Fuente: NYTimes/ Por 

La revelación de que Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente estadounidense, acordó reunirse con una abogada vinculada al Kremlin en junio de 2016 después de que le ofrecieron información comprometedora de Hillary Clinton, entonces rival electoral de su padre, ha calentado las discusiones sobre si la campaña de Trump se coludió con el gobierno ruso para intervenir en la elección.

Un intermediario le prometió a Trump Jr. que “una abogada del gobierno ruso” le daría datos “de muy alto nivel” para dañar la imagen de Hillary Clinton como parte del “apoyo de Rusia y de su gobierno a Trump”. “Si es lo que afirmas, me encanta” fue la respuesta del hijo mayor del ahora presidente, según consta en una serie de correos electrónicos.

Trump Jr. se reunió con la abogada acompañado del entonces jefe de campaña de su padre, Paul Manafort, y de su cuñado, Jared Kushner, ahora un asesor de alto nivel en la Casa Blanca. El hijo del presidente estadounidense se ha justificado al decir que la abogada no les dio información valiosa.

Dado que el fiscal especial Robert Mueller ya indaga la posible colaboración entre el equipo de Trump y Moscú para interferir en las elecciones, te respondemos algunas preguntas sobre las implicaciones legales de la reunión del 9 de junio de 2016.

¿Qué es la colusión?

Por lo general, significa trabajar en conjunto y usualmente de manera secreta para hacer algo ilícito. Pero el término no tiene una definición fija en materia de derecho. Los abogados en Estados Unidos más bien usan el delito de “conspiración”.

¿Qué es conspiración?

En el derecho penal, este delito implica un acuerdo entre dos o más personas para cometer un crimen, indistinto de si lo realizan o no. Las acusaciones de conspiración son una herramienta poderosa para los procuradores pues posibilitan investigar a cada conspirador como responsable por actos ilegales cometidos por otros en el círculo.

Y la reunión del 9 de junio, ¿es suficiente para comprobar ese delito?

Los eventos que han salido a la luz durante esta semana no son suficientes, de acuerdo con Renato Mariotti, exprocurador federal en Estados Unidos. Sin embargo, las revelaciones son importantes porque si surge más evidencia de coordinación, los contenidos de los correos y el hecho de que la reunión sucedió podrían establecer la intención de trabajar con el gobierno ruso para lo que agencias de inteligencia estadounidenses señalan fue un intento de intervenir en la elección de noviembre de 2016.

“Lo que estos correos dejan claro es que Trump Jr. estaba al tanto de que el gobierno ruso quería ayudar a la campaña de Trump y que acogió la ayuda del gobierno ruso”, dijo Mariotti.

¿Qué más se necesita?

La evidencia de que hubo un acuerdo para violar algún estatuto penal específico —es decir, de que se conspiró para cometer algún delito—. “Cuando se habla de coordinación o colusión, se habla de la posibilidad de que haya cargos por conspiración”, dijo Samuel W. Buell, exprocurador federal y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Duke. “Pero la conspiración no es un crimen que se mueve por sí solo en el espacio. Tiene que haber un crimen subyacente que se conspira por cometer”.

Natalia Veselnitskaya, la abogada rusa con la que se reunió Donald Trump Jr., en MoscúCreditAlexander Zemlianichenko/Associated Press

¿Y se violó la ley electoral?

Hay una ley federal, la sección 30121 de Title 52, que proscribe como delito que cualquier extranjero contribuya fondos o “algo de valor” en conexión con una elección estadounidense, o que alguien le solicite a un extranjero que lo haga. Expertos legales han batallado para identificar precedentes a partir de ese estatuto, pero en otros casos, como sobornos o amenazas, la idea de “algo de valor” sí ha tenido peso, de acuerdo con Richard Hasen, profesor de Derecho Electoral en la Universidad de California, Irvine. En otros contextos, los tribunales han determinado que “algo de valor” puede ser intangible, como la información.

Robert Bauer, especialista en Derecho Electoral y quien se desempeñó como consejero de la Casa Blanca en el gobierno de Barack Obama, dijo que el estatuto sí es aplicable en el caso de que espías y hackers del gobierno ruso hayan sido pagados para recopilar y diseminar información negativa contra Clinton para ayudar a que Trump ganara la elección de 2016.

“No hay cómo tomar esa información que alguien recopiló con sus recursos y decir: ‘Es solo información comprometedora y ya’. Es información valiosa y cuenta como una contribución cuando es dada o distribuida para el beneficio de la campaña”, argumentó Bauer.

Sin embargo, Orin Kerr, profesor de la Universidad George Washington y exprocurador federal, dijo que la parecía algo exagerado.

“La frase ‘contribución o donación’ suena como un regalo para ayudar a financiar la campaña o darles algo que de otro modo comprarían”, dijo Kerr. “Si ese es el estándar, no parece cumplirse a partir de lo que sabemos hasta ahora, porque no fue algo que alguien más había juntado para venderlo en un mercado o que de otro modo podría ser comprado”.

¿Y qué tal el hackeo ilegal?

No hay evidencia conocida, hasta el momento, de que haya habido discusiones clandestinas entre funcionarios rusos o representantes con la campaña de Trump para diseminar los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata que las agencias de inteligencia estadounidenses acusan que Moscú hackeó. Aunque en julio de 2016, Trump lanzó un llamado público para que Rusia interviniera los correos electrónicos de Clinton; su portavoz después dijo que era broma.

Sin embargo, la investigación del Departamento de Justicia todavía está en desarrollo. Si saliera a la luz que los funcionarios rusos sí consultaron a la campaña de Trump sobre las tácticas para cuándo o cómo lanzar los correos robados, especialistas indican que eso sí implicaría posibles cargos por conspiración por la sección 2030 de Title 18, que prohíbe las intrusiones no autorizadas de una computadora.

¿Hay posibilidades de que haya otros cargos?

Los temas sin precedentes que han surgido por la aparente trama Rusia-Trump han llevado a los especialistas en derecho penal a meterse de lleno en teorías más creativas. Por ejemplo, el estatuto de conspiración federal también prohíbe conspiraciones para “defraudar” a Estados Unidos al impedir las funciones del gobierno federal. Randall Eliason, un exfiscal federal que da clases en la Universidad George Washington, arguye que eso incluye la conspiración para socavar las labores del gobierno federal en una elección presidencial, aunque administrar los comicios usualmente recae en los estados.

Varios expertos legales alertan que el público todavía no sabe qué ha descubierto la investigación de Mueller y que sigue en curso, por lo que probablemente surgirá evidencia de otros posibles crímenes que todavía no han sido discutidos.