CATALUÑA (II)

(continuación del texto publicado en este blog el 04/02/2017)

Por Eduardo Estrada Moyano / Grupo Crónicas Revista

 

Eduardo Moyano Estrada es Profesor de Investigación (catedrático) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el área de Ciencias Sociales. Sus trabajos de investigación versan sobre acción colectiva y articulación de intereses en el sector agroalimentario, y gobernanza y desarrollo en las áreas rurales.

La deriva de ilegalidad (tanto en lo que supone violar las normas de la Constitución, como la del propio Estatut) ha sido algo consustancial con el “procés”, culminando con la aprobación unilateral de la ley de referéndum y las leyes de desconexión.

Sin embargo, el modo como se ha llevado a cabo su tramitación en el Parlament en las sesiones de los días 6 y 7 de septiembre (transgrediendo las reglas del juego parlamentario, desoyendo los informes de los letrados y del Consejo de Garantías Estatutarias, y violando los derechos de las minorías) ha sido la culminación de otra deriva que no estaba implícita en el “procés”, su deriva autoritaria. Esa deriva ha sido de tal calibre, que incluso ha provocado la desafección de algunos políticos que hasta ahora habían mostrado su apoyo al derecho a decidir (el discurso del diputado Coscubiela, portavoz del grupo “Catalunya Sí que es Pot”, es el mejor ejemplo).

Son bien conocidos los factores que han llevado a la grave situación en que nos encontramos (ver el texto publicado en este blog el 04/02/2017). No un factor, sino una combinación de varios factores, han contribuido en mayor o menor medida a que se llegue a la grave situación actual. De nada vale lamentarse. Hasta ahora, el fracaso de la política ha sido innegable.

Sin embargo, llegados a este punto de deriva autoritaria y de flagrante violación de la legalidad por parte del gobierno de la Generalitat y del Parlament, pocas opciones caben de aquí al 1 de Octubre, más allá de utilizar los instrumentos jurídicos del Estado de derecho (TC, fiscalía,…).

La opción jurídica es la que está utilizando el gobierno de Rajoy, apoyado sin fisuras en este tema por PSOE y Cs, que han visto con claridad la gravedad del desafío soberanista. Significativa, por ambigua, es la posición de Unidos Podemos, paralizado en sus divisiones internas y justificando su ambigüedad con el argumento de respetar la libertad ciudadana a movilizarse y el derecho a decidir de los catalanes (la división mostrada por Podemos en la pasada Diada ha sido paradigmática).

En ese escenario, y en el sector no independentista, se oyen voces de distinto signo. De un lado, están los que critican al gobierno Rajoy por su debilidad y le exigen más contundencia en la respuesta, lo que implicaría la aplicación del art. 155 de la Constitución y la retirada de las competencias al gobierno de la Generalitat.

De otro lado, los que consideran prudente y proporcionada la respuesta del gobierno para no caer en lo que están buscando los secesionistas (y que no es otra cosa que la confrontación con las fuerzas de seguridad del Estado de tal modo que pueda provocarse una situación de violencia que modifique el actual escenario en favor del secesionismo permitiéndole romper el aislamiento internacional que ahora tiene.

Finalmente, no son pocos los que, pensando más en el “día después”, abogan por una reforma de la Constitución que defina un nuevo modelo de organización territorial posibilitando no sólo un mejor acomodo de la cuestión catalana, sino un mejor funcionamiento del Estado de las Autonomías (ésa es la intención de la propuesta del PSOE de crear una comisión parlamentaria con ese propósito).

Ante ese panorama, me permito hacer algunas reflexiones.

1)     De acuerdo con la Constitución de 1978, el derecho a decidir en asuntos que afectan a la soberanía nacional y a la estructura territorial del Estado, es un derecho de todos los españoles y no de los que viven en una parte del territorio. Los ciudadanos de un municipio o de una región pueden ser convocados a referéndum sobre temas tales como los estatutos de autonomía, las ordenanzas municipales, las fechas de determinados acontecimientos culturales,…, pero no pueden serlo para decidir sobre temas que afectan al conjunto de la sociedad española, como es el caso del modelo territorial.

2)      Esto es así en cualquier democracia europea (por ejemplo, los ciudadanos de Baviera no pueden decidir por sí solos separarse del Estado alemán y formar un estado independiente; tampoco pueden hacerlo los de la región italiana del Veneto o de la Padania, o los franceses de Córcega). El caso de Escocia es excepcional al no existir en el Reino Unido ninguna carta constitucional que defina la soberanía nacional e impida la autodeterminación de uno de sus territorios, lo que ha propiciado que se pudiera realizar el referéndum escocés previa autorización del gobierno británico.

3)   El derecho de autodeterminación, que es a fin de cuentas lo que se esconde detrás del derecho a decidir, es establecido como principio general en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, para evitar el riesgo de inestabilidad que implica si se llevara a la práctica de un modo general en todos los casos, se ha ido definiendo en distintas resoluciones para hacerlo efectivo sólo en los casos de descolonización o en situaciones de flagrante violación de los derechos humanos en un territorio. Más allá de esos casos, el derecho de autodeterminación de los pueblos queda en un plano vago y genérico, y de escasa eficacia jurídica como para apelar a él. Los dirigentes catalanes no pueden apelar al derecho internacional para legitimar sus aspiraciones de independencia, ya que Cataluña no es una colonia, sino que goza de autonomía política plena dentro del Estado español y disfruta de amplias libertades civiles al igual que cualquier ciudadano de otro país de la UE. Es por esto que su propuesta de desconexión hacia la independencia no encaja ni en la resolución 2625 de la Carta de Naciones Unidas ni en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos firmado por España, siendo además rechazada por las instituciones europeas.

