Legislativo: Desequilibrio de Poderes.

Por Hugo Rangel Vargas/ Grupo Crónicas Revista

Hugo Rangel Vargas, Economista, Politólogo, Activista Social

Hugo Rangel Vargas, Economista, Politólogo, Activista Social

En días pasados asistí a una gira que celebraron un par de legisladores locales del estado de Michoacán a algunos municipios de la entidad.  Con pena me percaté que el intercambio de comentarios y opiniones entre los ciudadanos asistentes a los diversos encuentros y los diputados, se centró de manera sustantiva en temas vinculados a la entrega de recursos y a la “gestión de programas y apoyos”.

En este sentido, el artículo 44 de la Constitución del Estado de Michoacán establece con claridad las funciones del Congreso local -órgano al que pertenecen los diputados- mismo en el cual no se hace referencia alguna a facultades en materia de gestión o de entrega de apoyos sociales o económicos. Sin embargo, si bien el fuero constitucional, que garantiza la inviolabilidad de los legisladores por la manifestación de opiniones, puede ser útil para reconvenir a los funcionarios públicos en el ejercicio de recursos y programas; esto ha derivado en una perversión de la facultad central de los diputados: la legislación.

Pese a los cuestionamientos que genera, los diputados locales parecen estar cómodos con las inercias presupuestales y durante las dos anteriores legislaturas ejercieron a trasmano recursos que ascendieron -como es sabido en diversos círculos cercanos a este poder- aproximadamente entre 1.5 y 2 millones de pesos anuales por legislador, en entregas de apoyos y gestoría que se triangulaban a través de la entonces Coordinación de Planeación del Gobierno del Estado.

Las facultades metaconstitucionales del Congreso Local tienen una arista adicional en el fuerte incremento del gasto que ejerce este poder el cual ha pasado de 62.1 millones de pesos corrientes en el año 2000 a 698 millones en 2014; esto significa que se ha multiplicado en más de 11 veces en catorce años y se ubicó en este último ejercicio fiscal en el noveno lugar de los congresos locales a nivel nacional, medido como razón por cada 100 mil habitantes.

Las capacidades de los legisladores locales en Michoacán se han extendido al peligroso terreno del uso de recursos públicos y de la aplicación de los mismos, sin que medie un proceso de evaluación de los impactos que estos generan, ni mucho menos un ejercicio sano de transparencia que nos permita a los michoacanos conocer la productividad del Legislativo, en términos de actualización del marco jurídico y de “gestión en favor de la ciudadanía”.

Lo cierto es que mas allá de la legalidad o ilegalidad de la actividad gestora de los diputados locales, el atractivo político que genera ésta parece incrementarse a la luz de las posibilidades de reelección que abre la reciente reforma electoral, derivado de la cual se antoja poco probable que los legisladores renuncien a esta canonjía que han ganado sus predecesores.

Los efectos de esta degeneración de las actividades legislativas no sólo tienen que ver con el futuro político de los actuales diputados y diputadas; están vinculados a su capacidad de ser un contrapeso real al Poder Ejecutivo, sobre del que pesan las facultades del grueso del ejercicio presupuestal y quien podría cerrar o abrir la llave del mismo a los diputados en función del contentillo político.

Si el ejercicio de contrapesos públicos entre los poderes comienza a verse carcomido o no por los pesos y centavos que circulan por las oficinas de los legisladores locales, esto tendrá que ver su capacidad moral para renunciar a esta indebida prebenda; o bien, por la voluntad del Ejecutivo local de no utilizarla como mecanismo de cooptación o coerción de la voluntad de los diputados.