Por Eduardo Nava Hernández / Grupo Crónicas Revista

Eduardo Nava,
Politólogo, Catedrático Universitario, Investigador Nacional S.N.I.

 

Finalmente fueron 86 las solicitudes ante el Instituto Nacional Electoral de aspirantes a ser candidatos sin partido a la Presidencia de la República, de las cuales 40 se han declarado procedentes y 38 más están pendientes de resolución por tener que responder algún requerimiento de la institución. Pero sólo una de todas esas precandidaturas tiene claramente un sentido social y colectivo más allá de intereses personales o de pequeños grupos.

Se trata, desde luego, de la propuesta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, María de Jesús Patricio Martínez, conocida familiarmente como Marichuy, una indígena nahua originaria del estado de Jalisco, dedicada a la medicina tradicional y que ha tenido una larga participación en el movimiento indígena del país.

La propuesta política del CNI y EZLN, organizados ahora como Consejo de Gobierno Indígena (ya que no se integró la totalidad de los organismos que conforman el CNI), presenta varias aristas de interés dignas de comentarse. La más evidente, desde luego, es la decisión de estos organismos y otros colectivos que se les están adhiriendo de abandonar su posición hasta hace muy poco antielectoral y aventurarse en este terreno para ellos nuevo, dominado por los aparatos y burocracias de los grandes partidos. Aunque hace ya más de un año que el movimiento indígena nacional anunció su intención de consultar y promover este tipo de participación, no deja de sorprender que haya logrado en breve tiempo el consenso para lanzar la candidatura de una mujer indígena a la Presidencia.

No olvidemos que, en particular el EZLN, no ha renunciado nunca a ser un movimiento armado, aunque no se hayan usado sus armas desde hace más de dos décadas. La incógnita es si esta nueva etapa y esta nueva empresa será de algún modo un proceso de institucionalización, equivalente a los que se vivieron en El Salvador o Colombia, pero en este caso sin un proceso de diálogo entre la guerrilla y el gobierno. Lo que es claro es que sí ha habido una larga tregua entre ambas partes y que hoy el movimiento armado no tiene ya perspectivas como tal.

Pero la presencia del EZ y el hecho de que Marichuy esté iniciando su proselitismo precisamente en Chiapas entre sus bases de apoyo, puede ser un rasgo muy determinante, para bien o para mal, en la incipiente campaña. Si los electores interpretan el proceso como la integración del movimiento neozapatista a la política, en un sentido incluso más amplio que el electoral, es posible que se acreciente el número de adeptos de la candidatura indígena. Pero también el respaldo del Ejército Zapatista a ésta puede restarle apoyos entre otros sectores de la sociedad nacional que rechazan decididamente la vía armada.

El primer reto que tendrá que sortear esta candidatura independiente es reunir las más de 866 mil firmas necesarias para obtener el registro y aparecer en las boletas de 2018. No es una tarea fácil, aunque el contar con una base social como lo es el movimiento indígena organizado le dará viabilidad a esa descomunal tarea que muy pocos —no más de dos o tres— de los hoy registrados alcanzarán a cumplir.

Pero no es el único obstáculo a superar. Ya colocado en un escenario electoral y con una precandidatura visible, este movimiento táctico de las organizaciones indígenas sólo podrá ser exitoso si se traduce en un caudal de suficiente de sufragios en las urnas. Pero esa meta se entrampa con un discurso ambiguo donde aún predomina la desconfianza en los procesos electorales y donde la propia vocera-candidata afirma que no va en pos del voto ni del poder.

La falta de convicción y el recelo de los militantes con respecto de los medios ahora elegidos pueden impedir que se cumplan los propósitos de la campaña misma.

Si los actores no tienen convicción en el proceso, ¿cómo convencer a círculos más amplios de ciudadanos de las bondades de sufragar por este naciente movimiento? Hasta ahora la ambigüedad se expresa en que algunos de sus voceros (por ejemplo el Colectivo Utopía, de Michoacán) hablan de “una nueva forma de gobernar”, desde luego basada en principios proclamados hace tiempo por el neozapatismo, como el “mandar obedeciendo”, en tanto que otros (Guillermo Almeyra) y la candidata misma niegan expresamente que el propósito de la campaña sea alcanzar el gobierno.

Esto último implica que no importan los votos sino usar la campaña para la difusión y organización, algo semejante a lo que vimos hace unas décadas en las dos postulaciones de Rosario Ibarra de Piedra. Desde un inicio la posición representada por Marichuy y quienes la respaldan se ha presentado como anticapitalista.

