante mermada, con temas que no ha podido explicar, que no ha podido resolver y que difícilmente va a poder explicar y resolver en lo que queda de su sexenio”, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el escándalo de la mansión presidencial.

De su gobierno destaca el reciente envío al Congreso de iniciativas de ley contra la desaparición de personas y la tortura.

También que haya dado el paso, aunque “forzado”, de aceptar la presencia de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para realizar una investigación sobre lo ocurrido con los estudiantes en Iguala en septiembre del año pasado.