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Expresiones de la impunidad: cuando la “justicia” es anónima

Por Sergio Alberto Nájera-Villegas

Sergio Nájera Villegas

Sergio Alberto Nájera Villegas,Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho en Ciencia Política

Para nadie es un secreto la ola de violencia que estamos padeciendo a lo largo y ancho del país, como tampoco lo es la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado para responder a tal amenaza, ante la aparente “indiferencia” o ineficacia del sistema oficial hacia los problemas que aquejan a la gente, ésta tiende a buscar por sus propios medios la “solución” de sus problemas, los cuales ponen de manifiesto el pacto de corrupción entre autoridades y delincuentes así como el hartazgo de la población.

En los años recientes toda la sociedad mexicana ha sido constantemente atacada por un muy largo y grave problema de violencia, este ha sido resultado de las fallidas “políticas públicas” implementadas en contra del crimen organizado. El combate a dicho fenómeno se centró principalmente en un ataque frontal contra los integrantes de los grupos delictivos,  pero los resultados de esta guerra arrojaron literalmente al abismo de la violencia a regiones enteras del país, en donde hablar de muertos, desaparecidos, secuestrados, extorsionados, etc.; lamentablemente resulta algo cotidiano.

Cuando se comete un hecho delictivo es natural que las victimas experimenten sentimientos de ira y frustración, generalmente aunados a una respuesta institucional lenta  porque el auge delincuencial rebaso la capacidad del Estado para enfrentar el fenómeno delictivo, la consecuencia lógica ante el precario trabajo realizado por las autoridades ha sido el surgimiento generalizado de un hartazgo social.

Ante este vacío de seguridad, acompañado de un sentimiento de impotencia, surge como única salida la “justicia por propia mano”, esta justicia lejos de protegernos lo que hace es marginar al Estado como único administrador del respeto y la paz social que han de armonizar a la sociedad.

En México el auge de la “justicia por propia mano” ha sido producto de una profunda impunidad y una crisis de la autoridad, que se expresa en el hartazgo de la gente hacia un Estado incapaz de proporcionar seguridad a sus ciudadanos.

Diferentes expresiones, como las guardias comunitarias, el “vigilantismo” y los linchamientos sociales son fenómenos que nos hablan de una crisis de autoridad y que, en el contexto nacional, forman parte de una crisis del Estado.

Cuando los autodenominados “justicieros anónimos” castigan presuntos ladrones, violadores u homicidas, siempre se corre el riesgo de cometer errores de identidad, y se han dado casos en que se da muerte a inocentes por no ser del lugar o tener un aspecto sospechoso; eso es lo que llaman estar en el sitio y la hora equivocado.

Ante la ausencia de medidas estructurales que ataquen el fondo del problema delictivo este tipo de actos suelen esparcirse como la pólvora, ya que los ciudadanos creen que matando al presunto delincuente solucionan el problema. Matar al presunto delincuente no va a acabar con la problemática, sino que en parte la reforzará: los ciudadanos “justicieros” se vuelven también criminales. Con una particularidad: mientras para unas cosas los ciudadanos son “justicieros”, para otras son cómplices, como lo ha dejado en evidencia la actitud ambivalente de muchos ciudadanos ante la creciente inseguridad.

Como ya lo mencionamos, esta actitud individual de promover la justicia por propia mano es muy riesgosa, ya que tiene un efecto multiplicador, así la aparente solución puede resultar peor que el propio problema, ya que casi siempre el ciudadano que enfrenta al delincuente resulta herido o muerto.

Ante la exasperación de las víctimas de la delincuencia por la absoluta incapacidad de la policía, la justicia por propia mano no sólo es aplaudida sino que también es un recurso creciente entre los ciudadanos que sufren los estragos de la delincuencia.

Al participar directa o indirectamente en este tipo de actos de “justicia” el ciudadano experimenta un desahogo de la frustración acumulada por las innumerables ocasiones en que ha sido víctimas de un despojo, por esta razón muchos encuentran difícil resistir la tentación de dar un escarmiento a los delincuentes atrapados, pues saben que entregarlos a la justicia resulta inútil en la mayoría de las ocasiones, y que saldrán libres para seguir delinquiendo.

La realidad muestra cómo cotidianamente las personas reaccionan contra quienes consideran culpables de la comisión de delitos sin que el Estado medie como administrador de justicia, en palabras sencillas, se aplican castigos directamente, sin parámetros de proporcionalidad ni rigor en el establecer la responsabilidad del supuesto infractor.

Muchas veces ese rencor es el que incita a la violencia: hay una inconformidad con el funcionamiento de las instituciones encargadas de proporcionar seguridad e impartir justicia. La aparición de “justicieros anónimos” es un síntoma de una red de ineficacia estatal: es el sentir generalizado de una población que desconfía de las autoridades institucionales.

De generalizarse esta práctica entre la sociedad, el riesgo que corremos todos esque la sociedad entre en un peligroso proceso de descomposición en donde el Estado de derecho tiende a desaparecer. Bajo esta tesitura el país se puede volver ingobernable, la inseguridad aumentara en lugar de disminuir

Así, la responsabilidad de las autoridades va más allá de atender y resolver el problema de los “justicieros anónimos” surgidos en los últimos días, lo que tiene que hacer es generar las condiciones para que estos no aparezcan, es decir, atacar el problema de la delincuencia de fondo para así generar y garantizar condiciones de seguridad en un estado de derecho.

Actualmente las autoridades están siendo omisas para hacer una persecución verdadera de la delincuencia, y las instituciones de procuración de justicia están avocadas a perseguir disidentes políticos, a disciplinar comunidades, y reprimir luchas sociales; es tarea de la sociedad civil generar contrapesos en contra de la corrupción y exigir que las autoridades no sean omisivas y no permitan más casos de impunidad.

A pesar de las cifras “optimistas” y sesgadas que nos dan los políticos en materia de seguridad no se puede pasar por alto que el problema de la delincuencia es grave, que se intente hablar menos del tema en los medios de comunicación o que se pretenda “cambiar la narrativa” sobre los sucesos violentos en México, desde la nota oficial, probablemente quite tensión al ánimo social durante algún tiempo. Sin embargo, los registros sobre la violencia y las expresiones de la delincuencia organizada continúan en ascenso. El tema trasciende al número de muertos y desaparecidos, y compromete la viabilidad del Estado mismo.