Editorial / Pedro Emiliano Rusiles

El jueves 4 de mayo se realizó en la Casa de Cultura Jurídica de la SCJN en la ciudad de Morelia el Foro ” A 10 años de la despenalización del aborto en la CDMX”.  Los trabajos del foro y el debate/dialogo con el público se centraron en tres mesas temáticas:  1. Derecho a decidir ; 2. Aborto y políticas públicas;  3. Status jurídico del aborto en Michoacán, México y a nivel internacional, coordinadas por la Directora de la Casa Jurídica Estrella López Maciel.

Con la participación de un numeroso público ( en números  inesperados )  que obligó al cambio de salón para acomodar a las organizaciones sociales, a los estudiantes universitarios y público en general, el foro  consiguió una difusión y un impacto raramente observables en Morelia, cuando se tocan estos temas. Lo que revela la urgencia de un debate, la fuerza  de organización de las mujeres y el impacto social concreto de políticas públicas regresivas que son sentidas en carne propia por las mujeres .

En el foro estuvieron presentes diversas especialistas y luchadoras sociales de las cuales resaltamos, desde la academia, las excepcionales participaciones, por su profundidad y enfoque,  de Ana Cristina Ramírez Barreto (Facultad de Filosofía/UMSNH) con el tema  “La penalización del aborto [humano] NO salva embriones. Sólo garantiza la inseguridad jurídica” y de Teresa Da Cunha Lopes  (UMSNH, Facultad de Derecho/CIJUS). con “Aborto, criterios jurisprudenciales y guerras culturales”, que dejaron claro que es necesario reflexionar sobre los derechos reproductivos bajo el paradigma del principio de autonomía” “la característica primaria de la ciudadanía en un Estado moderno es la de la autonomía del sujeto; y la esencia de esta autonomía significa libertad para elegir, siendo más valiosa la decisión objetivamente equivocada, pero libre, de la acertada, pero llevada a cabo bajo coacción.” Y de que , “En una sociedad democrática y plural, el Estado legisla sobre los derechos y deberes de la ciudadanía, pero no le indica cómo debe vivir y cuál es la “vida buena”.

Teresa Cunha Foro aborto

 

Por parte de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa de los derechos humanos, resaltamos las participaciones fuertes, fruto de muchos años de lucha en pro del reconocimiento de las libertades y derechos de la Mujer de las activistas sociales y especialistas: Esperanza del Consuelo Román Valadez  con “Diálogos multidisciplinarios acerca del aborto”; Mónica Lorena Murillo Acosta  con “Perspectivas del aborto en México”; Keneth Yannick Castro Herrejón que habló del ” El aborto legal es una deuda de la democracia”; Alba Denisse Brown Beltran que analizó ” La construction social del aborto y las decisiones sobre los cuerpos de las mujeres” y Elidet García López que presentó un estudio comparativo de las legislaciones (y de los paradigmas de su construcción) sobre la interrupción del embarazo en Alemania, Francia, Portugal y México.

Algunos puntos de las diversas intervenciones nos parecen dignos de ser resaltados.

Las leyes de aborto de América Latina están entre las más restrictivas del mundo.  México no es una excepción, manteniendo en su Código penal federal un texto que data del 1937 con penas duras y casi sin excepciones.  Otro ejemplo, El Salvador, que prohíbe el aborto en todas las circunstancias y ha encarcelado a mujeres que asistieron a salas de guardia después de abortos espontáneos, acusándolas de haber recurrido a abortos ilegales.

La contracepción también puede ser costosa o de difícil acceso en toda la región, a pesar de las altas tasas de violación y embarazo adolescentes.

Por otro lado , es necesario enfatizar que  la penalización del aborto es una arma dirigida contra las mujeres pobres, en particular oriundas de grupos vulnerables, por lo cual los gobiernos deben asegurar que los servicios sean accesibles y costeables.

Las mujeres  adineradas pueden permitirse pagar a proveedores de atención médica privada para practicarse abortos seguros. Las mujeres pobres están obligadas a recurrir a proveedores mal entrenados y equipados que operan en condiciones insalubres, a veces como parte de redes criminales.

En este contexto, la legalización introducida hace 10 años en la CDMX (entonces D.F.) es una excepción que debería ser considerada como el modelo a seguir por otras entidades federativas y que ha permitido salvar millares de mujeres.

De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, entre el 2007 y el 2017 las mujeres de 18 a 24 años son las que más abortos se han realizado, representando 47%, seguidas de las que tienen entre 25 y 29 años, con 22.6% del total. Las que menos lo realizan son las mujeres de 45 años o más (0.5 por ciento).

En 10 años, en la CDMX se realizaron 125,276 interrupciones legales (71%), en el Estado de México 44,696 (25.3%), lo que representa 96% del total, que suman 176,355 casos. De hecho son las mujeres solteras (53.3%) y las que están en unión libre (28.1%) las que más realizan esta práctica de manera legal.

Por razones médicas, legales o sociales, en  las otras entidades de la República  solo es legal que una mujer aborte por un embarazo producto de una violación y 29 estados no penalizan la interrupción del embarazo cuando la mujer se encuentra en riesgo de muerte, aunque en la Ciudad de México la Ley de Interrupción Legal del Embarazo cumple apenas 10 años desde su entrada en vigor.

Sin embargo, en la practica, excepto en el caso de la CDMX,  aún cuando se trata de casos de violación o de riesgo para la vida de la madre es casi imposible que la mujer ejerza ese derecho debido a que los estados no han creado las condiciones materiales ni de infraestructura ni de recursos humanos para  atender a las mujeres obligadas a abortar, aun y cuando están bajo los presupuestos legales para lo hacer.

Más, en los últimos años, los conservadores en diversos Congreso estatales, como lo vimos con la reciente iniciativa del Gobierno de Michoacán  han intentado poner límites al aborto  y aumentar las sanciones penales .  Otros estados como San Luis de Potosi, Baja California o Nuevo León han constitucionalizado el derecho absoluto a la vida, lo que fue motivo en el 2011 de una acción de inconstitucionalidad.

Estos esfuerzos -que demuestran una total desconsideración por los derechos y la dignidad de las mujeres- deben terminar. Por el contrario, se debería expandir el derecho de las mujeres a practicarse un aborto, bajo condiciones dignas y sin discriminaciones ni  condenas penales ni sociales .

De lamentar la ausencia de las legisladoras locales, que fueron invitadas, pero que se lucieron por una falta de interés significativo por se pronunciar sobre un tema fundamental para las mujeres.

El foro “A 10 años de la despenalización del aborto en la CDMX” , una convocatoria conjunta de la Casa de Cultura Jurídica , del Área de Sistemas Jurídicos Comparados del CIJUS, de la Red Azaleas, del colectivo Las Desobedientes y de Amnistia Internacional (Michoacán), fue  una llamada de atención para que el Estado mexicano , y en particular Michoacán, reconstruyan y fortalezcan los sistemas de salud pública, y garanticen que todas las mujeres y las jóvenes tengan acceso a contraceptivos y abortos seguros.

La alternativa es aterradora y la cifra de las víctimas de una clandestinidad a que son acorraladas se asemeja a una estrategia de  genocidio  y de represión  dirigido contra la mujer pobre, indígena, sin red de apoyo , cuyo único fundamento es una ideología de opresión patriarcal que reproduce formas de opresión política, económica y social que no tienen lugar en el siglo XXI .