Por  Mónica Uribe /Fuente: El Economista

Tras la detención de Javier Duarte el Sábado Santo a las orillas del lago Atitlán en Guatemala, en las redes circuló un meme en donde eran señalados los gobernadores acusados de corrupción, desvío o malversación de fondos y otros delitos de cuello blanco, que han pasado por un juicio, o por la cárcel; como bien sabemos, sólo tres, se encuentran tras las rejas. Este meme, el de “2012-2018, la generación de la uña”, se basó en una foto de los 31 gobernadores con el presidente Peña Nieto el día de su toma de posesión en diciembre del 2012.

Señalados en el meme estaban los exgobernadores perredistas Juan Sabines (Chiapas), Ángel Aguirre (Guerrero) y Graco Ramírez, aún gobernador de Morelos; de los panistas, se omitía señalar al sonorense Guillermo Padrés, aunque se señalaba al aliancista oaxaqueño, Gabino Cué. El resto de los señalados en el meme eran priistas: el chihuahuense César Duarte, el hoy preso, Javier Duarte; Fausto Vallejo, de Michoacán; el neoleonés Rodrigo Medina; el químico tabasqueño Andrés Granier, el quintanarroense Roberto Borge; el coahuilense Rubén Moreira, que recién exoneró a su hermano Humberto.

Después, Ciro Gómez Leyva retomó la imagen y añadió a otros gobernadores a los que se les imputa algún delito, como al colimense Mario Anguiano; al tamaulipeco Egidio Torre —al que se le acusa, junto con Eugenio Hernández y, el hoy preso, Tomás Yarrington, de establecer las condiciones para que el Cártel del Golfo haya sentado definitivamente sus reales en Tamaulipas, amén de no haber resuelto el asesinato de su propio hermano—; al veracruzano Fidel Herrera; al mexiquense Arturo Montiel; al oaxaqueño Ulises Ruiz; al neoleonés Natividad González Parás; al duranguense Jorge Herrera Caldera; al poblano Mario Marín, al que además de imputársele una relación con el crimen organizado, está el acoso y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho; y, por supuesto, al coahuilense Humberto Moreira, ubicado y encarcelado en España, gracias a los convenios de cooperación y luego liberado. Dicen que el trato dispensado a Moreira desconcertó tanto a la policía española, que prefieren no entrar en la persecución de mexicanos, pues refieren que ellos hacen el trabajo duro para que las autoridades judiciales mexicanas terminen por exonerar a delincuentes, como sucedió con ­Diego Cruz —uno de los chicos de la banda de los Porkys, acusados de violar a una menor veracruzana, Daphne Fernández— el que fue atrapado por la policía española y posteriormente exonerado del delito, exactamente igual que a Humberto Moreira. Espero que los guatemaltecos no tengan que decir lo mismo…

De los 19 gobernadores priistas en funciones en el 2012, 10 están en problemas. Del llamado club de los virreyes, tres están presos (Granier, Javier Duarte y Yarrington); uno bajo proceso (Medina); otro prófugo (César Duarte), uno desaparecido (Borge), otro se desvaneció (Anguiano), otro tuvo que renunciar (Vallejo), dos están bajo sospecha (Sandoval y Anguiano) y otro en capilla (Torre).

De los que aún son gobernadores, el caso más extremo es el de Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit. Antes de que cayera su exfiscal Édgar Veytia en Estados Unidos por delitos de crimen organizado y narcotráfico, ya había elementos que indicaban el nivel de corrupción de su gobierno.

Nayarit y el rector que se fue de pinta

Uno de los incidentes menos conocidos fue el uso que Sandoval hizo de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) como caja chica del gobierno, pues se sabe que hubo millonarios desvíos de recursos, y hay indicios de lavado de dinero procedente del narcotráfico. El contador público, Juan López Salazar, rector de la UAN del 2010 al 2016, hoy se encuentra prófugo. López Salazar fue nombrado rector de la UAN por el exgobernador Ney González, poco antes de dejar la gubernatura. Sin embargo, el hoy exrector prófugo fue mucho más cercano al gobernador Sandoval.

La UAN atiende a 27,000 estudiantes. El futuro de la universidad hoy está en riesgo, por una crisis institucional y financiera de grandes proporciones, agudizada durante el rectorado de López Salazar. Si en el 2010 ya la UAN tenía una nómina inflada, en el 2014 se dejaron de pagar salarios y prestaciones. Académicos y administrativos exigieron a López Salazar que transparentara las finanzas. Hizo caso omiso, mientras él y su esposa llevaban una vida social de alto vuelo, que no correspondía con la situación de la universidad. En el 2015, sorpresivamente, se pagaron algunos salarios rezagados y aguinaldos, gracias a un préstamo privado, que resultó ser de un trabajador administrativo de la UAN, asunto bastante inverosímil, lo que hace sospechar la infiltración del narco en la UAN. Las inconsistencias llevaron a que académicos y administrativos solicitaran una auditoría por parte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), dependiente del Congreso estatal, de las finanzas de la universidad en el 2015. El Órgano Fiscalizador encontró un déficit de un billón 400,000 millones de pesos: un adeudo de 313 millones con el SAT y de 93 millones con el Infonavit, aunque las cuotas sí se descontaban a los trabajadores; así como un perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública por 583 millones 960,000 432.05 de gastos e ingreso no comprobados.

En noviembre del 2016, la Fiscalía General del Estado informó que había emitido una orden de aprehensión contra Juan López Salazar por peculado y ejercicio indebido de funciones, y que había solicitado a la Interpol su búsqueda y captura, lo cual resultó falso, pues el único mexicano buscado por la Interpol era Javier Duarte.

En febrero del 2017, el edificio administrativo de la UAN ardió en llamas, con lo que la evidencia de los malos manejos se perdió definitivamente, mientras que el gobernador Sandoval sólo decretó la reforma de la UAN, limitando su autonomía de gestión.

Otra historia, casi de película de Woody Allen, es la de las vacas neozelandesas que pastaban en el estado de Nayarit compradas con presupuesto del gobierno de Chihuahua, curiosamente en terrenos del hermano del gobernador.

Amén de un gasto exagerado sin resultados claros para los ciudadanos nayaritas, hay una fundada sospecha de enriquecimiento ilícito proveniente no sólo de recursos públicos, sino de otros espacios. Recién se presentó una denuncia por presunto enriquecimiento inexplicable ante la Procuraduría General de la República contra el gobernador Sandoval.

Entre los demandantes están los perredistas Guadalupe Acosta Naranjo, Javier Castellón, Luis Zamora y Miguel Ángel Arce Montiel; el panista Polo Domínguez, el poeta Octavio Campa, el promotor artístico Enrique Agüet y el abogado Emiliano Zapata Sandoval, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa estatal. Los denunciantes recordaron que el propio gobernador dijo durante su campaña a la gubernatura, que tuvo que irse a Estados Unidos como indocumentado porque su crisis económica era durísima. Sin embargo, al regresar fue diputado local, alcalde de Tepic y, gracias al apoyo presidencial, gobernador de Nayarit desde el 2011.

Los denunciantes, apoyados en material que circula por las redes sociales, señalan que, un año después de tomar posesión, Roberto Sandoval presumía su rancho El Ensueño, ubicado en el municipio de San Blas. Dicha propiedad se calcula que tiene un valor de 40 millones de pesos, monto que no pudo haber ahorrado durante los cinco años previos sólo con su sueldo de presidente municipal, como Sandoval públicamente aseguró.

La penetración del crimen organizado en Nayarit, ya captó el interés estadounidense. Puede que Sandoval sea el segundo Yarrington.