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Por NYTIMES

El 5 de diciembre, la Secretaría de Energía comenzó a subastar las joyas de la corona de las reservas petroleras mexicanas, tractos de aguas profundas que, junto con los destinados a la fracturación hidráulica (o fracking), se supone que desencadenarán una avalancha de petróleo y gas en México. Las subastas son el resultado de una ley de 2013 que abrió la industria del gas y el petróleo a las empresas privadas después de 75 años de propiedad pública. ¿Qué podría salir mal?

Muchas cosas, como las experiencias recientes en Estados Unidos lo sugieren.

Hace cincos años, Deepwater Horizon familiarizó al mundo con los riesgos de la perforación en aguas profundas, y los estadounidenses están cada vez más conscientes de los peligros de la fracturación hidráulica. En México, las amenazas de ambos aumentarán: la empresa petrolera paraestatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), ha operado desde hace mucho tiempo con escasa supervisión ambiental, un legado que muy probablemente continuará mientras las operaciones del sector privado comiencen.

Las leyes mexicanas de seguridad ambiental y seguridad laboral han mejorado considerablemente durante los últimos 30 años, pero les falta peso. Los recursos insuficientes para el monitoreo y su cumplimiento han frenado su influencia, sobre todo en los lugares que más las necesitan, como el río Coatzacoalcos al sur de Veracruz, cuna de gran mayoría de la producción petroquímica de Pemex.

Por hostiles que hayan sido los problemas para los residentes de la región, ignorar la contaminación de Pemex ha cumplido una suerte de propósito público. El menosprecio ha protegido una empresa que era, después de todo, una rama del gobierno que proporcionaba 30 por ciento o más del presupuesto federal de México. Irónicamente, en la década de los treinta, la destrucción ambiental provocada por las empresas petroleras multinacionales había provisto un ímpetu poderoso para que México las nacionalizara.

En respuesta, se ha creado una nueva agencia para manejar el impacto ambiental y de seguridad para los trabajadores: la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, conocida por su sigla ASEA. No obstante, sin importar lo bienintencionados que sean sus líderes, se enfrentan a una situación casi imposible.

Mientras que la oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental de Estados Unidos —BSEE por su sigla en inglés— se enfoca casi por completo en los pozos de agua profunda, ASEA regula mucho más: aguas superficiales y pozos a tierra (convencionales así como para fracturación hidráulica), gasoductos por tierra, plantas de refinación y procesamiento, distribuidores de gas y las 12.000 estaciones de servicio en México. Debe hacer todo eso con la mitad del personal de la BSEE: con cerca de 90 inspectores.

Los miembros del personal de ASEA han sido diligentes en buscar el asesoramiento de Estados Unidos y otros países, y aún tienen la esperanza de poder mejorar el régimen ambiental en México. Pero con personal limitado, tienen que depender en gran parte del autocontrol al interior de las empresas; los inspectores de la agencia solo salen de Ciudad de México para supervisar operaciones de alto riesgo. En cuanto a lo demás, esta nueva agencia aún depende de las oficinas locales de los reguladores ambientales tradicionales de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para controlar las condiciones ambientales en los lugares más vulnerables, entre ellos el río Coatzacoalcos.

Sin embargo, tras la caída de precios del petróleo, estas agencias más antiguas han reducido su propia supervisión. El dirigente de la Semarnat en Coatzacoalcos ahora niega toda responsabilidad por impactos “industriales”. La operación local de Profepa ahora solo “administra” directrices emitidas desde Jalapa, la capital de Veracruz. Visto desde este rincón del país, la llegada de ASEA no ha fortalecido, sino fragmentado, la regulación ambiental de México, pues acabó con la poca supervisión local que ya existía.

Esta fragmentación, y el hecho de que ASEA no tenga jurisdicción sobre la contaminación marina y las plantas petroquímicas, deja el camino abierto al desastre. Ya hemos visto señales preocupantes de lo que podría deparar el futuro. Una explosión en abril pasado en la planta de cloruro de vinilo, Pajaritos (vendida hace poco a la empresa privada Mexichem), en el Coatzacoalcos mató a 32 trabajadores e hirió a 136, además de lanzar una inmensa nube de humo y vapor tóxico sobre los pueblos circundantes. Medio año después, seguimos esperando un reporte oficial acerca de qué salió mal, así como cargos legales contra los responsables.

Eclipsada por la cobertura mediática de la violencia del narcotráfico y la corrupción, la debilidad de la legislación ambiental mexicana ha empeorado en silencio. Eso es especialmente preocupante dado que las empresas privadas ahora se preparan para cavar en el fondo marino y el subsuelo del país de formas nuevas y potencialmente peligrosas.

Los tractos de aguas profundas del litoral mexicano, que se subastaron este mes, contienen petróleo con valor de hasta 10 mil millones de dólares. Entre los ganadores de la licitación están los verdaderos gigantes del petróleo: Total, Chevron, y Exxon-Mobil, así como la multinacional china Cnooc Limites y la angloaustraliana BHP Billiton, que apenas el año pasado fue responsable de un derrame masivo y letal en Brasil.

Lo que México necesita es un fuerte asesoramiento por parte de Estados Unidos. Los reguladores de los dos países ya tienen una buena relación laboral, aunque eso podría ponerse en riesgo si los ataques a México siguen surgiendo desde Washington y otras partes. Las mejores prácticas, el entrenamiento y el intercambio de recursos son medidas críticas que se necesitan para ayudar a que los reguladores gubernamentales manejen el reto inminente de un sector de gas y petróleo expandido considerablemente. Si no lo hacen, México pronto podría ser el ejemplo de un Estado ambiental fallido.

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