Fuente: Diario.mx

Por Gabriela Minjares

Los acusaron y exhibieron públicamente como homicidas, extorsionadores y secuestradores, delitos graves por los que en Chihuahua se imponen condenas altas y hasta cárcel de por vida.

Son hombres y mujeres que pasaron días, meses y hasta tres años detenidos para enfrentar un proceso penal en varias instancias y, al final, resultaron absueltos por delitos que no cometieron o que la Fiscalía General del Estado (FGE) no logró comprobarles.

Falta de pruebas o pruebas ilegales, inconsistencias en las investigaciones, contradicciones de los testigos, errores del Ministerio Público (MP), detenciones arbitrarias, actos de tortura y mentiras de los agentes policiacos que los arrestaron, son los principales motivos por los que en los últimos años se han acumulado estos casos de “¡usted disculpe!” que ha tenido que acatar la autoridad.

Son ciudadanos que regresan a la sociedad con el estigma de haber sido exhibidos como homicidas, secuestradores o extorsionadores, aseguran defensores.

De 2011 a noviembre de 2015, tribunales de Garantía y de Juicio Oral del Distrito Judicial Bravos –con cabecera en Ciudad Juárez– han dictado sentencia absolutoria al menos a 172 personas que fueron acusadas de diversos delitos penales, de acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua.

Abogados penalistas y derechohumanistas consideran que estos casos son una “aberración” que pone en entredicho la procuración de justicia y exhiben la existencia de una “fábrica de delincuentes”.

Gráfico: Bani Caro | El Diario

Sin embargo, el fiscal General del Estado, Jorge González Nicolás rechaza de manera tajante que se construyan delincuentes y como prueba señala el número de sentencias condenatorias que se han dictado –422 del total emitidas desde el 2011 a noviembre del 2015– las cuales pasaron por varios filtros e instancias y han sido confirmadas.

“La mayoría de los absueltos, desde mi punto de vista, y a reserva de revisarlo, me atrevo a decir que es porque no hubo pruebas, porque el MP no las pudo conseguir o le faltó aptitud o capacidad, no porque no sean (responsables los imputados), son pocos los que realmente no son”, sostiene.

Argumenta que por eso las personas fueron vinculadas a proceso por el juez, porque se encontraron datos que establecen que se ha cometido un delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

“No es gratuito que estén en la cárcel. Están (o estuvieron) en la cárcel porque la ley establece que para ese tipo de delitos deben estar detenidos, traen aparejadas la prisión preventiva, ese es el proceso, son mínimos los casos de absueltos frente a miles”, afirma el funcionario estatal.

Además, menciona que son los jueces quienes dictan la orden de detención, desde luego con la acusación del MP, pero siempre con base en lo que establece la ley y, en la mayoría de los casos, son los propios imputados los que prolongan los juicios por los recursos legales que promueven.

¿Fábrica de delincuentes?

No obstante para abogados penalistas y defensores, estos casos de personas que son detenidas, acusadas y exhibidas como delincuentes, que además pasan tiempo en prisión y al final son absueltos, tiene la finalidad de simular el combate a la impunidad y a la delincuencia para generar resultados ante la sociedad.

Aseguran que si bien las cifras de absueltos pudieran ser consideradas bajas en comparación con las causas penales, en realidad son pocas personas las se atreven a confrontar al Estado que los acusa y mediante prácticas de tortura los somete para que se declaren culpables de un delito que no cometieron.

Archivo | El Diario | Juicio Oral 188/14 en el que uno de los implicados Julio César Falcón Palma fue absuelto, luego de permancer dos años en prisión

“Tiene que ver con toda esta situación de dar resultados y hacer frente a la violencia”, afirma Diana Morales Rincón, coordinadora jurídica del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, agrupación que ha llevado la defensa de varias personas acusadas de delitos y han sido absueltas.

Menciona que desafortunadamente hay muchos casos de personas que han sido procesadas porque no lograron demostrar que no participaron en el ilícito y otras que siguen  en espera de que les dicten sentencia, con lo que denuncia la existencia de una “fábrica de delincuentes” a cargo del Estado como un mecanismo de control social.

