Fuente: Wall Street Journal/ Por Anatoly Kurmanaev y Maolis Castro

En la capital, la crisis ha convertido la vida cotidiana en una odisea para casi todo el mundo. El gobierno ha racionado la electricidad en medio de cortes de luz crónicos, para dejar los centros comerciales a oscuras. Las casas y apartamentos sufren regularmente por la escasez de agua.

Rosalba Castellano, de 74 años, pasó recientemente horas en lo que se ha convertido en una rutina desesperada para millones: aguardando en una larga fila para comprar cualquier alimento que esté disponible. Al final, salió con apenas dos litros de aceite de cocina.

“Esperaba comprar papel higiénico, arroz, pasta, pero no se consiguen”, dijo. Su única opción es encontrar esos artículos a mayor precio en el mercado negro. El gobierno, se quejó, “nos tiene sometidos a un sufrimiento salvaje”.

La Asamblea Nacional, ahora controlada por la oposición, declaró el jueves pasado una emergencia alimentaria, en un intento por llevar al gobierno del presidente Nicolás Maduro a, entre otras cosas, flexibilizar los controles de precios que han creado escasez de todo, desde medicamentos hasta carne. “Se está dejando al pueblo sin la capacidad de alimentarse”, dijo el legislador Omar Barboza.

Se prevé que la inflación del país alcance este año 700%, la más alta del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. El año pasado, la economía se contrajo 10% y se espera que se reduzca otro 8% este año, de acuerdo con el FMI, el peor desempeño del mundo. Y no se ve una solución a la vista.

Los economistas dicen que el gobierno tiene que dar marcha atrás a décadas de políticas económicas que reconfiguraron de forma dramática la economía. El Estado asumió el control de cientos de compañías, estableció controles de precios y gastó grandes cantidades de dinero público, llevando la brecha presupuestaria a cerca de 20% de la producción económica anual.

Pese a la profundización de la crisis, ha habido pocas señales de cambio de un gobierno que atribuye los problemas del país a una “guerra económica” librada por enemigos, incluyendo empresas privadas y el gobierno estadounidense. Llamadas a varios ministerios y agencias del gobierno en busca de comentarios no fueron respondidas.

La semana pasada, legisladores aliados del gobierno dijeron que la escasez de alimentos era culpa de empresas privadas que acaparaban productos para tratar de desestabilizar a Maduro. Esa misma noche, el Tribunal Supremo de Justicia le otorgó al presidente poderes especiales que le permiten tener control directo sobre el presupuesto y un mayor margen para intervenir en empresas privadas. Los legisladores de la oposición dicen que las dos medidas apuntan a evitar que la Asamblea Nacional trate de limitar la intervención del gobierno en la economía.

Huertas urbanas

En respuesta a la creciente escasez de alimentos, Maduro creó en enero el Ministerio de Agricultura Urbana. El mandatario destacó que tiene 50 gallinas en su casa y que sus compatriotas pueden aprender a cultivar en sus casas. La medida es similar a una política que Cuba implementó a comienzos de los años 90 luego de que el colapso de la Unión Soviética cortó la ayuda a la isla.

Maduro ha sugerido varias iniciativas. Hace un par de semanas abrió una cuenta en Facebook. “Quiero ampliar mi actividad en las Redes Sociales”, escribió, añadiendo dos fotos.

Los venezolanos no se demoraron en contestar. Algunos le dieron la bienvenida al presidente en Facebook, otros le pidieron que renunciara, muchos solicitaron investigaciones de corrupción en sus ciudades y estados. Unos pocos pidieron ayuda para comprar un auto, u obtener fertilizante o encontrar alimentos.

José Guerra, economista y legislador de la oposición, lo llamó “la cursilería más grande para un país que está en crisis. Eso, lo que demuestra, es que Maduro no tiene los pies en la tierra”.

A medida que se acumulan las dificultades diarias, uno de cada 10 venezolanos está buscando la manera de salir del país, según la firma encuestadora Datanálisis. Durante la última década, más de un millón de personas han emigrado, según varios cálculos.

Leonardo Briceño dice que cuatro gerentes de su firma de relaciones públicas en Caracas han renunciado para salir del país. La próxima semana se convertirá en el cuarto que emigre cuando salga rumbo a Estados Unidos con su esposa y su hija de dos años.

“Es más allá de la inseguridad y el deterioro económico”, afirma. “Es imaginar un escenario en el que mi hija necesita una medicina y no se consigue. Eso es lo que me preocupa más”.

La crisis se siente no sólo en las grandes ciudades sino también en lugares como Toas, una diminuta isla con palmeras y aguas cristalinas en la región occidental, donde viven apenas 8.000 personas.

En diciembre pasado, ladrones se robaron 24 kilómetros de cable submarino que conectaba a la isla con el continente. Los delincuentes cortaron las conexiones telefónicas de la isla y dejaron inactivas sus bombas de agua.

Genebraldo Chacin, un pescador, cuenta que sus hijos no se han bañado ni han ido al colegio desde entonces y que han estado consumiendo apenas una comida por día. Sus vecinos dicen que la isla está cerca de la hambruna. “La comida se nos daña y es triste porque aquí no se consigue la comida”, dice Sasha Almarza. Vecina de Chacin. “Cuando tenemos algo, lo comemos todo el mismo día para no perderlo”.

