SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS RECORTES ARBITRARIOS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. (parte 2 de 3)

Por Teresa Da Cunha Lopes/ artículo de opinión/ Grupo Crónicas Revista

Teresa Da Cunha Lopes, Investigadora de la UMSNH, especialista en Derecho Comparado

Resumen: La restricción inconstitucional a que la UMSNH está hoy sometida, con su inclusión en la infame lista de las 7 universidades públicas (y entidades federativas) “abandonadas” por la Subsecretaria de Educación Superior, emana de criterios no legislados por los órganos competentes. Este recorte presupuestal, evidente ruptura del pacto federal y del principio de cohesión social y de solidaridad federal, nos impide en consecuencia un mejor ejercicio de las libertades y derechos laborales, personales y de cátedra y excluye de una educación de calidad a centenas de millar de jóvenes michoacanos y de otras entidades federativas

Morelia, Mich., 4 de noviembre 2017.-La Universidad Michoacana incomoda, lleva 100 años incomodando al poder político, porque ha mantenido la libertad ideológica como un principio inherente a la naturaleza de una institución de educación superior autónoma y laica.

Como institución de educación superior (IES) siempre ha estado abierta al pluralismo político, es decir al “libre mercado de las ideas” (Oliver Wendall Holmes), incluso ha defendido la libertad de expresión( en sus dos niveles, informar y formar opinión)y, por ende, la libertad ideológica, hasta la “posibilidad de exponer aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población”. Por eso, ha colocado en su Ley Orgánica el principio de la libertad de cátedra. Es esto lo que “ofende” a los (las) políticos (as) de la llamada “generación del atraco” ya que desde sus espacios universitarios. Muestra Máxima Casa de Estudios ha, sistemáticamente, puesto en causa la deriva autoritaria que erosiona la transición democrática mexicana. Así, que asistimos al recrudecimiento de los ataques a su autonomía vía chantaje presupuestario.

Ahora bien, tanto la exclusión de los fondos extraordinarios federales, la sistemática subpresupuestación del subsidio federal por alumno como los recortes presupuestarios estatales, son restricciones inconstitucionales.

En particular , la inclusión de la UMSNH en la infame lista de las 7 universidades públicas ( y entidades federativas ) “abandonadas” por la Subsecretaria de Educación superior, que emana de criterios no legislados por los órganos competentes es una aberración inconstitucional  violatoria del paradigma fundamental del pacto federal.( ver artículo “ Sobre la inconstitucionalidad…(parte 1)

Con efecto, este recorte presupuestal, disfrazado de “reubicación de prioridades” es una evidente ruptura del pacto federal y del principio de cohesión social y de solidaridad federal. Como tal, solo puede ser interpretado como un “castigo” político. “Castigo” que tiene como finalidad “domesticar “a la Universidad Michoacana, pero que en realidad nos impide un mejor ejercicio de las libertades y derechos laborales, personales y de cátedra y excluye de una educación de calidad a decenas de millares de jóvenes. (ver artículo “La Estrategia de la Araña”)

Por otro lado, no debemos escamotear ante la opinión pública, la futilidad con que diversos actores políticos han entrado al ejercicio del chantaje “´político-presupuestal” para someter la “Michoacana “ y colocarla en “quiebra técnica”, produciendo crisis artificiales sobre crisis artificiales , año tras año ( ver artículo .” UMSNH: una crisis artificialmente provocada “).

Lo que estamos viviendo es una presión política insoportable, fruto de guerrillas de posicionamiento interno partidarias, que además de ser ilógica bajo de un punto de vista del interés superior de Michoacán ni siquiera es redituable electoralmente. Pero, no es solo una presión política insoportable contra las universidades estatales autónomas y públicas. Es, y esto es mucho más grave, un ejercicio de una brutal deriva autoritaria que se pasa por “el arco del triunfo” a principios convencionales y a normas constitucionales.

No debemos pasar por alto que las universidades públicas no sólo son parte del estado mexicano, sino que son la columna de desarrollo de la Nación al formar a millares de jóvenes mexicanos de todos los sectores de la sociedad, jóvenes que son uno de los mayores capitales sociales de la Federación.

