Agencias

Humberto Moreira, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional, enfrenta penas que pueden alcanzar cinco y seis años de prisión por presunta participación en lavado de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal. Ha sido detenido, sin derecho a fianza, en España en pleno período electoral en México. Las consecuencias políticas internas son aún inciertas.

El juez de guardia José De La Mata acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza de Moreira, quien tendría sin embargo recurso de reforma y apelación en el plazo de tres días. De La Mata, quien interrogó al expresidente del PRI el viernes por la tarde, argumentó la no disposición de fianza por el riesgo concreto de fuga del detenido, con residencia actual en Barcelona por “motivos académicos”.

En un comunicado oficial el viernes, el PRI hizo un llamamiento a la prudencia y pidió respetar los procedimientos judiciales pertinentes.

“En relación a las notas periodísticas que aluden a la detención del Licenciado Humberto Moreira por autoridades hispanas, en Barajas, España, señalamos que hasta el momentocontamos con poca información para emitir un pronunciamiento definitivo.Esperemos el desarrollo de las investigaciones de la justicia española. No hay que anticipar ni defensas ni juicios condenatorios. Las instituciones no son responsables de los actos de los individuos que la integran“, transmitió el texto redactado desde la capital de México por la secretaría de comunicación institucional.

El caso recaerá el lunes en el juez principal, Santiago Pedraz. Por ahora no se ha revelado petición alguna de extradición por parte del gobierno mexicano. La orden de arresto fue emitida por la justicia española a instancias de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

Las diligencias presentadas ponen de manifiesto que durante su estancia en España el investigado tenía al menos tres cuentas bancarias en las que figuraba como titular,beneficiarias de transferencias de fondos procedentes de sociedades e ingresos en efectivo de particulares, que le hubieran reportado a Moreira unos 217.290 dólares.

Según el auto de prisión, el propio investigado argumentó durante su audiencia la recepción con regularidad mensual de esos fondos, cuyo origen estaba precisamente en el giro o tráfico de sus empresas en México; y que el destino de tales recursos era atender a su subsistencia y la de su familia durante su estancia en España.

Moreira renunció a la presidencia del PRI cuando el gobierno estatal de Coahuila acumuló una deuda de 2.600 millones de dólares y que adquirió durante su mandato gobernador de ese estado del norte de México. La deuda fue financiada, en parte, a través de documentos falsificados.

Moreira no ha sido acusado formalmente en Estados Unidos o México.

Según información oficial en México, dos notables socios de Moreira se declararon culpables de conspiración para transportar dinero robado en un tribunal de San Antonio, Texas. Tras alcanzar un acuerdo, el empresario y propietario de medios de comunicación, Rolando Gonzalez Treviño, presentó una declaración el pasado abril en la que Moreira no es nombrado pero aparece como co-conspirador 1, “un alto funcionario en Coahuila” que ganó la gubernatura. El acuerdo dice que empezó en enero o febrero de 2006 “apropiándose dinero del gobierno de Coahuila para su uso personal”.

González reconoció su participación en un plan para estafar o robar dinero de Coahuila con el co-conspirador 1, entre otros. También admitió la transferencia más de 1,8 millones de dólares que fueron “robados, convertidos o apropiados de forma fraudulenta” del estado de Coahuila y enviados a los Estados Unidos.

El anterior Tesorero del Estado de Moreira, Héctor Javier Villarreal Hernández, también se declaró culpable en el 2014 en San Antonio de lavar dinero y conspirar para el transporte de dinero robado.

Moreira dejó el cargo de gobernador en 2011 para liderar el remonte del PRI, con el candidato Enrique Peña Nieto, ahora el presidente mexicano.

Antecedentes: El Caso Moreira y la  deuda de Coahuila

Humberto Moreira fue gobernador de Coahuila desde diciembre de 2005 hasta enero de 2011, cuando pidió licencia para buscar la dirigencia nacional del PRI, cargo que ocupó por sólo nueve meses, luego de enfrentar acusaciones, que según él, buscaban lincharlo políticamente.

Los señalamientos comenzaron en agosto de ese año, cuando Hacienda publicó que el gobierno de Coahuila había adquirido una deuda de más de 30 mil millones de pesos con Moreira al frente.

Como parte de la investigación, el extitular del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), Héctor Javier Villareal Hernández, fue detenido el 29 de octubre de 2011 porque habría participado en la contratación “de manera irregular” de créditos con los bancos Santander y del Bajío “utilizando para ello documentación falsaconsistente (…) en dos decretos falsificados que autorizaban la contratación de deuda de largo plazo”.

Ante ese panorama, Moreira renunció a la dirigencia del PRI para no afectar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, de cara a los comicios de 2012.

Meses después, en abril de 2012, autoridades federales de Estados Unidos presentaron acusaciones de lavado de dinero en contra de Villarreal Hernández.

Las acusaciones argumentan que Villarreal Hernández invirtió los fondos robados de las arcas públicas de Coahuila en varias comunidades del sur de Texas.

Fue hasta 2013 que las autoridades de EU acusaron a Jorge Juan Torres López, quien fue gobernador interino en lugar de Moreira, de los delitos de lavado de dinero y fraude,por abrir y utilizar cuentas bancarias en Texas para enviar fondos sustraídos de Coahuila a las Bermudas.

Actualmente, Torres López está prófugo, mientras que Hernández Villarreal se entregó el 12 de febrero de 2014 en el puente fronterizo Santa Fe de El Paso, Texas, para enfrentar los cargos de lavado de dinero.

En septiembre de 2014, Hernández Villarreal se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero robado en el exterior, con lo que reconoció el uso de documentos falsos para tramitar préstamos bancarios irregulares.

Dos meses después, en noviembre de 2014, el subsecretario de Egresos y Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas, Armando Rubio, reveló que personal del desaparecido Servicio de Administración Tributaria de Coahuila sustrajo documentación financiera del gobierno de Humberto Moreira, incluida parte de la relacionada a la deuda millonaria de la entidad.

Además, en julio del año pasado, una Corte Federal en Texas reveló un documento en el que el empresario Rolando González Treviño acepta ser culpable, junto con el exlíder nacional del PRI, de una operación para defraudar a Coahuila.

En el acuerdo de culpabilidad firmado por González Treviño no se mencionan nombres, pero señala que CC1 (co-conspirador 1) —identificado como Humberto Moreira, en el acuerdo— fue el gestor de lo que se identifica como un fraude al estado en complicidad de al menos otras siete personas.

De acuerdo con la descripción de los hechos, desde enero o febrero de 2006, Humberto Moreira tomó dinero de Coahuila “para uso personal”.

Tras la publicación del documento, Moreira señaló que lo dicho por el “procesado declarado culpable” son “infundios” vertidos en su contra y dice que en el expediente “sólo obran las declaraciones de aquellos reos que dirían cualquier cosa con tal de obtener su libertad o algún beneficio en su condena”.

Tras el asesinato de su hijo José Eduardo, ocurrido en octubre de 2012, Humberto Moreira tramitó una beca del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para estudiar una maestría en Historia en España.

Tras ser beneficiado con un “apoyo sindical”, Moreira partió a España en enero de 2013 y ayer fue detenido a su llegada al aeropuerto de Bajaras.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó por la noche que las autoridades españolas notificaron a la embajada mexicana de la detención.

“La representación mexicana en España velará porque el caso del señor Moreira Valdés se apegue al debido proceso y con respeto a sus derechos humanos”, afirmó la dependencia en un comunicado, en el que agrega que se le brindará asistencia consular en caso de que se sea solicitada.