Bien, pero ello requiere trascender el nivel de la mera denuncia y las frases declarativas y traducirse en propuestas viables que conformen, si no un programa de gobierno, sí una plataforma electoral sólida y amplia que entronque y se engarce con los intereses de sectores y grupos diversos de la sociedad, más allá del mundo indígena. Hasta hoy esa plataforma parece no existir y tendrá que construirse sobre la marcha, en el andar de la campaña y en la suma de nuevos apoyos.

Si se quiere lograr el éxito será necesario un discurso creíble, susceptible de diferenciarse del de políticos del sistema y de los pretendidamente independientes. Hacer campaña entre los sectores indígenas y a los ya politizados contra el régimen y el sistema político vigente, sobre todo los organizados, no implicará mayores dificultades, dado que es posible con recursos propios; pero alcanzar con el mensaje del CGI al resto de la sociedad implicaría un caudal de recursos humanos y económicos de los que quizá este nuevo movimiento no disponga, más cuando se ha renunciado explícitamente a recibir las prerrogativas oficiales a las que se tendría derecho si se obtiene el registro para la candidata.

Tampoco es suficiente con renunciar a esas prerrogativas para demostrar que la candidatura sea políticamente superior a las de los aparatos partidarios. Esa superioridad debería demostrarse justamente en ámbito político, el del debate, la confrontación de ideas y propuestas hacia la sociedad, y no sólo en el terreno de la moral. En otras palabras, el dilema para una candidatura como la de Marichuy Patricio es el de disputar el poder político formal a los grupos oligárquicos que hoy lo controlan, o usar la campaña de 2018 tan sólo como un recurso para la organización o reorganización y la actualización de los objetivos del movimiento indígena, es decir, para propósitos internos de éste.

En Bolivia, Evo Morales se decidió desde el principio por lo primero y conformó un movimiento-partido con objetivos claramente políticos; pero ello se daba después de una etapa de intensas movilizaciones y luchas por el agua, la tierra y contra la represión a los campesinos cocaleros. Algo semejante ocurrió con el movimiento indígena de Ecuador, aun cuando ahí el abanderado fue un mestizo, Rafael Correa.

En México, empero, el movimiento de los pueblos originarios se encuentra en una etapa de repliegue, como ha ocurrido en los últimos años con el propio EZLN. La peor opción para este naciente movimiento electoral y para su representante jalisciense será enfocar su discurso contra el candidato de centro-izquierda López Obrador, y no contra los factores reales de poder, económico y político, que han llevado a la crisis del país.

Es una de las tentaciones en que se puede incurrir para tratar de legitimar su presencia como una opción diferente, pero que mantendría en la superficialidad una campaña digna de mejores destinos, dada la legitimidad de las demandas indígenas y de otros grupos sociales que se pueden sumar a éstas con su propio programa reivindicativo.

En contraparte, no faltarían los partidarios del tabasqueño que acusen al CGI y a su candidata de servir a los propósitos del sistema de impedir el avance de aquél; el escenario de la división y el enfrentamiento entre las izquierdas (entre las cuales, por supuesto, no se cuenta ya el PRD) es el más conveniente para el PRI, el PAN y las candidaturas de utilería presentadas como “independientes”. Algunos voceros del CNI y CGI han dicho que el propósito de su incursión electoral no es disputar votos a López Obrador y a Morena, sino suscitar la participación de otros sectores, entre ellos los hasta hoy abstencionistas. Puede ser, pero ello le implica un nuevo dilema: de llegar a la elección constitucional, elevar la participación electoral y reducir la abstención, sobre todo si termina imponiéndose un candidato de la derecha, puede suponer darle más legitimidad al sistema político en su conjunto, al que por otra parte se rechaza.

Ello no representa que la candidatura de Marichuy Patricio sea injustificada, pero sí que tiene que tomar en cuenta su peculiar ubicación dentro de la arena político-electoral y a qué tipo de electorado debe dirigirse.

Finalmente, es claro que una candidatura como la de la señora Patricio Martínez como mujer, indígena y sin una formación universitaria, será enfrentada no sólo por los poderes fácticos, sino también la crítica despiadada de lo peor de la sociedad civil mexicana: el machismo, la misoginia, el clasismo y el racismo, siempre latentes pero que desde ya afloran cuando los sectores más oprimidos deciden movilizarse ante la explotación y la injusticia social.

Serán necesarias acciones concretas y una propuesta social adecuada para neutralizar esas expresiones que tendrían que estar por completo superadas en el México del siglo XXI. Ya después de la jornada electoral de 2018, si Marichuy llega a las urnas, podremos hacer el balance de esta experiencia de campaña y de participación electoral, que puede ser un posicionamiento nuevo y una nueva etapa del movimiento indígena y su articulación con la llamada sociedad nacional, o un fracaso táctico que incluso lo haga retroceder.