Por Eduardo Nava Hernández/ Grupo Crónicas Revista

Eduardo Nava,
Politólogo, Catedrático Universitario, Investigador Nacional S.N.I.

El tema del régimen de jubilación en la Universidad Michoacana sigue siendo materia de un intenso debate dentro y fuera de la comunidad universitaria. Se trata, en principio, de una prestación laboral que permite a los trabajadores de la misma asegurar un retiro digno y justo tras cumplir su ciclo laboral en la institución. Se trata, en principio, de un derecho ya establecido, como la contraprestación con que el sistema económico, el Estado o ambos retribuyen los servicios rendidos por el trabajador por un periodo determinado, en este caso de 25 años. Existen otras nociones para conceptualizar la jubilación, pues de la formulación que se haga dependen los alcances o limitaciones de su aplicación concreta; por ejemplo, asociándola a términos como “vejez”, “edad máxima”, incapacidad, etcétera. He ahí, entonces, el aspecto ideológico del concepto, pues lejos de tratarse de una noción neutra, tiene implicancias en las relaciones de explotación capital/trabajo. Por eso se trata de un punto cardinal.

“El reino de la libertad sólo comienza allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad y la adecuación a finalidades exteriores; con arreglo a la naturaleza de las cosas, por consiguiente, está más allá de la esfera de la producción material propiamente dicha”, escribió Carlos Marx. Y en efecto, en torno a la dialéctica del tiempo de trabajo ha gravitado desde los orígenes del capitalismo, o al menos desde que la clase trabajadora logró esbozar sus formas de organización, la lucha de clases.

Particularmente el capitalismo industrial, entre el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, logró alargar hasta límites inconcebibles la jornada de trabajo, y no sólo la del obrero varón adulto, sino la de la familia entera, incorporando a la producción a la mujer y a la prole desde muy temprana edad. La lucha de los obreros organizados, en cambio, tuvo como su primera demanda, antes que la de la elevación de los salarios, la reducción de la jornada laboral. Hacia mediados del XIX, con la formación de las primeras uniones obreras, antecedentes directos de los sindicatos, la lucha por la jornada entró en su etapa decisiva y logró establecer límites legales, primero en diez horas y luego en ocho.

En México fue la Revolución la que, en la hoy centenaria Constitución, estableció definitivamente en ocho horas por seis días la jornada normal. Desde hace un siglo esto no se ha modificado, lo que significa que todos los incrementos acumulados en la productividad del trabajo desde entonces han beneficiado al capital y no a la reducción del tiempo de trabajo para la clase obrera. Pero no sólo no se ha reducido ya la jornada liberando tiempo de vida como tiempo de no-trabajo para que el obrero pueda dedicarse a otras actividades de descanso, recreación, cultura, etcétera. En la era del capitalismo ultraliberal actual se impone, por la competencia entre trabajadores por los puestos laborales, la tendencia a que aquellos acepten una nueva prolongación del tiempo de trabajo. México es hoy, en el nivel mundial, uno de los países con jornada laboral más largas, aun cuando es una tendencia universal el incremento del tiempo de trabajo. La ideología neoliberal ha asociado definitivamente, por otra parte, la noción del tiempo de trabajo con el tiempo de vida, como en el siglo XVIII o los inicios del XIX. Si se prolonga la esperanza de vida debe prolongarse el tiempo de trabajo.

En otras palabras, se vive para trabajar, no se trabaja para vivir. La vida misma debe ser, en su mayor parte, trabajo, al menos desde que el sujeto alcanza la edad adulta, y aunque haya iniciado desde la infancia. Esto no es aplicable, desde luego, a las capas altas de la sociedad en las que predomina la holganza y la recreación. Pero la prolongación del tiempo de trabajo es hoy, nuevamente, la regla para las clases laboriosas. El desarrollo de las fuerzas productivas no se pone al servicio de la liberación de tiempo de trabajo para la humanidad, sino de la acumulación de riqueza para los propietarios del capital.

En el caso de la jubilación, ésta no se asocia con haber cumplido un ciclo de servicio laboral a la sociedad, sino con la edad avanzada o la incapacidad para el trabajo. Y ese es el contenido profundo de lo que se debate en la Universidad Michoacana cuando se quiere imponer un alargamiento del periodo laboral, sin que se haga explícito por qué. En realidad es por el dogma expresado en el párrafo anterior: que la vida de todo trabajador sea vida de trabajo máximo, conforme a las tendencias del capitalismo contemporáneo.

Pero no queda ahí. La jubilación deja de ser un logro alcanzable como recompensa por el trabajo mismo y se trueca en un beneficio que el propio trabajador debe labrarse con su “ahorro para el retiro”: aportaciones a las instituciones financieras que éstas administrarán y de las que se beneficiarán durante 30 o 35 años a espaldas de su propietario-emisor, el trabajador, quien no podrá disponer de ellas en ese lapso.

Tales son los dos ejes para la “reforma”, en realidad contrarreforma, al régimen de jubilaciones en nuestra institución universitaria: alargar el tiempo de trabajo mermando el tiempo dedicado a otras actividades vitales del sujeto, y relevar al patrón-Estado, al menos parcialmente, de su responsabilidad solidaria para con quien durante largo tiempo le ha servido. Hasta hoy la UM mantiene un régimen jubilatorio como el que hace menos de tres décadas predominaba en instituciones similares. Las más de ellas se han visto forzadas a cambiarlo por modalidades en las que el sector público se va retirando de la responsabilidad de jubilar al trabajador y el retiro se financia de manera bipartita entre el trabajador mismo y el patrón.

