Sismos de septiembre: de la devastación social a la comedia gubernamental y partidista

Por Sergio Alberto Nájera Villegas / Grupo Crónicas Revista

Sergio Nájera Villegas

Sergio Alberto Nájera Villegas,Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho en Ciencia Política

Los pasados días 7 y 19 de septiembre son dos fechas que quedaran grabadas en la memoria del pueblo de México, nadie podrá olvidar dos de los peores terremotos que han azotado recientemente al territorio nacional.

Las consecuencias se hicieron presentes de manera inmediata lastimando la vida y el patrimonio de los habitantes de los estados afectados, los mayores daños se registraron en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Ciudad de México, Morelos, Puebla y el Estado de México.

Al ver los daños provocados por el sismo de inmediato se nos viene a la mente la siguiente pregunta: ¿porque México es tan propenso a los sismos?, los frecuentes sismos en el país se deben a su posición en una gran red de placas tectónicas, México está al borde de dos de las placas más grandes del mundo – las placas de América del Norte y del Pacífico -, así como la más pequeña placa de Cocos.

Aunado a esto, también está ubicado en el llamado “Anillo de Fuego”, un área en forma de herradura alrededor de los bordes del Océano Pacífico, desde Australia a los Andes, donde el 90% de todos los terremotos ocurren.

Pero veamos cuales fueron las principales afectaciones que se registraron:

Sismo del 7 de septiembre

El día 7 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 8.2 con epicentro en las cercanías de Pijijiapan, en el estado de Chiapas, el sismo, ocurrido a las 23:49:18 horas, afecto el sur y centro del país.

El sismo fue perceptible para unas 50 millones de personas, la mayoría de las muertes se registraron en los territorios de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, en Oaxaca dejo un saldo de al menos 78 personas muertas, 18 más en Chiapas y 4 en Tabasco, de acuerdo con el balance dado a conocer por la Secretaría de Gobernación de México.

Sismo del 19 de septiembre

El 19 de septiembre un segundo sismo azotó México, el epicentro fue localizado en Axochiapan unos 120 kilómetros al sudeste de Ciudad de México, a una profundidad de unos 57 kilómetros.

En una actualización del balance de muertos por el temblor de magnitud 7,1 en la escala Richter se ha precisado que en la Ciudad de México hubo 219 fallecidos, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca.

Debido a la magnitud de ambos sismos el Gobierno Federal tiene el reporte de que al menos 391 mil inmuebles resultaron con daños, por lo estos deberán ser reconstruidos o repararse.

Solidaridad internacional

Tras los daños que dejaron los sismos registrados en el mes de septiembre, diversos países han mostrado su solidaridad con México a través de ayuda humanitaria.

México ha recibido apoyo técnico, financiero o en especie proveniente de varios países, los primeros en manifestar su apoyo fueron Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos y España.

Le siguieron Estados Unidos, Honduras, Israel, Italia, Japón, Panamá, Perú, República de Corea, Rusia, Santa Sede, Suiza, Taiwán, Turquía y Venezuela, así como también la Unión Europea y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).

Así, en materia de ayuda en especie México ha recibido más de 440 toneladas de ayuda humanitaria consistente en agua, alimentos enlatados, artículos de primera necesidad y suministros médicos.

Además equipo de trabajo y herramientas, kits de cocina e higiene, tiendas de campaña comunitarias, equipos sanitarios, camas plegables y colchones, así como plantas eléctricas, entre otros.

Unión del pueblo de México: la ayuda de la sociedad civil

La sociedad ha acreditado su vigorosa generosidad ante la devastación de los sismos y ahora, en la etapa de reconstrucción, las instituciones públicas y también del sector privado están obligadas al sacrificio de ganancias políticas y económicas.

Edificar y reparar 153 mil viviendas, 13 mil escuelas y mil 225 inmuebles históricos en México requerirá del compromiso inequívoco de los tres órdenes de gobierno -puestos en entredicho en esta hora trágica-, pero también del sector privado, sobre todo el que proveerá de millones de toneladas de cemento, arena, grava, varilla, ladrillo y otros materiales para la reconstrucción y el equipamiento.

En medio del desastre el gobierno federal, que encabeza Enrique Peña Nieto, vio la oportunidad perfecta para promocionarse y sacar provecho de la situación, un ejemplo de tan cuestionables acciones es el plan de entregar a los damnificados apoyo económico en tarjetas de débito, como en las campañas priistas.

El presidente ha buscado aminorar el repudio popular convirtiendo sus visitas a las zonas de desastre en un gran set para actuar ante los damnificados, en especial con mujeres de la tercera edad.

La estrategia venía desde su quinto informe de gobierno con una apabullante difusión de spots -incluyendo los de cadena nacional-, y su omnipresencia ante los desastres naturales.

