Fuente: El Economista/ Por Yolanda Morales

Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda, anunció un recorte al gasto efectivo para este año, por 132,300 millones de pesos, equivalente a 0.7% del Producto Interno Bruto, que tendrá “un efecto marginal” en el crecimiento de la economía.

El 75% del recorte será ejecutado en Petróleos Mexicanos (Pemex), es decir, 100,000 millones de pesos, cuyo detalle será propuesto al Consejo de Administración de la petrolera y comunicado al público la semana entrante, precisó.

Éste es el segundo recorte al gasto anual consecutivo y supera, de entrada, el instrumentado el año pasado, que fue de 124,300 millones de pesos.

En conferencia de prensa conjunta con el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, el secretario explicó que el resto del ajuste, unos 32,000 millones de pesos, se completará exclusivamente en gasto corriente, que incluye viáticos de funcionarios, gasto en alimentos, así como telefonía de los trabajadores del gobierno.

Quedarán protegidas obras prioritarias, como son el aeropuerto alterno de la Ciudad de México, el tren ligero de Guadalajara, así como el Tren México–Toluca, precisó.

El ajuste al gasto corriente limitará el impacto que podría tener en el desempeño de la economía.

Remanente capitalizaría Pemex

Videgaray comentó que será a partir del avance del plan de ajuste de Pemex que podrán dimensionar el monto de capitalización y origen de los recursos para la paraestatal.

Tiene que ser de una dimensión manejable, comentó. La fuente de financiamiento no debe deteriorar la situación del gobierno federal.

“Una posibilidad es que (…) si se reciben ingresos por los remanentes de operación del Banxico, una parte menor pudiera aplicarse, en términos de ley de presupuesto, a mejorar el balance público y en Pemex”.

Estimaciones preliminares de Finamex Casa de Bolsa apuntan a que la depreciación del año pasado favoreció una utilidad a Banxico por 400,000 millones de pesos.

Con ello, el 2015 sería el segundo año consecutivo que el Banxico registra remanentes de operación suficientes para reconstituir su propia reserva de revaluación de activos y trasladar otra parte al gobierno.

El año pasado la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 19 bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que otorga al gobierno federal la capacidad para utilizar los remanentes para pago de deuda de ejercicios anteriores.

La Raíz de los problemas

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó al gobierno federal brindar información clara, exacta y confiable sobre la situación financiera del país, pues ello permitirá planear con mayor precisión el monto de los recursos presupuestales y el monto de las reservas adecuadas, además de implementar una disciplina financiera que permita manejar de manera responsable los déficits, endeudamiento y pasivos contingentes.

“Las finanzas públicas deben reflejar el estado real del país, no sólo en el momento actual, sino tomar en cuenta las proyecciones a futuro de una serie de obligaciones y demandas que el Estado estará obligado a solventar”, expone en su reporte de la Cuenta Pública 2014.

Indicó que existen distintas figuras que son susceptibles de generar problemas, a mediano y largo plazos, en cuanto a su impacto en las finanzas del Estado, como es el caso del problema de las pensiones, las necesidades financieras del sector público, así como las obligaciones derivadas de los fideicomisos y otros mecanismos.

Menciona que también se requiere que los estados financieros del gobierno federal revelen los rubros de pasivos laborales, deuda garantizada y saldo del pasivo por regulación monetaria.

Además, destaca el hecho de regular las ampliaciones y reducciones presupuestales respecto de los montos originalmente aprobados por la Cámara de Diputados y transparentar el uso de los ingresos excedentes, así como la reasignación de los subejercicios no subsanados al cuarto trimestre.

Deuda pública, en el límite

La ASF indicó que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público en el 2014 ascendió a 41.8% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representó un incremento de 7.5 puntos porcentuales del 2009 al 2014.

Detalló que esta variación se explica por los efectos del déficit presupuestario de Pemex, el cual alcanzó un crecimiento de 15.7 puntos porcentuales del PIB en el periodo 2009-2014; además, por los costos de la implantación de la nueva Ley del ISSSTE que ascendieron a 2.4 puntos porcentuales del PIB en el 2008, entre otros.

Expone que dado el crecimiento progresivo del saldo de los requerimientos financieros del sector público, la ASF ha calculado diversos indicadores de sostenibilidad, los cuales mostraron que si bien el nivel de la deuda se encuentra dentro de un marco de prudencia, se encuentra cerca de sus límites.

Refirió que también es preciso que los requerimientos financieros y el endeudamiento estén plenamente reflejados en la Cuenta Pública, de tal manera que permitan su adecuada gestión, sean acordes con la capacidad recaudatoria del Estado y faciliten la toma de decisiones respecto de incrementar el déficit o contraer nuevos créditos.

Malas prácticas

El reporte de Cuenta Pública explica que las malas prácticas administrativas y financieras ocasionan que los recursos presupuestales que se destinan a salud, educación y obras de infraestructura no se ejerzan de manera directa.

Detalla que los recursos, al ser transferidos a través de distintos intermediarios como instancias competentes de estados y municipios, fideicomisos, organizaciones agrarias y de la sociedad civil, así como de las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes), fomentan irregularidades.

“Estas prácticas ocasionan un retraso en las actividades derivadas del ejercicio presupuestal, lo que podría traducirse en afectaciones a los planes originales de proyectos de inversión, fechas de entrega y finiquito oportuno de los contratos”, expresó.

Lo anterior abre la posibilidad de que un gobierno local utilice, indebidamente, recursos etiquetados con el objetivo de cubrir faltantes presupuestales o salir al paso de necesidades coyunturales.

La ASF destaca que se identificaron 11 áreas claves de riesgo que podrían evitar que el gasto público sea aplicado de manera inadecuada e inercial; que se haga un mal uso de recursos públicos; que no se logren las políticas públicas que requiere el país y mejorar la imagen del Estado frente a la sociedad.

Algunas de las áreas clave de riesgo son brindar mayor información sobre los beneficiarios de programas sociales; revelación de pasivos y gastos; descartar los programas públicos duplicados, y la integración efectiva de la participación ciudadana en la gestión de los programas públicos.