Como prueba de ello menciona los abusos y detenciones arbitrarias cometidos durante la intervención militar en la ciudad a través de la Operación Conjunta Chihuahua (marzo de 2008 a abril de 2010); bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (abril de 2010 a octubre de 2011); y durante el período de Julián Leyzaola Pérez en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (marzo de 2011 a octubre de 2013).

Pero también señala la actuación de agentes estatales de las unidades Antiextorsión, Antisecuestro y la Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida de la FGE.

Información oficial proporcionada por la FGE en la zona establece que del 2011 a noviembre de 2015 se revocaron en segunda instancia 31 sentencias que primero habían sido absolutorias, pero que se modificaron como resultado del recurso de casación que promovió el MP.

El fiscal González Nicolas expone que otro factor que contribuye a que pierdan los juicios es la ausencia de las víctimas, que se niegan a continuar el proceso judicial por falta de interés, porque se van de la ciudad y hasta por miedo.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía en la zona, de 2011 a noviembre de 2015 se tenían registrados 43 casos en los que se dictó sentencia absolutoria porque la víctima no acudió al juicio a ratificar la acusación en contra del imputado.

Además, apela a que se revisen los índices de delincuencia en la ciudad, los cuales no hubieran bajado si todo fuera una simulación o montajes para fabricar culpables.

“Si me dice que esto es pura fabricación, pura simulación, los índices continuarían igual porque habría una impunidad total. Son muy poquitos los absueltos para las grandes detenciones que se han hecho”, reitera.

Andrés Barrera Rubio, coordinador de jueces orales en Ciudad Juárez, agrega que “es normal” que en los tribunales de Juicio Oral se obtengan más absoluciones que en los procedimientos abreviados, porque a esta instancia llegan quienes tal vez no cometieron el delito o tienen materia para debatir las pruebas que hay en su contra.

Pero descarta que sea común en los casos de absueltos la fabricación de delitos y tortura, sino que son otros factores como la falta de elementos, ausencia de testigos y hasta fallas en las investigaciones las que inciden en resoluciones de ese tipo.

“Las resoluciones ahí están, si existen deficiencias, insuficiencias o si algún tribunal llega a advertir la inexistencia del delito la decisión va a ser de absolución, porque esa es la labor del Poder Judicial, ser el contrapeso de la organización estatal en lo general”, dice.

Acciones Militares y PF concentran absoluciones

De acuerdo con una base de datos elaborada por El Diario con información generada en la cobertura periodística de las audiencias públicas del sistema penal acusatorio, varias de las sentencias absolutorias dictadas de 2011 a la noviembre de 2015 corresponden a detenciones realizadas desde 2008 por militares que hicieron labores de seguridad en la ciudad.

Así como también por agentes federales, policías municipales bajo el mando de Leyzaola y estatales que operan en las unidades encargadas de investigar los homicidios, extorsiones y secuestros, identificados como delitos de alto impacto.

Archivo | El Diario | Fernando Jesús Saldierna Villalobos y su esposa narran la tortura de la cual él fue objeto por parte de agentes ministeriales, quienes buscaban que se autoinculpara de haber cometido el delito de extorsión

La revisión de al menos 65 casos arroja que la mayoría de las personas absueltas habían sido acusadas de homicidio, secuestro y extorsión, delitos por los que invariablemente el MP pide la prisión preventiva y el juez la otorga conforme lo establece el Código de Procedimientos Penales del Estado, que fue reformado en abril de 2011 para imponer esta medida de manera oficiosa.

Los datos también revelan que la mayoría de los imputados permanecieron detenidos entre uno y dos años, aunque también hay dos casos de dos hombres que permanecieron presos tres años y días antes de ser absueltos, cuando la prisión preventiva no debe exceder los 24 meses.

Entre estos casos se encuentra el de Carmen Daniel Ramírez Tello, quien fue detenido por policías municipales en abril de 2012 supuestamente por haber participado en un “carjacking” y después fue acusado por el homicidio de un matrimonio, hechos registrados en distintas fechas.

