Agencia Reforma

Luego que en diciembre el excomisionado federal para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, negó ante un juez haber llegado a acuerdos con autodefensas, abogados de éstos mostraron lo contrario.
Los litigantes exhibieron un acuerdo firmado por Castillo el 26 de enero de 2014 con los entonces líderes del movimiento armado.

En el documento se obliga a autodefensas a registrar sus armas y a enlistarse como policías rurales para institucionalizar su lucha.

“Las autodefensas firman el presente documento, en conjunto con los Gobiernos federal y del estado de Michoacán a fin de incorporarse a la institucionalidad”, refiere el acuerdo que también fue avalado por el entonces gobernador Fausto Vallejo.

“Las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los cuerpos de defensas rurales (…) y se obligan a registrar las armas que actualmente poseen o portan ante la Secretaría de la Defensa Nacional”.

En el escrito, el Gobierno se compromete a dotar de herramientas de comunicación, traslado y operación al movimiento armado ya institucionalizado.

En el documento aparece también la firma de María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, en calidad de testigo de la sociedad civil.

Para Ignacio Mendoza, abogado de autodefensas que hoy están presos, esto demuestra que los civiles armados actuaron con respaldo de los Gobiernos federal y estatal.

En diciembre pasado, en declaraciones hechas ante el Juzgado Quinto Penal, Castillo negó haber signado acuerdos con el movimiento de autodefensas ni avalado un registro de armas.

“Nadie autorizó ni determinó el registro de armas para ningún grupo de personas, puesto que el registro se realiza ante la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, en los términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, argumentó.

A Castillo se le preguntó en el Juzgado sobre los acuerdos que tuvo en 2014 con las autodefensas y el registro de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

“No se autorizó ni se registró arma alguna, y desconozco cuál hubiera sido su destino en caso de registrarse”, sostuvo el ahora director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).