Los estrategas de Peña quieren presentarlo como un político sensible y considerado, servicial, cercano a las víctimas, aunque detrás de él está un aparato de propaganda que no es capaz de abastecer de lo básico a los damnificados.

La reconstrucción costará al menos 39 mil millones de pesos según dio a conocer el propio Peña Nieto, es verdad que es una cantidad de dinero considerable pero es casi la misma cantidad que el gobierno federal ha gastado en publicidad en cinco años de su gestión: 37 mil millones de pesos.

Ante tal escenario es hora de que los tres niveles de gobierno e, insisto, el sector privado de México, correspondan a la generosidad de la sociedad que solo los ha visto lucrar con la tragedia.

Financiamiento privado de los partidos políticos y el peligro para la vida democrática

Diversas voces de la sociedad civil han exigido, desde distintas redes sociales, que el presupuesto de los partidos políticos para las elecciones del 2018 sea destinado a la reconstrucción de las zonas dañadas o, bien, sea asignado directamente a las víctimas de los sismos. Al respecto, el INE afirmó que es posible jurídicamente -sin echar mano de una reforma constitucional- que los partidos políticos destinen parte de los recursos que reciben del Estado para ayudar a los damnificados.

La constitución permite a los partidos decidir si gastan o no en su totalidad las prerrogativas (o gastarlas en menor cantidad), aunque también pueden no recibirlas, sin embargo, es importante notar que renunciar a ejercer parte del financiamiento público no equivale en sí mismo a “donar” directamente tales recursos a los damnificados, significa solamente la posibilidad de que los recursos no ejercidos puedan reasignarse a otros fines, en este caso, la reconstrucción de las viviendas destruidas o afectadas.

Como contraparte al financiamiento público de los partidos políticos han surgido numerosos pronunciamientos manifestando la posibilidad de establecer un diseño institucional de financiamiento exclusivamente privado, pero ¿esto es posible?

En México históricamente las reformas en materia electoral han caminado en el sentido contrario, en nuestro país se ha optado por un sistema de financiamiento prioritariamente público donde se establecen los límites y las fuentes válidas para el financiamiento privado, así como lo topes a los gastos que pueden realizar los actores de la política. La lógica de dicho diseño era que los partidos cuenten de manera equitativa con los elementos para llevar a cabo sus actividades.

El modelo de financiamiento privado para las elecciones además de minar la equidad en las contiendas compromete la autonomía de los partidos políticos al hacerlos depender de los poderes de facto, el uso exclusivo de recursos privados para financiar las campañas políticas puede introducir distorsiones importantes en el proceso democrático: por un lado, una desigual disposición de recursos por parte de los partidos y candidatos incidiría sobre las posibilidades reales que éstos tienen para llevar su mensaje a los votantes; por el otro, el dinero privado confiere a los individuos y a los grupos sociales una posibilidad diferenciada de participar en las elecciones y ejercer su influencia sobre los candidatos y los partidos a través de sus contribuciones.

Es verdad que muchos estamos insatisfechos y enojados con el actuar de los partidos políticos y sus comitivas, pero suplir el pago de las campañas con el dinero privado no empodera a los ciudadanos, sino al contrario, aumenta el poder de influencia de los poderes fácticos, lícitos e ilícitos.

Si esta petición llegara a concretarse, el siguiente principio sería una realidad indubitable: “Cuando el poder político simplemente es un espejo del poder económico, el principio de “una persona, un voto” pierde su significado”.

Para terminar

No perdamos de vista que el descontento de los ciudadanos con el financiamiento público tiene que ver más con el monto excesivo, el abuso y la opacidad con que la clase política ha empleado tales recursos, para tales problemas hay otras soluciones que nada tienen que ver con el reforzamiento del poder económico de “los más fuertes”, y el repliegue del Estado en materia de financiamiento electoral.

Una mejor propuesta para el manejo de tales recursos seria reforzar los mecanismos de auditoria, fiscalización y transparencia del financiamiento a los partidos.

Ahora bien, si los partidos tomaran la medida de verdaderamente destinar sus recursos para ayudar a los damnificados, ésta tendría que estar acompañada de mecanismos de auditoria pública y ciudadana para asegurar que los recursos brindados realmente lleguen a quienes más los necesitan, y es que no queda claro qué uso tendrían tales recursos, quién los administraría, ni cómo serían controlados.

En tiempos electoreros la promoción de soluciones simplistas -por parte de los partidos políticos- en el debate público aumenta exponencialmente, dejando de lado los problemas estructurales que afectan a la sociedad mexicana.

Frente a las razones que tienen “en jaque” a nuestra democracia, entre las que destaca la desafección misma de los ciudadanos hacia los partidos y demás instituciones de representación, deberíamos ser cuidadosos en no comprar remedios que terminen siendo peores que la enfermedad misma.