Al ser parte del Estado mexicano, como tal se encuentran sometidas a un régimen de derecho, en principio al ordenamiento constitucional, por lo que todos los actos de órganos de poder y/o de funcionarios se encuentran subordinados al estado de derecho, ya que sólo pueden hacer lo que la ley les permite y bajo las condiciones y requisitos que impone el principio de legalidad(artículo 16 constitucional), el cual no sólo debe interpretarse bajo la ecuación: competencia, fundamentación y motivación; sino que la protección de este precepto tiene como fundamento de los bienes del individuo, que el gobernado no quede a merced de la tiranía del poder en cualquiera de sus manifestaciones, por ende resulta indispensable que se pondere la proporcionalidad y razonabilidad del acto de autoridad que recorta el presupuesto necesario a la operatividad de las mismas

En consecuencia, tal como ya lo desarrollamos en la columna de opinión de la pasada semana, la exclusión de la UMSNH (y de otras. 6 universidades públicas, estatales y autónomas) de los subsidios federales y, en nuestro caso particular el recorte presupuestal estatal en el 2017(y la propuesta de recortes adicionales previstos en la iniciativa de ley de egresos para el 2018) no solo afecta la libertad ocupacional (de trabajo) y las condiciones para la promoción y desarrollo de los académicos en la Universidades Públicas (en este caso de la UMSNH).

Afecta, también y, esto es el carácter pérfido de las medidas arriba desglosadas, el libre desarrollo de los más de 50 mil jóvenes en los salones de clase de Nuestra Máxima Casa de Estudios.

Significa, en la práctica, que una. generación entera es sacrificada en aras de una política de mercantilización de la educación superior, que reduce las políticas públicas en esta materia a un mero análisis de estados contables y, transforma la universidad pública en rehén de juegos de cúpulas, de rencillas Inter partidarias de facciones parlamentarias en lucha por control de espacios y de proyecciones de “egos” que simulan “oficio político “.

Ahora bien, para allá del chantaje político presupuestal, no debemos olvidar que el derecho a la educación pública superior de calidad es un derecho fundamental, constitucionalizado, cuyo ejercicio y acceso pasa por la existencia de un financiamiento adecuado a las imposiciones de establecer procesos educativos dentro de indicadores nacionales e internacionales de capacidad académica y competitividad académica.

En consecuencia, los presupuestos anuales deben sujetarse a los términos constitucionales y, en las leyes de egresos no pueden fijarse restricciones presupuestales a dichas libertades a partir de un autoritarismo unilateral y de un oportunismo politiquero ya que , cuando se aplica un examen de proporcionalidad y razonabilidad; al cual toda norma jurídica, sin excepción , debe respetar el contenido esencial de los derechos, y limitarlo en la medidas de los estándares judiciales de la SCJN , sin colocar los bienes tutelados en el bloque de constitucionalidad en un imposibilidad irrazonable de su realización, se están violando diversos criterios de convencionalidad y de constitucionalidad , ya que el principio de proporcionalidad determina el deber de una correspondencia entre el medio y el fin. Y, los recortes brutales a los que el autoritarismo unilateral arbitrario nos está sometiendo, impide la concretización del fin de las universidades estatales autónomas: el acceso a una educación de calidad en condiciones de equidad con todas las otras entidades federativas.

Pero, aparentemente, funcionarios y legisladores desconocen las disposiciones constitucionales. De modo que nos encontramos en un punto (lo repito) en el que las perspectivas son terribles, pero pueden evitarse con unas medidas políticamente factibles y de escala bastante pequeña. Tal vez muchos deseen una revolución, pero no hace falta ninguna para salvar la Universidad. Un poco de sentido común, apego a los principios constitucionales de cohesión social y respecto por la naturaleza de derecho fundamental de la educación, mucho de ética y disciplina presupuestaria, prioridad a lo académico sobre lo político serían suficientes (ver “La gran apuesta’, burbujas reformistas y mentiras repetidas”, ).

Así que, por el momento estamos bajo ataque porque (y lo vuelvo a repetir ) la Casa de Hidalgo incomoda, lleva 100 años incomodando al poder político, porque ha mantenido la libertad ideológica como parte de su ADN. Este ataque nos obliga, hoy por hoy, a unirnos y reivindicar que continuaremos libres, insumisos e incómodos.

(continuará)