Por Eduardo Nava Hernández*

Eduardo Nava, Politólogo, Catedrático Universitario

Eduardo Nava,
Politólogo, Catedrático Universitario

Lo que mal empieza, mal acaba. Ese podría ser el epitafio para la huelga que los profesores universitarios agrupados al SPUM estallaron el lunes 29 de febrero, en la Universidad Michoacana, y levantaron exactamente una semana después, el lunes 7.

Como se sabe, no fue una huelga normal. Antes de estallar, su desenvolvimiento fue obstruido por la cuestionable decisión del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de “ponderar” ese derecho colectivo de los trabajadores con el derecho humano a la educación.

Erigiéndose en juez, el funcionario -paradójicamente, miembro del sindicato al que agredía- prejuzgó que este segundo derecho era vulnerado por la suspensión temporal de labores, sin que mediara queja o denuncia alguna de los supuestos afectados, los estudiantes. En realidad, se trató sólo de una artimaña jurídica para anular la huelga como medio de presión, tal como está consagrado en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo.

La credibilidad del Comité Ejecutivo General del SPUM encabezado por Gaudencio Anaya se desplomó (Foto: Foto ACGA) Invocando tratados internacionales que nunca se precisaron, se omitieron, en cambio los Principios de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Derecho de Huelga.

Estos Principios, formulados por la Comisión de Investigación y de Conciliación en Materia de Libertad Sindical y el Comité de Libertad Sindical, si bien reconocen la libertad de trabajo de los no huelguistas y la imposición de un servicio mínimo, lo hacen sólo bajo ciertas circunstancias muy específicas: “El establecimiento de tales servicios mínimos en caso de huelga sólo debería poder ser posible en: 1) Aquellos servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población (servicios esenciales en el sentido estricto del término); 2) En aquellos servicios no esenciales en el sentido estricto en los que huelgas de una cierta extensión y duración podrían provocar una situación de crisis nacional aguda tal que las condiciones normales de existencia de la población podrían estar en peligro, y 3) En servicios públicos de importancia trascendental”. Y ejemplifican algunos casos al considerar “legítimo el establecimiento de servicios mínimos de funcionamiento, por ejemplo, en el servicio de transbordadores de una isla; los servicios de una empresa portuaria nacional; el servicio de subterráneos; los servicios de transporte de pasajeros y mercancías, y de transporte ferroviario; los servicios de correos; los bancos, el sector del petróleo y el instituto monetario nacional”.

Pero además, para determinar esos servicios mínimos a cubrir con trabajadores, “deberían poder participar no sólo las autoridades públicas, sino también las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas.

En efecto, ello no sólo permite un ponderado intercambio de puntos de vista sobre lo que en una situación concreta puede considerarse como servicios mínimos limitados a lo estrictamente indispensable, sino que también contribuye a garantizar que el alcance de los servicios mínimos no tenga por resultado que la huelga sea inoperante en la práctica en razón de su escaso impacto, así como a disipar posibles impresiones de las organizaciones sindicales en el sentido de que una acción de huelga se ha visto frustrada en razón de servicios mínimos concebidos demasiado ampliamente y fijados unilateralmente”.

Como es evidente, en el caso del SPUM se impuso el criterio unilateral del rector de la Universidad, Medardo Serna, y del “ponderador” presidente de la JLCA, Hill Arturo del Río, sin tomar en cuenta la opinión del sindicato. Y, a mayor abundamiento, los citados Principios de la OIT, de la cual nuestro país es signatario, establecen que “un pronunciamiento definitivo y con completos elementos de apreciación […] sólo puede realizarse por la autoridad judicial, toda vez que supone en particular un conocimiento en profundidad de la estructura y funcionamiento de las empresas y establecimientos concernidos y del impacto efectivo que tuvieron las acciones de huelga”.

Hill Arturo del Río, quien se jactó de estar “innovando” y hasta de llegar a establecer “jurisprudencia” en materia de huelga (¡!) no es, evidentemente, ninguna autoridad judicial sino un funcionario del Poder Ejecutivo, a cuya consigna seguramente obedeció en su resolutivo para debilitar el derecho a la huelga y la capacidad del sindicato para presionar por sus legítimas demandas.

Los magros ofrecimientos de incremento a las prestaciones (de 0.5 a uno por ciento) parecen haber sido suficientes para convencer a la mayoría de los sindicalizados de terminar el movimiento huelguístico. Pero la resolución de la Junta el 29 de febrero, y la ulterior negativa de la suspensión provisional el 6 de marzo -cuyos términos no se han difundido por el sindicato- por el Juzgado Primero de Distrito en el juicio de amparo promovido contra los actos de la JLCA y, en el colmo, la insólita y mal sustentada solicitud del rector de declarar inexistente la huelga, deben haber desanimado a muchos profesores de continuar la suspensión de labores que desde el principio fue artificiosamente debilitada por la autoridad laboral.

El saldo es lamentable en varios aspectos, pero particularmente para los profesores que esperan desde hace varios años el cumplimiento de sus promociones ya dictaminadas. Con 700 casos y un rezago que viene de al menos el año 2011, la Rectoría se comprometió sólo a resolver los casos de ese año -unos 170- y, hasta donde alcance, una parte de los de 2012. Eso condena a la gran mayoría de los promovidos sólo en el papel a esperar al menos un año más para que les cumplan con el compromiso institucional para el que ellos ya cumplieron los requisitos.

Se hace pagar a los académicos de la Universidad por el multimencionado quebranto financiero de la institución, quebranto del que ellos no son responsables y del que tampoco se ha señalado como causante a ninguno de los anteriores rectores, tesoreros y autoridades, pese a que el déficit se generó sobre todo en las gestiones de Jaime Hernández Díaz, Silvia Figueroa Zamudio y Salvador Jara Guerrero.

Nadie, como es obvio, los llamará a cuentas por el daño que está afectando ya directamente a los académicos, aunque todos ellos se retiraron del cargo con la máxima categoría existente en la Universidad.

La credibilidad del Comité Ejecutivo General del SPUM encabezado por Gaudencio Anaya se desplomó por su incapacidad para conducir el movimiento y mantenerlo a flote, y algunas secciones sindicales están pidiendo ya la revocación de su mandato, aunque no se haya permitido expresarlo en la sesión del Consejo General de Huelga del lunes 7.

Pero el problema de fondo es un contexto general en el que se ha iniciado ya la anulación del proceso de huelga como un método legítimo para defender los derechos del trabajo y para debilitar, y el virtual aniquilamiento de las organizaciones laborales, como se ve también en el caso de la Sección 271 del Sindicato Minero, en Lázaro Cárdenas, en los despidos masivos en Pemex y el sector magisterial.

La amenaza contra el régimen vigente de jubilaciones en la Universidad Michoacana en la institución es inminente; el rector ha comprometido ante el Congreso del Estado presentar una propuesta al respecto antes de que termine el presente mes. La disminución de los derechos del trabajo es la consigna que han dado tanto el gobierno federal como el local de Michoacán. Para ello han logrado ya un importante avance con la derrota de los académicos universitarios en esta semana. Pero los sindicatos universitarios tienen mandatos muy claros de sus órganos superiores de decisión de defender esta prestación fundamental, y sólo la traición de los dirigentes podría llevarlos a firmar la capitulación en esa materia. Está, pues, por verse hasta dónde pueda llegar la ofensiva contra el trabajo en sus propósitos y hasta dónde pueden los trabajadores oponer su resistencia.

*Este texto ha sido publicado, originalmente,  en el sitio Cambio de Michoacán, en la dirección http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc1418