Breve esbozo del estado actual de la economía mexicana

Por Jesús Guillermo Belman Leal/ Grupo Crónicas Revista1/  

Jesús Guillermo Belman Leal

Jesús Guillermo Belman Leal

Entre los muchos retos que precisa afrontar nuestra nación, se encuentra un escaso crecimiento económico, que se ha pretendido combatir durante numerosas administraciones a través de diversos enfoques en distintas aristas, pero que se ve afectado por factores macroeconómicos y políticos de índole no sólo local sino global, que resultan difíciles de sortear con el escaso ratio de libertad que disponen nuestras autoridades en materia económica, quienes requieren acatar una amplia agenda con diversos objetivos políticos muchas veces contradictorios, otras ingenuos y en muchas ocasiones francamente irrealizables, a la par que deben enfrentarse a un sinnúmero de variables que no es posible prever con total certidumbre y ante las cuales sólo disponen de unos pocos y muy restringidos instrumentos económicos y fiscales a los que les permite acceder la legislación mexicana para tratar de dar con ello respuesta a una inmensa gama de problemáticas para las que en la mayoría de las ocasiones no existe un plan o una estrategia de acción predeterminada. Teniendo éste panorama presente, los hacedores de políticas públicas precisan edificar programas que puedan atender la mayor parte de las áreas de oportunidad posibles minimizando riesgos y pérdidas innecesarias; tarea complicada y tediosa, pero necesaria para la conducción adecuada de cualquier país.

De acuerdo con Zuckermann (2016), la economía global sigue resintiendo la gran crisis recesiva del 2008-2009, especialmente en la Unión Europea donde el Euro ha perdido competitividad y algunas naciones amenazan con abandonarlo, lo que en conexión con la desaceleración china ha traído como consecuencia el derrumbe de los precios de las materias primas en los países emergentes, quienes al no lograr colocar sus productos sufren numerosas pérdidas; problemática mundial que ha permitido que el único motor generador de crecimiento económico global que resta sea los Estados Unidos, país que se ha destacado por un consumo interno alto gracias a un paulatino pero consistente incremento en el ingreso personal disponible aunado a un aumento de las inversiones en bienes de capital.

No obstante lo anterior, nuestro vecino país del norte, de quien dicho sea de paso, depende en gran medida nuestra estabilidad económica dados nuestros estrechos lazos comerciales, no es capaz de garantizar la solidez de su propia economía, ya que la decisión de su Reserva Federal de subir las tasas de interés por vez primera desde 2006 puede traer consigo que un buen número de compañías se encuentren con dificultades para pagar sus deudas, lo que podría poner en una encrucijada al gobierno americano al obligarlo a dilatar el incremento de las ya mencionadas tasas o dar marcha atrás y regresar a la política económica de tasa cero, lo cual sería desastroso para su imagen pública ya que podría incentivar la generación de todo tipo de especulaciones perniciosas en los mercados financieros.

Ante la incertidumbre que ocasionaría en su propia economía el desincentivar el consumo, cualquiera podría preguntarse, ¿por qué la unión americana ha decidido subir las tasas de interés? Lo anterior podría explicarse parcialmente a través de un análisis del comportamiento del consumidor estadunidense, ya que de mantener el gobierno las tasas bajas frente al incremento del valor de la moneda nacional, habría incentivos para la inflación, puesto que los consumidores estarían más interesados en gastar su dinero ante la disminución de los precios de los productos que en ahorrarlo, lo que a su vez podría traducirse en una fluctuación alta de los precios que a la larga podría degenerar en una espiral inflacionaria que difícilmente podría ser controlada.

En este contexto, nuestra nación se ve orillada a seguir una política económica similar a la norteamericana como consecuencia de nuestra ya señalada conexión financiera con el coloso estadounidense, quien por una parte es el principal cliente para nuestras exportaciones y por otra provee a nuestras industrias de una buena proporción de sus insumos y maquinaria que son difícilmente sustituibles, lo que genera una profunda y arraigada dependencia de nuestra economía a la suya.

Resulta pertinente recordar que si bien es cierto, nuestra moneda ha perdido valor frente al dólar, ésta situación no deriva únicamente de que en el plano general el peso se haya depreciado por causas imputables a malas decisiones económicas de nuestros gobernantes, las cuales lamentablemente han sido en ocasiones bastante evidentes, sino que el dólar se ha logrado apreciar de manera significativa contra casi todas las divisas importantes del mundo en virtud del incremento en el nivel de vida de la población norteamericana, lo cual se hace evidente por los motivos previamente expuestos. Ahora bien, esto no implica que nuestros representantes puedan dejar de preocuparse por nuestro tipo de cambio, sino todo lo contrario.