La tasa de homicidios en Venezuela se ha disparado a 90 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, un grupo no gubernamental que se enfoca en temas de delincuencia. La cifra sería la segunda más alta del mundo después de la de El Salvador, que tiene una tasa de 104 por cada 100.000 habitantes. El Observatorio calcula que a finales de 2015, uno de cada cinco homicidios ocurridos en América Latina y el Caribe tuvo lugar en Venezuela.

El desplome del precio del petróleo ha perjudicado a Venezuela más que a cualquier otro país productor de hidrocarburos. El crudo representa 96% de sus ingresos por exportaciones y financia cerca de la mitad del presupuesto nacional.

Por años, el presupuesto se basó en un barril de petróleo a US$40, incluso durante años en los que el precio se acercó a US$100. El excedente fue puesto en un fondo fuera de la supervisión de la Asamblea Nacional. Fue gastado y se cree que grandes sumas fueron desfalcadas, según ex funcionarios del gobierno venezolano y autoridades en EE.UU. que investigan la corrupción en Venezuela. El fondo de reservas petroleras de emergencia se ubica en US$3 millones, frente a los cientos de miles de millones de dólares de fondos similares de otros países petroleros.

Venezuela no sólo no ahorró, sino que se endeudó inmensamente. En la actualidad tiene una deuda externa de casi US$110.000 millones.

Alejandro Arreaza, economista de Barclays para América Latina, dice que los datos del mercado indican que Venezuela tiene cerca de 85% de probabilidades de entrar en cesación de pagos de su deuda en los próximos 12 meses. El analista piensa que Caracas pagará los US$1.500 millones que vencen el 26 de febrero, y que hará todo lo posible por cumplir con los US$5.000 millones en capital e intereses que vencen en octubre y noviembre. Para evitar un default desordenado e impedir que los acreedores confisquen activos petroleros, señala, Venezuela puede tener que reducir aún más las importaciones y posiblemente hacer una reestructuración de su deuda.

“Ya tienen problemas políticos en el frente interno, y quieren evitar la apertura de un frente internacional”, dice Arreaza.

Una escasez de dólares debido a los controles de divisas y al declive de los ingresos petroleros ha perjudicado gravemente la economía, mientras las nacionalizaciones y los controles de precios han destrozado el sector privado para dejar al país más dependiente de las importaciones.

Venezuela solía exportar arroz, café y carne. Ahora importa los tres productos. Incluso trae del extranjero sus propios billetes, que compra a empresas europeas y que transporta en jumbos 747.

El número de empresas privadas en el país se redujo en 20% entre 2006 y 2014, según Datanálisis. Multinacionales como Clorox Co. simplemente han abandonado el país. Otras, incluyendo Ford Motor Co. y Mondelēz International Inc., el fabricante de las galletas Oreo, han rebajado a cero el valor contable de sus operaciones en Venezuela.

Un sistema complicado de tipos de cambio hace que el país sea uno de los más baratos o más caros del mundo, dependiendo de la tasa que se use. Al tipo de cambio oficial, de 6,3 bolívares por dólar, una Cajita Feliz de McDonald’s cuesta US$146. A la tasa del mercado negro, en la que el dólar se vende por 1.000 bolívares, cuesta apenas 89 centavos de dólar. Esto hace que el país sea extremadamente barato para viajeros hábiles y aquellos que ganan en dólares, pero demasiado costoso para los pobres que no tienen acceso a la moneda estadounidense.

Crisis de salud

La crisis es especialmente aguda en lo que alguna vez fue el eje de las políticas socialistas de este país, su sistema de salud. Asociaciones médicas y especialistas en el sector dicen que las muertes que pueden ser prevenidas están al alza debido a la falta de medicamentos, equipos y doctores. El principal gremio de farmacias del país dice que hay escasez en 90% de los medicamentos.

En un día reciente en el Hospital Universitario de Maracaibo, la segunda mayor ciudad del país, los pacientes yacían en camas sin sábanas en habitaciones con pisos sucios. No había servicio de agua, medicamentos, suministros de limpieza o comida. Materia fecal flotaba en los inodoros. El personal médico dice que pandilleros rondan los pasillos, lo que obliga a los doctores —que sufren de sueldos bajos y acoso— a encerrarse en sus consultorios para evitar ser asaltados.

“Esto parece un hospital de guerra”, dijo Dora Colmenares, cirujana hepática. “Necesitamos urgentemente ayuda humanitaria”.

Hace unos días, seis bebés murieron en el Hospital Central de San Cristóbal, según funcionarios de los servicios de protección infantil de la ciudad y del sindicato del personal del hospital. Los neonatos fallecieron debido a la escasez de medicamentos y la falta de respiradores que funcionaran para pulmones que no terminaron de desarrollarse, dijeron los funcionarios.

“Hasta que el problema de la falta de suministros y de importaciones se resuelva, la situación de los neonatos sólo va a empeorar”, dijo Karelis Abunassar, presidenta del Consejo de Protección Municipal del Niño, Niña y Adolescente. Abunassar agregó que una inspección del ala de maternidad encontró apenas 11 incubadoras y siete máquinas respiratorias que funcionan, insuficientes para la cantidad de prematuros que nacen allí. Llamadas al Ministerio de Salud no fueron respondidas. Un administrador del Hospital Central dijo que los directivos no estaban disponibles para hacer comentarios.

*Lorena Evelyn Arráiz en San Cristóbal, Sheyla Urdaneta en Toas, Mayela Armas y Kejal Vyas en Caracas y Sara Schaefer Muñoz en Bogotá contribuyeron a este artículo.