Agencias

Luisa Ortega acaba de ser apartada del cargo de fiscal general de la República de Venezuela e inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público, tras recibir la nueva Asamblea Constituyente la sentencia del Tribunal Supremo que la inhabilita y enjuicia.

Diosdado Cabello ha propuesto a Tarek William Saab, Defensor del Pueblo y militante ultra del madurismo, como nuevo fiscal.

El chavismo contaba las horas de la fiscal rebelde al frente del Ministerio Público Venezolano. Desde las 6 de la mañana hora local, la Guardia Nacional Bolivariana se había desplegado en los alrededores de la sede principal de la Fiscalía General de la República, en el Parque Carabobo de Caracas, donde los militares han impedido entrar o salir a los fiscales y trabajadores, incluso les han negado la posibilidad de obtener alimentos, entre ellos a Ortega.

La titular del Ministerio Público fue obligada a retirarse de la sede y sus alrededores por los efectivos, sin que se le explicaran los motivos.

“Rechazo el asedio al Ministerio Público Venezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional”, reaccionó de inmediato Ortega, convertida en la gran “traidora” para la cúpula cívico-militar de la revolución.

La maniobra militar sucede al día siguiente de la juramentación de la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene como uno de sus principales objetivos quitarse de en medio al poder público que ha denunciado de forma reiterada el “terrorismo de estado” durante las protestas y la ejecución de un plan de Nicolás Maduro para convertirse en dictador del país. La Asamblea ilegal sesionará por primera vez en las próximas horas.

Últimas Noticias, órgano de prensa del chavismo, adelantó ayer que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), martillo del madurismo contra la oposición y la Asamblea Nacional, ultimaba una sentencia que ordenaría la destitución de Ortega e iniciará su procesamiento.

Nicolás Maduro también profirió ayer su propia sentencia política contra esta”cómplice de la insurgencia armada”, quien fuera una de las más estrechas colaboradoras de Hugo Chávez: “Hablemos claro frente al país, si aquí hubiera habido una Fiscalía que actuara apegada a la justicia y con valentía, hace mucho tiempo que esos criminales (opositores) estuvieran capturados, castigados y encarcelados”.

El primer mandatario llamó a que la Constituyente imparta justicia de verdad, en un acto con motivo del 80 aniversario de la Guardia Nacional. En el mismo, se mostró dispuesto a presidir el 100 aniversario de la institución militar, el principal brazo armado del gobierno durante los 127 de oleada de protestas contra su gobierno.

El Alto Tribunal había preparado previamente el terreno en connivencia con el Palacio de Miraflores, al imponer de forma ilegal una vicefiscal, Katherine Harington, que a finales de marzo denunció al país y al mundo la “ruptura del orden constitucional”, tras las sentencias del Supremo en contra del Parlamento.

Estos movimientos confirmaban que Maikel Moreno, presidente del TSJ, no quería dejar en manos de la plenipotenciaria Constituyente el golpe definitivo contra una fiscal que esta semana también se atrevió a denunciar el fraude electoral de los comicios del 30-J y los vínculos de una rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) con el escándalo de Odebrecht. Fue el propio TSJ quien desechó la suspensión de la juramentación de los 545 constituyentes, ante los indicios del “mayor fraude electoral de la Historia de América Latina”, como lo llamó Luis Almagro, secretario general de la OEA.

“Debe ser que tomando la Fiscalía va a haber producción nacional, se acabará el hambre, la corrupción y la gente vivirá bien y tranquila”, denunció Stalin González, jefe la bancada de la oposición en la Asamblea legítima.

En el punto de mira

Luisa Ortega había sido acusada de “traidora” desde casi todos los estamentos del oficialismo. “¿Qué creen que (la Constituyente) deba hacer con la Fiscalía? Reestructurarla de inmediato, declararla en emergencia y tomar el mando para que haya justicia”, sostuvo Maduro el pasado lunes. También la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, arremetió este viernes contra Ortega al tomar posesión: “La fiscal no traicionó a un partido político, sino sus deberes”.

Ortega, para quien la Constituyente refleja “una ambición dictatorial”, es una veterana chavista que se alejó del gobierno al denunciar que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional. La funcionaria presentó varios recursos contra la Constituyente, todos desestimados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno.

Esta semana, anunció que abrió una investigación contra los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la denuncia de Smartmatic, empresa que dio soporte tecnológico a los comicios para la Constituyente, de que hubo “manipulación” en los resultados.

Este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el gobierno no reconoce, dictó medidas cautelares de protección para Ortega, por considerar que su vida e integridad “se enfrentan a un riesgo inminente de daño irreparable”.