Capistrán, economista en jefe para México de Bank of America Merril Lynchc (Jiménez, 2016) considera que nuestra divisa se expondrá a depreciaciones más profundas en el mediano plazo, en virtud de numerosos factores de nuestro ámbito interno, como son los ajustes fiscales devenidos a partir de la reforma hacendaria y una continua disminución de entrada de flujos de efectivo consecuencia de la polémica reforma energética, donde los recientes cambios en las necesidades de los mercados mundiales de petróleo han sido determinantes para su fracaso, ya que la mezcla mexicana de exportación pese a sus incipientes recuperaciones cerró el 18 de febrero de 2016 con un precio de 25.92 dólares por barril.

No hay que olvidar que dos de los factores que en un origen impulsaron a la depreciación de nuestra moneda fueron la fuerte caída del precio internacional del petróleo y el error de percepción del gobierno federal respecto a las expectativas existentes al momento de promover la reforma energética, época en la que el crudo estaba valorado a más de 100 dólares por barril; error que afectó la perspectiva de entrada de la inversión extranjera directa y ante la severa disminución de la capacidad adquisitiva del gobierno federal, dicha equivocación de forma reciente ha obligado a la disminución del gasto, lo que a su vez ha repercutido significativamente en la disminución de las expectativas de crecimiento.

Para los mexicanos un menor crecimiento anual en nuestra economía tiene correlación directa con la necesidad de un aumento a las tasas de intereses a nivel local, ya que, para que nuestra nación siga siendo competitiva en el ámbito financiero y continúe considerándose atractiva para la inversión especulativa extranjera, se necesitan elevar las tasas de interés, para así contrarrestar el atractivo de un mayor porcentaje de ganancias en un país con menos riesgo como nuestro vecino del norte, ya que el incremento en las tasas de Estados Unidos puede potencialmente tener como resultado que en nuestro país se presente una significativa fuga de capitales financiero y especulativo, así como una pérdida constante en la estabilidad en los precios.

Zorrilla (2015) nos indica que “el crecimiento generalizado de la economía Mexicana es susceptible a un detenimiento e incluso un decremento para contrarrestar el crecimiento de la economía americana”.

Lo anterior, puede explicar el por qué el Banco de México ha tomado a partir del 17 de febrero de 2016, la decisión de alzar en un 3.75 por ciento su tasa clave, al mismo tiempo, que la Secretaría de Hacienda comunicó el mismo día un recorte al gasto público equivalente al 0.7 por ciento del producto interno bruto. Se trata de una apuesta por parte de nuestro gobierno hacia una política contraccionista que garantice, al menos en el corto plazo, cierta estabilidad en el tipo de cambio y la inflación. Sin embargo, en este orden de ideas, no se debe olvidar que un menor gasto gubernamental reduce la demanda de las entidades públicas por bienes y servicios, mientras que un aumento de las tasas de interés desincentiva el consumo presente al fomentar el ahorro, lo que a su vez reduce los pedidos por bienes y servicios al sector privado.

Nuestro gobierno al apostar por una política contraccionista no sólo apuesta por la estabilidad en los precios y la moneda, sino que lo hace también por una disminución aún mayor a nuestro ya deteriorado porcentaje anual de crecimiento, al generar desincentivos para la actividad empresarial, lo cual puede potencialmente degenerar en un incremento a los niveles de desempleo, una disminución paulatina a los niveles de vida de la población, así como un aumento de tamaño del sector informal y la criminalidad. De acuerdo con Jaramillo-Mosqueira (2016) “en agregado, la confianza empresarial decreció en un año -6.3% y mantiene una tendencia a la baja que inició en noviembre de 2015, sin visos de recuperación en el corto plazo”.

Un punto bastante criticable de la decisión de la reducción del gasto del gobierno, es que ésta no se materializará en ajustes a programas de subsidio y combate a la pobreza, los cuáles históricamente han estado caracterizados por su escasa transparencia y un uso preminentemente electoral, sino que en su lugar se buscará recortar el gasto de algunas empresas paraestatales que reportan ingresos a la economía nacional como la CFE y Petróleos Mexicanos, empresa petrolera a la que se le privará de 100 mil millones de pesos éste año, lo que puede traer como consecuencia el que se disminuya más aún su ya decadente productividad, lo cual podría traducirse a mediano plazo en la extracción de menos crudo, el cual se seguirá vendiendo barato por algunos años ante el reciente autoabastecimiento americano de gran parte del combustible fósil, lo que a su vez arruinará en gran medida los planes de la reforma energética, disminuyendo el atractivo para la inversión privada en la paraestatal.