4)    La Constitución española de 1978 no es un texto inmutable, como no lo es ninguna carta constitucional de cualquier país del mundo. Puede reformarse, pero siempre de acuerdo con el procedimiento que en ella misma se establece. Estas son las reglas de juego que hay que respetar en toda democracia. En el caso español, según el tema que sea objeto de reforma, se exige una mayoría de dos tercios o de tres quintos en el Congreso, y una mayoría absoluta en el Senado, además de, en determinados casos, someter el nuevo texto a referéndum de todos los españoles. Cabe reformar todo, pero dentro de las reglas que se establece en ella.

5)    Nuestra Constitución se ha reformado en dos ocasiones, y no hay motivos para que no se pueda abordar otra reforma. El problema es encontrar el momento adecuado para hacerlo, lo que exige alcanzar un amplio consenso político previo entre los partidos sobre lo que se va a reformar, evitando abrir un proceso de reforma que acabe convirtiéndose en un proceso sin control. En mi opinión, es prioritario y urgente abordar la reforma del título VIII antes que otros asuntos. La forma de estado, la referencia a la UE o una mayor protección de los derechos sociales y económicos, son asuntos, sin duda, importantes, pero podrían esperar a otra fase de la reforma constitucional.

6)  Respecto a la reforma del modelo territorial, hay que tener en cuenta que esa reforma tiene sus límites en la propia definición de soberanía que establece la Constitución. Por ello, para que tenga cabida el derecho a decidir (que es en la práctica el ejercicio del derecho de autodeterminación) sería necesario redefinir el principio de soberanía (hoy radicado en el conjunto de la sociedad española) para trasladarlo a los territorios. ¿Es eso posible?. Teóricamente sí, pero en la práctica no lo veo factible, dada la inestabilidad política que conlleva, ya que eso implicaría reconocer el derecho de autodeterminación no sólo a Cataluña, sino a las demás CC.AA. Lo exigirá, sin duda, el País Vasco, y quien sabe si también Galicia, Andalucía o cualquier otra de las actuales comunidades autónomas para no ser menos.

7) La propuesta de referéndum de autodeterminación pactado que con tanta ligereza se plantea como posible salida, no la veo factible, ya que eso implicaría hacer vinculantes sus posibles resultados (entre ellos, el de la independencia), cosa que no es posible sin cambiar el significado del principio de soberanía, con los problemas que ello generaría y que he comentado anteriormente. Sólo veo factible, por tanto, reformar el título VIII y, a partir de esa reforma (que sería votada por todos los españoles en referéndum), elaborar un nuevo Estatut (similar al que fue recurrido ante el TC), estatuto que sería votado en referéndum por los catalanes. Es la única salida que le veo al embrollo al que se ha llegado.

8)   La cuestión es si hay consenso político suficiente para hacerlo así. Parece que un acuerdo entre PP, PSOE y Cs, y algunos otros grupos minoritarios, lo haría posible, siendo conveniente que el nacionalismo vasco moderado (PNV) y el catalán (una vez que las aguas se calmen tras el 1-O) se unieran a ese consenso en torno a la reforma del título VIII. La posición de Unidos Podemos, que plantea un proceso constituyente (es decir, una nueva Constitución) y un referéndum sobre la forma de Estado (dada su evidente posición republicana), no permite pensar en que pueda unirse al consenso en pro de una reforma constitucional acotada sólo al título VIII, pero en política nunca se sabe, y no puede descartarse nada a priori. Por supuesto que sería deseable que Unidos Podemos estuviera también en ese consenso sobre la reforma del Título VIII, pero si no lo está, se podría seguir adelante sin ellos, aunque es verdad que ello daría lugar a un escenario poco deseable.

9)  Ante la actual situación en Cataluña, sólo cabe esperar a que pase sin mayores incidencias el 1-O, y por supuesto sin confrontaciones que desemboquen en violencia (confiemos en la lealtad de los Mossos a la legalidad constitucional, y en la profesionalidad de las fuerzas de seguridad para gestionar posibles altercados o provocaciones). Una vez transcurrida esa fecha, la “cuestión catalana” seguirá presente, aunque el contexto será otro. Probablemente, habrá convocatoria de elecciones en Cataluña cuyos resultados determinarán, sin duda, un nuevo escenario parlamentario, con una recomposición de la jerarquía política dentro de las fuerzas nacionalistas y con una redefinición de las correspondientes estrategias.

10)  Ello abrirá un escenario de oportunidades para que, desde el gobierno del Estado y desde la Generalitat, pueda gestionarse el problema catalán con nuevos bríos y con propuestas concretas. Es verdad que el nacionalismo soberanista es insaciable y que siempre le sabrá a poco todo lo que no sea dar pasos hacia la independencia, pero tras el 1-O tendrán que replantearse sus objetivos y estrategias. Con iniciativas políticas y nuevos marcos de negociación que den voz al conjunto de la sociedad catalana, se podrá, al menos, evitar que el independentismo (con su apelación victimista y emocional) continúe ampliando sus bases de apoyo en una población huérfana de alternativas creíbles, y necesitada, ahora más que nunca, de respuestas claras y verosímiles que permita superar el callejón sin salida al que ha conducido el “procés”. Es un escenario de oportunidad que no debiera desaprovecharse después del 1-O.