Fuente: SHCP / Agencias

A partir de abril  entró en funcionamientola alerta de deuda estatal  atings, instrumento que permitirá tener un mejor control y transparencia sobre los recursos que ejercen los estados y municipios.De acuerdo con la Ley de disciplina financiera, la SHCP hace na evaluación de la deuda inscrita en el Registro Público Único de los entes públicos, de acuerdo a su nivel de endeudamiento. El nivel de deuda se clasifica en tres formas: endeudamiento estable, endeudamiento en observación y endeudamiento elevado.

Durante el primer trimestre de este año, el monto total de créditos adquiridos por entidades, municipios y entes públicos alcanzó un máximo histórico de 16,871.5 millones de pesos.

Lo anterior, de acuerdo con datos sobre financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuya entrada en operación comenzó a partir de noviembre del 2016, aunque la información data desde 1989.

En relación a igual periodo del 2016 (4,241.1 millones de pesos), el aumento fue de 297.8%, la mayor variación anual en la última década.

El coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey (CIEN), Héctor Magaña, destacó que “los niveles de recaudación de impuestos de las entidades federativas han resultado muy bajos”, una de las razones por las que se registró este incremento.

Puntualizó que los estados y municipios, “al no contar con una fuente de financiamiento sólida, lo que tienen que hacer es conseguir esos recursos de otra manera y el más sencillo es la deuda”.

De 16,871.5 millones de pesos, repartidos en 17 financiamientos entre sólo seis estados, Nuevo León fue la entidad con el mayor número de créditos, con ocho, así como el monto de obligaciones más elevado, por un total de 10,289.3 millones de pesos, que corresponde a 61.0% de la deuda contraída en los primeros tres meses de este año.

Le siguieron el Estado de México, con un solo crédito por 2,500 millones de pesos; Coahuila, también con uno, por 2,037.8 millones; Morelos, con tres que suman 1,500 millones; uno de 300 millones, en San Luis Potosí, y tres en Chiapas, que en conjunto fueron por un total de 244.4 millones.

Aunque en el caso de este último, uno de los tres financiamientos fue adquirido por el gobierno central y los otros dos fueron contratados por los municipios de Tenejapa y Chamula; en las otras entidades, los adquirientes fueron únicamente las administraciones estatales.

Destino

Con respecto al destino que los gobiernos plantearon para dichos recursos, estados como Coahuila y Nuevo León señalaron como única finalidad el refinanciamiento.

El analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Kristobal Meléndez Aguilar, enfatizó que algunas entidades, como es el caso de Nuevo León, se encuentran reestructurando la deuda, “entonces, contratan más deuda, pero este dinero se destina al pago de deuda (anterior); esto es por la Ley de Disciplina Financiera”.

Opinó también que no es la forma más adecuada de resolver el problema, porque “lo que están haciendo los gobernantes, es pasar la responsabilidad del pago de esa deuda al siguiente gobernante (…) lo están llevando a largo plazo y simplemente están esperando que alguien más la pague”.

Además de las entidades mencionadas, Morelos también dirigió a refinanciamiento dos de sus tres créditos, pero destinó el tercero a inversión pública productiva, siendo ésta última, la misma categoría de destino del total de los recursos solicitados por el Estado de México y Chiapas.

Dicho tipo de inversión, hace referencia a toda erogación por la que se genere un beneficio social y cuya finalidad sea: la construcción, mejoramiento, rehabilitación o reposición de bienes de dominio público, la adquisición de bienes destinados al equipamiento o la adquisición de aquellos para la prestación de un servicio público específico, de acuerdo a la SHCP.

Por su parte, San Luis Potosí fue el único estado en referir el uso del financiamiento para cubrir necesidades de corto plazo.

Plazos y tasas de interés

Los estados que adquirieron sus obligaciones a un plazo más largo, fueron Nuevo León, Coahuila y el Estado de México, con plazos que van desde 220 hasta 304 meses.

A su vez, San Luis Potosí y Chiapas pactaron con los bancos plazos más cortos, de un mes en el primero, y de hasta 48 meses en el caso chiapaneco.

En cuanto a las tasas de interés definidas en los contratos inscritos en el Registro Público Único, todas las entidades, con excepción de Chiapas, manejaron una tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE), que actualmente, a un día, se ubica en 6.5 por ciento.

El gobierno chiapaneco pactó tasas de: 9.10%, para el crédito de 81.5 millones de pesos; de 9.38%, para el de 108.2 millones, y de 9.53%, para el de 54.7 millones.

Tipos

Pese a que el crédito simple predominó como tipo de obligación adquirida por parte de los estados, San Luis Potosí optó por la de pagaré, y Chiapas por la de arrendamiento financiero, en el caso de uno de sus tres financiamientos.

Héctor Magaña precisó que las características del pagaré son que se establece cierto plazo, y al fin de éste se tienen que pagar intereses sobre la deuda contraída, mientras que con la figura de arrendamiento financiero, “la ventaja es que se puede hacer de la propiedad del bien que está arrendando”.

Entre los bancos acreedores, se encuentran: Banobras, Banorte, Interacciones, Afirme, Multiva, Bajío, Banamex y HSBC.

El Registro Público Único se encuentra a cargo de la SHCP y tiene como objeto inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos y obligaciones a cargo de los entes públicos, como: créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, garantías y contratos de Asociaciones Público-Privadas, entre otros.

Deuda de Michoacán

En Marzo del 2017,la calificación de la deuda de Michoacán sufrió una Revisión a la baja, aún que cabe referir que, también en marzo, el Congreso local aprobó la propuesta  del Ejecutivo para reestructurar deuda pública hasta por 11 mil 595 millones de pesos.

HR Ratings revisó a la baja la calificación de Michoacán de “HR BBB+” a “HR BBB”, manteniendo la observación Negativa.

La revisión a la baja se debe principalmente a la adquisición de financiamiento a corto plazo por parte del estado, lo cual no estaba considerado en las estimaciones de la institución financiera.

Al cierre del 2016, se observó un crédito a corto plazo con Banco Interacciones con saldo por 3,470 millones de pesos, que con esto, la deuda quirografaria de la entidad representó 16.6% de la deuda total.

La deuda directa ajustada de Michoacán fue de 20,860.4 millones de pesos, la cual estuvo compuesta por 13,152.8 millones correspondientes a 10 créditos bancarios estructurados a largo plazo, 4,237.7 millones de certificados bursátiles y 3,470 millones referentes a un financiamiento a corto plazo con banco Interacciones. Este último se adquirió en septiembre del 2016 y cuenta con vencimiento a un año.

El estado reestructuró su deuda en el 2017 con el objetivo de mejorar sus condiciones crediticias actuales, así como la posible modificación a las razones de finanzas públicas.

Por otra parte, la calificadora mantuvo la observación Negativa debido a que de acuerdo con el contrato de crédito Banobras por un monto de 4,112 millones de pesos, la entidad tiene establecidas razones financieras mínimas que debe cumplir al cierre de cada ejercicio.