LA DESAPARICIÓN FORZADA. LA SOMBRA SOBRE AMÉRICA LATINA

Por Alfonso Solórzano Arias/Grupo Crónicas Revista

Alfonso Solórzano Arias, Licenciado en Derecho ITESM, Analista Político

El pasado primero de septiembre se cumplió un mes de la desaparición del joven artesano argentino, Santiago Maldonado, en la localidad de Cushamen en provincia de Chubut, durante una manifestación de apoyo a la comunidad mapuche en la que intervinieron las autoridades de la gendarmería nacional para sofocar el referido acto, lo último que se supo es que estas unidades de la policía lo tomaron preso y hasta la fecha no se sabe que ha ocurrido con él, ya que ni amigos ni familia saben del paradero de este joven de 28 años de edad.

Sin embargo su desaparición no pasó desapercibida para buena parte del pueblo argentino, quién durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983, sufrió innumerables casos de desaparición forzada, perpetrados por las altas cúpulas de la dictadura. Y aunque algunos de estos casos se han conseguido esclarecer, muchos todavía permanecen irresueltos.

Quizá por ello, este caso en particular ha generado una movilización muy fuerte en buena parte de la sociedad argentina, que no está dispuesta a que se repitan las mismas atrocidades que se cometieron en la última dictadura.

Lamentablemente, la desaparición forzada no es una práctica que se haya dado exclusivamente en Argentina, ya que prácticamente la mayoría de las naciones latinoamericanas la sufrieron, e incluso la siguen sufriendo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala a la desaparición forzada como: “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes“.

Históricamente, esta descripción se adecua perfectamente a las prácticas que realizaron la mayoría de los regímenes militares de América del Sur que formaron parte de la llamada “Operación Cóndor”, así como también fue una táctica aplicada por las dictaduras centroamericanas de Guatemala, El Salvador, Honduras, y Nicaragua respaldadas por la CIA, e incluso fue una acción que se llegó a realizar en México durante la llamada “guerra sucia” con los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.

En la década de los noventa y en la primera década del 2000, algunos países latinoamericanos que ya habían salido de los regímenes dictatoriales comenzaron a crear comisiones de la verdad para esclarecer los crímenes cometidos durante las dictaduras, incluyendo aquellos relacionados a la desaparición forzada, no obstante el avance en esta materia ha sido muy lento y en países como México no solo no parece haber avance alguno sino más bien cierto retroceso.

A partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico” se dispararon terriblemente los casos de desaparición forzada en territorio mexicano. Resulta muy irónico que fue con un gobierno no priista que se inició la investigación para esclarecer los crímenes de desaparición forzada durante la guerra sucia, pero también fue con un gobierno no priista que se reinició la práctica de la desaparición forzada; y dado a que también el actual gobierno peñista mantiene la misma estrategia de seguridad emprendida por “la guerra contra el narcotráfico”, los casos de desaparición forzada siguen en aumento.

En la actualidad, el caso más emblemático y de mayor impacto mundial fue el de los 43 desaparecidos de la escuela normal rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, mismo que aun continua sin esclarecerse, ya que el único conocimiento cierto que se tiene es que el estado mexicano intentó por todos los medios posibles entorpecer los peritajes de investigación realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Pero hay otros miles de casos que permanecen sin resolver, como por ejemplo el caso Allende en Coahuila, donde hubo un pueblo de más de 300 personas que de un momento a otro desaparecieron sin dejar rastro, o como también lo puede ser el caso de los desaparecidos en la represión del gobierno federal en 2006 en Oaxaca. Y como estos hay otros  que aún siguen sin resolverse.

Los dos estados latinoamericanos que más registran casos contemporáneos de desaparición forzada son México y Colombia; en el caso colombiano esto se debe principalmente a la guerra interna que ha venido viviendo el país suramericano desde hace más de 50 años, y donde es más que conocido que el estado colombiano empleó reiteradas veces tácticas de represión mortal acompañada con la desaparición de personas que usualmente estaban vinculadas al activismo social o que se sospechaba simpatizaba con grupos insurgentes.

Sin embargo el caso de México nuevamente vuelve a ser notorio debido a que realmente las condiciones del país hasta hace un par de décadas no eran ni las más precarias ni las más inestables en América Latina, incluso el régimen hegemónico priista se caracterizó por ser uno de los menos represivas y más tolerantes con la disidencia, por ello resulta inaudito que hoy en día México sea uno de los países no solo de América Latina sino del planeta donde sigan perpetrando a diestra y siniestra desapariciones forzadas.

Pero quizá lo más lamentable es la indiferencia de muchos miembros de la sociedad mexicana que no solo no observan la importancia del asunto sino que incluso tratan de justificar con excusas simplistas la acción de la desaparición forzada. Ello solo demuestra el resultado de la educación mediocre que imparte la mayoría del modelo educativo mexicano, que genera la escasa cultura cívico-jurídica que se tiene en buena parte de la población, lo que impide reflexionar en que sin importar quienes son, o fueron los desaparecidos, hay un proceso legal que debe seguirse en caso de que alguno fuese imputado por un crimen, si es que se le acusa de estar involucrado en alguno, y todas las personas sin importar quienes sean tienen el derecho a un debido proceso que definitivamente nada tiene que ver con una desaparición física perpetrada de forma directa o indirecta por el Estado.

Tanto por memoria histórica como por justicia social, la desaparición forzada es una táctica que  debe de ser eliminada en todo el territorio de Latinoamérica, y los distintos casos que se dieron tanto en las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX como aquellos casos que se siguen generando en la actualidad deben ser resueltos de una vez por todas.

Al final de cuentas, la desaparición forzada es una forma de terrorismo y crimen de estado al que no se le debe dar ni perdón ni olvido.