Agencias/SCJN/ Grupo Crónicas Revista

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó los artículos de la normativa del Sistema Nacional Anticorrupción que disponen, primero, que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos serán públicas.

Ello, salvo en aquellos rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales, los que quedarán bajo resguardo de las autoridades competentes.

Los ministros de la Suprema Corte también declararon constitucional que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sea el que emita las normas, formatos impresos, además de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los declarantes deberán presentar las declaraciones, así como los manuales e instructivos correspondientes.

En su momento, diputados federales promovieron una acción de inconstitucionalidad  (A.I. 70/2016)contra los Artículos 29 y 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el sexto párrafo del Artículo 3 Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Al respecto, los diputados argumentaron que la normativa impugnada atentaba contra el principio de publicidad total de las declaraciones que deben rendir los servidores públicos, introducido en la reforma constitucional en materia anticorrupción.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó y votó  el proyecto de la Ponencia del Ministro Cossío Díaz. En el proyecto, tal como lo especifica el propio ministro ponente en un documento intitulado “POSTURA DEL MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 70/2016 EN LAS SESIONES PÚBLICAS ORDINARIAS DE LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2017 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN , “se precisan los dos conceptos de invalidez planteados por los accionantes. En el primero de ellos elaboran un argumento general en el sentido de que el artículo 29 impugnado atenta contra el punto central de la reforma constitucional en materia anticorrupción: la publicidad total de las declaraciones que deben rendir los servidores públicos con la finalidad de consolidar una confianza social respecto a las autoridades
y como garantía del uso arbitrario del poder y el combate a la corrupción.En el segundo concepto también elaboran un argumento general en el sentido de que el esquema previsto en los artículos 29; 34, párrafo tercero; 48, primer párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como el artículo TERCERO transitorio del decreto por el que se emitió esta Ley, viola el principio de reserva de ley, ya que el legislador no estableció el marco legal para graduar el alcance del derecho a la información pública que deben contener las declaraciones que presentarán los servidores públicos, facultándose al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para delimitar este tipo de información, generando, además, la posibilidad
de que se constituyan tipos administrativos en blanco.”

Lo anterior, para que exista un escrutinio público de los servidores y se generen los incentivos adecuados para evitar las conductas irregulares, tanto administrativas como penales.

Sin embargo, no toda la información personal de los servidores públicos es necesaria para la finalidad del nuevo Sistema Anticorrupción, ya que hay alguna que puede poner en peligro la vida o la integridad del funcionario y ninguna justificación o prueba de interés público puede superar un riesgo de este tipo.

Los ministros de la Suprema Corte establecieron que la salvaguarda en sí misma no resulta inconstitucional, ya que, primero, si bien la expectativa de privacidad de un servidor público disminuye, no desaparece.

“Para responder estos planteamientos el proyecto lleva a cabo un análisis conjunto de la regulación tanto del derecho de acceso a la información pública previsto en el artículo 6º constitucional, así como de la materia de responsabilidades administrativas contenida el artículo 113 de la misma Constitución relativa al Sistema Nacional
Anticorrupción, y se llega a la conclusión de que el principio de acceso a la información pública se encuentra íntimamente relacionado con la posibilidad de que en un Estado democrático los ciudadanos tengan
una mayor participación en el ejercicio de la función pública, siendo el principio de acceso a la información pública una herramienta ciudadana para el control y crítica de las funciones del Estado. Se precisa que este derecho a la información pública NO es un derecho irrestricto, sino que es válido limitarlo de manera temporal, bajo los
casos expresamente señalados en el artículo 6º.”

Segundo, si bien el interés público hace que la necesidad de escrutinio sea mayor, esto no elimina completamente la esfera privada del servidor, en particular con aquella información no necesaria para lograr las finalidades apuntadas y que puede poner en peligro su vida o integridad. Por lo cual, e en el proyecto se concluye que el legislador “sí definió directamente y de manera clara los lineamientos y elementos que debe observar el Comité Coordinador para la elaboración de los formatos de las declaraciones patrimonial y de intereses, y que con base en los artículos 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 6º de la Constitución Federal, así como los artículos
113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se derivan al menos tres elementos generales que resultan del análisis hecho en la presente resolución:
A) Que la información en las declaraciones de los servidores públicos es de naturaleza pública y debe encontrarse sujeta al principio de máxima publicidad.
B) Que el umbral de protección de los datos personales y la vida privada de los servidores públicos es menor que el de los particulares, atendiendo al interés público en el contenido de esta información y a la finalidad de evitar conductas irregulares e internalizar los incentivos para no realizarlas.
C) Que aún en este contexto de máxima publicidad y menor umbral de protección, los servidores públicos cuentan con protección de datos personales y de la vida privada, y que esta protección se referirá al posible riesgo a su vida e integridad personal así como aquellos datos personales que quedan fuera de las finalidades del Sistema Nacional
Anticorrupción.”

Así, toda la información patrimonial y de intereses que no afecte la vida o integridad del servidor o no sea dato personal que la identifique directamente o la haga identificable y no sea necesario para el seguimiento de su incremento o modificación patrimonial, debe ser publicitada.