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El próximo 1 de octubre el gobierno catalán y una mayoría nacionalista en su parlamento pretenden celebrar un referéndum para decidir si Cataluña pasará a ser una república independiente del resto de España. Todos los partidos no independentistas se oponen o critican el referéndum. Consideran que sucede sin garantías, al haber sido impuesto de manera unilateral a la mitad no independentista de la población catalana, así como al resto de la española. De hecho, el gobierno estatal y el Tribunal Constitucional están trabajando para que no se celebre votación alguna por considerarla ilegal.

Que los independentistas desafían la legalidad vigente en España es algo que ellos mismos asumen. De hecho, están poniendo a la población catalana a escoger entre dos leyes: la de los independentistas, o la basada en la Constitución española. Al hacerlo, esperan provocar una reacción lo suficientemente fuerte como para poder jugar después la carta de la víctima, que funciona sobre todo entre la izquierda, poco amiga de las fotos de la Guardia Civil confiscando panfletos electorales.

El Estado español enfrenta un dilema: impedir el referéndum por cualquier medio, incluyendo las acciones físicas, con lo que la legalidad vigente no se vería violada pero el independentismo conseguiría su ansiada foto justificativa. O permitir que se realice algún tipo de plebiscito que, pese a no ser reconocido como legal por ninguna entidad externa, daría excusas para que el independentismo siguiese adelante con su desafío. Pero sin munición mediática contra Madrid.

El corolario de este dilema es el siguiente: el Estado se ve obligado a aplicar la ley o a hacerle la campaña al independentismo. Un dilema imposible de resolver, pues las instituciones (particuarlmente las judiciales) no pueden, ni deben, renunciar a defender el principio de legalidad. Sea cual sea la decisión, debe mantener los márgenes de la proporcionalidad y no vulnerar otros derechos (libertad de expresión, reunión) en el empeño de frustar el referéndum.

Pero nada de ello impide que los líderes electos más moderados en Madrid y en Barcelona piensen desde ya en el día después, en cómo iniciar un proceso para reconstruir los puentes que se han ido rompiendo. Y, si no hay alternativa, este proceso quizás deberá culminar en un referéndum distinto, pero legal y bajo el consenso de todos los catalanes y todos los españoles.

Esa es la propuesta que el profesor Víctor Lapuente, de la Universidad de Göteborg, puso sobre la mesa: celebrar un proceso con un voto dual sobre la estructura territorial de España, en el que tanto Madrid como Barcelona tomen la iniciativa, y que contenga dos preguntas separadas en el tiempo para evitar el monopolio del debate. Sin embargo, hay muchas etapas que quemar antes de llegar a ese punto.

Cabe recordar que el último intento de reformar la relación entre Cataluña y el resto de España se derrumbó en 2010, cuando el Tribunal Constitucionaly una parte de los representantes políticos estatales tumbaron lo que era una propuesta pactada por una mayoría de los catalanes, en una negociación que contaba con el aval del entonces presidente, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Desde ese momento, los nacionalistas catalanes se han dedicado a alimentar la indignación ante la falta de apertura política del Estado, especialmente del conservador Partido Popular. Con ello, los independentistas han logrado sortear sus propias contradicciones internas, que van de las diferencias ideológicas a la corrupción rampante en el que hasta hace poco era el partido hegemónico del nacionalismo catalán, Convergència – refundado como Partit Demòcrata para limpiar su imagen –, al cual pertenece el propio presidente autonómico, Carles Puigdemont.

Para contrarrestar la estrategia independentista basada en el supuesto agravio a las aspiraciones catalanas de autogobierno, lo primero es ser conscientes de que la credibilidad en la relación entre España y el nacionalismo catalán se ha roto. Para repararla, los representantes políticos de ambas partes deberían dejar los cálculos cortoplacistas.

El abanico de opciones a su disposición va desde lo legal hasta lo simbólico y cultural. Más importante que el contenido, sin embargo, es la voluntad de las partes. Si se quiere que Cataluña sea parte de España, tiene que sentirse dentro de un proyecto común sobre el que tenga voz y voto. Para ello, sería necesaria una apertura desde el centralismo español hacia la aceptación de la pluralidad. Pero sobre todo el nacionalismo catalán debería estar dispuesto a escuchar y ceder dentro del respeto a las leyes e instituciones existentes. Y, por último, haría falta un ejercicio de responsabilidad por parte de la izquierda española, que ocupa el punto de encuentro entre las sensibilidades descentralizadoras y el empeño de mantener España unida.

Pero es posible que el deterioro en la relación sea ya tan profundo que no se pueda redefinir ningún acuerdo sin un referéndum como expresión definitiva de la ciudadanía. Pero su elaboración, definición y ejecución no pueden ser monopolizadas por el independentismo, como sucede con el del 1 de octubre. Es por ello que la propuesta de Lapuente resulta interesante. En este supuesto referéndum dual, la primera pregunta se centraría en si es adecuado cambiar el statu quo. La segunda, en qué dirección cambiarlo. Esta última incluiría, como pasó con Escocia, una contrapropuesta por parte del resto de España, recogiendo puntos de encuentro entre la mitad de la Cataluña que no desea la independencia y aquella que sí, pero con reservas.

Este hipotético referéndum futuro, sería legal y pactado, por tanto distinto al del próximo 1 de octubre, no sería buena noticia para España ni para Cataluña, pues significaría que no hay otra manera de reconstruir la relación entre las partes. De modo que, antes de llegar a ese punto es imprescindible asegurar el cumplimiento y el respeto de la legalidad, para después iniciar un diálogo político y social sincero que explore todas las alternativas previas a un recurso a la ciudadanía. Se lo merecen los españoles, pero sobre todo se lo merecen los catalanes. Todos ellos, y no solo una parte que se dice mayoritaria sin serlo.