El imputado, quien se desempeñaba como operador en una maquiladora, fue absuelto dos veces por el feminicidio, pero lo acusaron en tres ocasiones del crimen hasta que un juez federal le concedió un amparo.

Mientras que por el homicidio del hombre demostró en juicio oral que el día y a la hora que ocurrió el crimen laboraba en la empresa maquiladora.

Mario Alberto Espinoza Simental, abogado del imputado, menciona que a su representado buscaron fabricarle delitos que no cometió y a pesar de las pruebas tuvo que recurrir al amparo, porque los jueces también fallan y favorecen al MP porque son impuestos de manera provisional, les falta capacidad e independencia para conducirse.

“De los juicios que he llevado, un 90 por ciento los he ganado y la mayoría son inocentes porque no participaron, sobre todo han sido casos de extorsión que les han fabricado policías y municipales y estatales, que operan como una mafia y detienen a quien se les ponga enfrente”, dice.

Otro de los casos es el de Wilivaldo Rivera Acosta, Patricia Fuentes Jiménez y Juan Julián Ramírez Carrillo, quienes fueron acusados del delito de extorsión agravada en abril de 2013 y absueltos en marzo de este año en juicio oral.

Archivo | El Diario | Wilivaldo Rivera Acosta y Patricia Fuentes Jiménez al ser presentados ante los medios de comunicación

Los jueces determinaron que las pruebas presentadas por el MP fueron insuficientes y por las serias contradicciones e inconsistencias entre la declaración de la víctima y de los agentes ministeriales que hicieron el arresto.

El defensor de los ahora exonerados, Mario Simental, asegura que la Fiscalía montó un “show” tipo el de Florence Cassez para simular el arresto de los tres inculpados en el estacionamiento de un centro comercial, cuando fueron detenidos en sus respectivos domicilios.

Un modus operandi

“Compa, te fue mal porque tengo que sacar resultados”, han manifestado agentes estatales a personas que han sido detenidas de manera arbitraria y torturadas para que se incriminen en casos documentados por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, asegura la abogada Diana Morales.

Explica que de acuerdo con los asuntos que han representado pueden establecer que existe un patrón establecido en la mayoría de los casos atendidos.

Primero, expone que en los juicios siempre se argumenta que la persona fue detenida en flagrancia cuando cometía el delito que le imputan, pero familiares y testigos mencionan que entraron a sus casas sin orden de cateo y se los llevaron.

Después de la detención arbitraria, las personas refieren haber sido trasladadas a lugares donde los torturan con golpes, chicharra, asfixia y hasta violaciones sexuales para que se declaren culpables de un delito que, en su mayoría, son los de alto impacto: homicidio, secuestro, extorsión y robo.

También es común que detengan a varias personas para construir bandas que identifican con el nombre o el apodo de alguno de los imputados, dato que la autoridad tiende a subrayar para fijarlo ante la opinión pública, se expone.

Archivo | El Diario | Audiencia del juicio en el que Wilivaldo Rivera Acosta y Patricia Fuentes Jiménez fueron absueltos

Otro patrón que se tiene identificado es que la mayoría de los detenidos son hombres, jóvenes, de estatutos bajo y hasta en pobreza extrema, pero muchos de ellos trabajadores de maquiladora o comerciantes y hasta estudiantes, refiere Morales Rincón.

Espinoza Simental, quien ha llevado varios litigios de personas que han sido absueltas, confirma que la práctica común en sus casos son las detenciones arbitrarias y la tortura para obtener una  autoincriminación.

“La única prueba que existe y los jueces le dan valor es la confesión, se sigue utilizando, evidentemente es obtenida bajo tortura o presión psicológica, porque el 100 por ciento de las personas aceptan ante el MP haber cometido el hecho, pero ya en el juicio dicen lo contrario y ahí empieza el viacrucis”, comenta.

El viacrucis, como lo define el abogado, de acuerdo con el seguimiento de varios casos, puede tardar varios días o los años que pasen en prisión o hasta después de haber sido declarados absueltos y liberados, porque regresan a la sociedad con el estigma de haber sido exhibidos como homicidas, secuestradores o extorsionadores.

gabrielam@redaccion.diario.com.mx