Hoy, en ese nuevo escenario, ideológicamente se maneja como un “privilegio” de los asalariados nicolaitas lo que otrora fue la situación normal para sus similares en todo el país. En su conferencia de prensa del lunes 31 de julio, el rector Medardo Serna González externó algunos aspectos relevantes. Anunció la presentación, al Consejo Universitario, de la propuesta de (contra) reforma al sistema jubilatorio en la institución.

También, que esta propuesta será sometida, a través de los consejeros, a la consideración de la comunidad entera (estudiantes, académicos y trabajadores administrativos) para “recoger” sus opiniones, y también a los sindicatos de académicos y administrativos. Admitió que el régimen de jubilación no es la única causa del déficit que la institución enfrenta sino que hay otras: el tener subsidios por debajo del promedio nacional para instituciones de educación públicas; el no reconocimiento en los presupuestos de áreas como las casas del estudiante, el bachillerato nicolaita, una parte de la plantilla laboral, sobre todo administrativa y manual, pero también académica, etcétera.

Para paliar ese déficit y decidido a ser el ejecutor definitivo en la Universidad Michoacana de las políticas inspiradas en la doctrina neoliberal, el rector originario de Tuxpan decidió comenzar por la adecuación que más perjudica a los trabajadores (él, Serna, decide, pues existe la autonomía universitaria ¿o no?). Por ello, con el antecedente de cuatro foros realizados en Morelia y Uruapan, ahora se presenta esta propuesta de (contra) reforma.

Pero resulta que el producto que se presenta es un documento dirigido a las comisiones especiales de Reforma Universitaria y al Honorable Consejo Universitario por la consultoría actuarial Valuaciones Actuariales del Norte que encabeza el actuario Francisco Miguel Aguirre Farías, el mismo que ha hecho los proyectos de (contra) reforma a los regímenes jubilatorios de la mayoría de las instituciones de educación superior del país, embolsándose por ello cuantiosas porciones de los presupuestos universitarios.

Con sus buenos errores de sintaxis, el documento de marras termina en sus 59 páginas (¿cuánto se habrá pagado de nuestro escuálido presupuesto por ellas?) por presentar la propuesta.

Según la propuesta, para alcanzar una jubilación similar a la hoy preceptuada (salario integrado con incrementos similares a los de los activos), el trabajador deberá aportar el diez por ciento de su salarios (la Universidad aportará, quién sabe de dónde, otro 20 por ciento); pero además sólo lo alcanzará no tras 25, sino a los 35 años de servicio, siempre que además tenga 65 de edad biológica.

Además la jubilación universitaria sólo sería complementaria “a lo otorgado por el IMSS, es decir, la Universidad pagará únicamente la diferencia entre el porcentaje que le corresponda como pensión (al trabajador) y lo que reciba del IMSS”. Según la dupla Serna-Aguirre, el humanismo de Vasco de Quiroga se actualiza en el siglo XXI incrementando en diez años el periodo de trabajo a los nicolaitas y esperando a que éstos ya estén entrados en la tercera edad para jubilarlos

. ¿Salió esta propuesta de los foros que la Rectoría y el H. Consejo Universitario organizaron en marzo y abril pasados? Ésa es la gran pregunta que quienes en ellos participaron y el propio Consejo deberían responder. Lo que sigue es el procesamiento de la mencionada propuesta del actuario Aguirre. ¿Dónde? El rector Serna, como queda dicho, ya decidió. Vuelve al coso de sus más sonoros triunfos y donde aún corta rabos y orejas: el H. Consejo Universitario.

Pero resulta que ninguna de las 21 fracciones del artículo 12 de la Ley Orgánica le atribuye facultades al H. Consejo Universitario para tratar, menos acordar, sobre temas de carácter laboral. No importa cuántos malabarismos haga el rector en esa instancia, menos aún en el conjunto de la comunidad universitaria, con su nuevo juguetito; eso no pasará de ser un mero entretenimiento para el respetable. Serna González ha estado engañando al máximo órgano de gobierno universitario, a la comunidad y a la opinión pública haciendo creer que lo que ahí se avance tendrá incidencia en la modificación del régimen jubilatorio, y que se puede ir en contra de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos, y contra la progresividad de los derechos.

Para realizar cualquier cambio en las relaciones laborales entre la institución y sus trabajadores es necesario el acuerdo entre el único representante legal de la Universidad y los sindicatos como titulares de la representación laboral y de los contratos colectivos. Y es ahí donde Serna González no ha logrado avanzar ni dos milímetros.

Ambas organizaciones, el SPUM y el SUEUM, tienen mandatos específicos de no negociar con la autoridad en materia de jubilaciones y pensiones. La jubilación nicolaita es vista por los trabajadores como su más importante prestación laboral. Originada en 1939, con la Ley Orgánica socialista de Natalio Vázquez Pallares, concretiza, ella sí, el espíritu humanista que la institución tiene en sus orígenes.

El tratar de modificarla vertical y autoritariamente, al margen de sus titulares, los trabajadores, ha llevado a un entrampamiento que la Universidad no merece. Cabe esperar de las autoridades universitarias, de los gobernantes e instancias involucradas que esto se comprenda y se permita a la Casa de Hidalgo, en su centenario y siempre, ejercer su autonomía académica, administrativa y financiera en bien de la institución misma y de la sociedad a la que noblemente sirve.