Nuestros representantes, han argumentado ante la opinión pública, que los recortes que se realizaran en PEMEX no tienen por qué afectar su productividad, ya que se enfocaran en gastos de su personal administrativo y directivo, no obstante lo anterior, el director de la paraestatal el 18 de febrero del año en curso admitió ante diversos medios de comunicación masiva la necesidad de recortar personal para cumplir con las expectativas de ahorro impuestas por el gobierno federal (el universal, 2016).

Desde hace años, el sector privado ha sido renuente a invertir en la compañía petrolera mexicana en virtud de que nuestra legislación no era capaz de ofrecer garantías jurídicas suficientes para justificar los riesgos empresariales, dándose casos preocupantes como el de la licitación del yacimiento de Chicontepec en 2011, donde de seis pozos ofertados, sólo fueron tomados tres y una de las empresas se desistió de la licitación de uno de ellos, por lo que hubo necesidad de reasignarla, lo que demostró la profunda desconfianza de las empresas petroleras internacionales hacia México, factor clave que motivó en el 2013 reformar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional para con ello hacer una invitación al capital extranjero a la inversión en la paraestatal (Gutiérrez, 2015).

De manera previsora, el gobierno mexicano, al mismo tiempo de impulsar la reforma energética, apuntaló una reforma en materia impositiva que permitiera sustituir los ingresos de PEMEX destinados al gasto público por aportaciones de los contribuyentes a través de nuevos modelos de captación de contribuciones y la búsqueda de la regularización de buena parte de los tributarios que obtenían beneficios injustos en sus créditos fiscales mediantes figuras jurídicas que a partir del cambio legislativo han sido abandonadas.

Uno de los puntos más favorables de la reforma fiscal de 2013, fue la eliminación el Impuesto Empresarial a Tasa Única que frecuentemente ocasionaba doble tributación a las empresas, sin embargo algunos elementos del cambio legislativo al mismo tiempo de ser inconstitucionales generaron desincentivos para la generación de riqueza en la nación por castigar la acumulación del capital, como fue el caso del aumento progresivo del ISR, el cual genera una evidente violación al artículo 31 en su fracción IV de nuestra carta magna por ir en contra del principio de proporcionalidad en el pago de las obligaciones fiscales.

No debemos ignorar que como lo señala Stiglitz (2015) “lo que necesita la economía global es una reactivación de la demanda agregada y principalmente del consumo, algo que no se logra a través de la política monetaria, pero si mediante decisiones adecuadas de política fiscal.” Al momento de crearse legislaciones que penalizan la generación de riqueza mediante el impuesto se envía un mensaje negativo a los ciudadanos, puesto que se proporcionan incentivos perversos para la evasión en el pago de impuestos, así como para la fuga de capitales.

Es evidente que en el ámbito internacional una porción significativa de las economías de todos los países se encuentran interconectadas y es por ello que factores económicos de diversas latitudes disponen de la capacidad de impactar nuestras finanzas nacionales, sin embargo no se debe pretender justificar en su totalidad nuestra falta de crecimiento mediante sendos señalamientos a elementos externos, cuando existe un amplio margen de responsabilidad que recae sobre nosotros como consumidores y sobre nuestro gobierno como tomador y constructor de políticas públicas en materia económica y fiscal. Nuestros representantes han apostado por algunas decisiones en el plano económico que pretenden dar una solución inmediata a algunas de las graves dificultades a las que se enfrenta nuestra nación, sin embargo, se precisa que pasemos de instrumentos coyunturales de respuesta a las emergencias económicas de nuestro país a una verdadera planeación de nuestra política económica si verdaderamente se pretende alcanzar las metas de crecimiento que año que con año se autoimponen nuestros gobernantes y que de igual manera tienen que ser revisadas antes de la finalización de cada periodo.

Fuentes de información.

El universal. (18 de febrero 2015). Pemex confirma recorte de personal por ajuste. El universal. Versión electrónica.

1 Alumno del doctorado en políticas públicas del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.