El mensaje de los recortes presupuestales.

Hugo Rangel Vargas

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El reciente anuncio de la autoridad hacendaria de reducir el gasto fiscal para el presente ejercicio por un monto de 132.3 mil millones de pesos, mismos que equivalen al 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto; podría significar el inicio de una serie de medidas de política fiscal restrictiva tendientes a enviar señales de control del gasto público hacia los mercados de capitales en un entorno de alta volatilidad de los flujos financieros internacionales.

Sin embargo, al observar los montos desagregados de este recorte es visible un claro patrón que tiene un profundo mensaje político. Por un lado, el grueso de la reducción del gasto público corresponde a los 100 mil millones de pesos que el gobierno propuso de recorte a PEMEX y los restantes 32.3 mil millones, al gasto de la administración federal de los cuales se dijo laxamente, “corresponderían el 60 por ciento a gasto corriente”.

Este que es el cuarto recorte presupuestal en lo que va de la administración peñanietista, se enmarca en un contexto económico complicado en el que no han sufrido alteraciones sustantivas los privilegios y las prestaciones de los altos funcionarios, ni tampoco se han combatido las irregularidades en el ejercicio del gasto público que significan fuertes sangrías de recursos presupuestales.

En contrasentido a estas canonjías intocables, la millonaria reducción del presupuesto a Petróleos Mexicanos se acumula a una serie de desatinos que también dejan entrever una clara intención de aniquilación de esta empresa por parte del gobierno de la república.

Pese a que la reciente caída en los precios del petróleo compromete, como lo hace con todas las compañías petroleras del mundo, la situación financiera de PEMEX; esta se ha sumado a un conjunto de factores de crisis de esta empresa que han sido estimulados desde la administración pública federal y que llevaron a la petrolera mexicana a tener pérdidas que ascendieron en el tercer trimestre de 2015 de más de 20 mil millones de dólares.

Esta generación de pérdidas de parte de PEMEX está profundamente asociada a una fuerte expoliación de recursos de la que es objeto la compañía por parte del gobierno federal, ya que en los últimos 20 años al menos el 80 por ciento de sus remanentes operativos han sido extraídos por el fisco, cifra que de 2009 a 2014 significó el histórico equivalente al 129 por ciento de las utilidades operativas.

La extracción irracional de recursos de parte del gobierno federal ha comprometido la liquidez de la compañía, situación que se ha agravado por la caída en los ingresos derivada de la disminución del precio del petróleo. Frente a ello, la única alternativa para que la empresa continúe operando ha sido la adquisición de deuda, misma que a septiembre del año pasado ascendió a 37 mil millones de dólares, de la cual casi la mitad se vence en un lapso de 5 años. Esta situación ha llevado a que las calificadoras de riesgo coloquen en calidad de deuda chatarra a los compromisos que la empresa opera de manera independiente al gobierno federal.

Finalmente, el recorte presupuestal recién anunciado por Videgaray viene a mermar el ya de por sí disminuido presupuesto para la compañía que en el presente año se redujo, en comparación con el 2015, en 17 por ciento para el concepto de inversión física, en 26 por ciento para exploración y producción; y 66 por ciento para perforación y servicios.

Dos contrapuntos están claramente revelados en la medida presupuestal anunciada por la Secretaría de Hacienda: el primero de ellos es el sostenimiento de una burocracia opulenta que mantiene sus prebendas en medio de una crisis financiera; y el segundo, un recorte que añade complicaciones a la empresa petrolera que ha servido de sostén a las finanzas públicas del país durante décadas.