Por Eduardo Moyano Estrada/ Grupo Crónicas Revista

Eduardo Moyano Estrada es Profesor de Investigación (catedrático) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el área de Ciencias Sociales. Sus trabajos de investigación versan sobre acción colectiva y articulación de intereses en el sector agroalimentario, y gobernanza y desarrollo en las áreas rurales.

Ha transcurrido algo más de un mes desde el 1-O, pero han sido tantos los vaivenes de la situación política catalana, que parece haber pasado un largo periodo de tiempo.

Los hechos se han ido precipitando a un ritmo de vértigo por lo que no viene mal recordarlos: aprobación de las leyes de desconexión y transitoriedad por elParlament el 7-8 de septiembre en flagrante violación del orden constitucional; intento de celebración del referéndum ilegal el 1-O con la consiguiente intervención policial; detención de los dirigentes de las organizaciones ANC y Omnium cultural; declaración unilateral de independencia por el Parlament el 21 de octubre (tras las dudas hamletianas del President) y aplicación inmediata del art. 155 por el gobierno de la nación; cese del Govern y convocatoria de elecciones catalanas para el día 21-D; salida a Bruselas de Puigdemont con una parte de sus antiguos consellers; comparecencia de otra parte del Govern ante la jueza Lamela de la Audiencia Nacional y su envío a prisión; comparecencia de los miembros de la mesa delParlament ante el juez Llarena del Tribunal Supremo (debido a su condición de aforados)…

Para complicarlo todo aún más, nos encontramos con una situación en la que se mezcla la lógica política y la lógica judicial, con sus propios ritmos y calendarios, que hacen aún más cambiante el panorama, provocando cambios de estado de ánimo en la ciudadanía (de la euforia a la depresión), cuando no un hartazgo cada vez más insoportable. Es un escenario cargado de pasiones, impregnado de emotividad y salpicado de medias verdades e incluso de mentiras intencionadas.

En definitiva, un panorama enardecido y enrarecido, ante el que hay que detenerse y recapitular para poner orden en las complicadas piezas que lo componen. Con ese propósito comparto las siguientes reflexiones.

1)    Aunque en las redes sociales no dejan de aparecer comentarios jocosos sobre el tema catalán en un frívolo regodeo de los acontecimientos, la realidad es que estamos ante la más grave crisis de la democracia española desde el fallido golpe de estado del 23-F, ya que este tema no es sólo de Cataluña, sino que nos afecta a todos. Es una crisis que, de no encauzarse, podría tener, además, unas implicaciones económicas que harán empequeñecer la que venimos sufriendo desde 2007. El Banco de España ya ha estimado para el año próximo una pérdida de más de 30.000 millones de euros en términos del PIB si la inestabilidad continúa en Cataluña. No debemos olvidar que la economía catalana representa el 20% de la economía española, además del efecto indirecto que la crisis política pueda tener en el empleo y en las inversiones extranjeras en nuestro país.

2)    El procés ha tocado fondo al tropezar con el poder institucional del Estado. Por mucho que el bloque secesionista active estrategias de resistencia, el procés, tal como lo hemos conocido, no tiene ya más recorrido. Después del 21-D, nada será igual, ya que lo más probable es que cambien los interlocutores y sean distintas las estrategias, una vez que sus protagonistas valoren lo ocurrido hasta aquí. El independentismo seguirá, sin duda, presente en la sociedad catalana, y seguro que con una pujanza similar o superior incluso a la de ahora. Pero tras las elecciones autonómicas será distinto el escenario en Cataluña y continuará Rajoy al frente del gobierno de la nación, manteniéndose firme en la defensa del Estado de derecho.

3)    La aplicación del art. 155 se ha realizado dentro de la más escrupulosa legalidad y de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Paradójicamente, una cámara baja tan desprestigiada como el Senado, ha desempeñado un papel crucial en el procedimiento de intervención. Ha sido impecable el modo como se han desarrollado los debates en la comisión y en el pleno hasta conducir a la autorización al gobierno para que aplique las medidas que hagan efectiva la suspensión de las competencias políticas en Cataluña. El control de los Mossos se ha realizado con una sorprendente normalidad, al igual que el de las distintas consejerías de la Generalitat.

4)    El cese del President y de los miembros del Govern estaba dentro de las posibles medidas del art. 155, por lo que no ha causado sorpresa. Sin embargo, la convocatoria electoral para el 21-D ha sido sorprendente por su rapidez, habiendo dejado descolocadas a las fuerzas políticas catalanas y en especial al bloque secesionista. La virtud de una convocatoria electoral tan rápida es que reduce al mínimo el periodo de aplicación del art. 155, y con ello los riesgos que conlleva. Puede que, para los sectores más españolistas, deseosos de prolongar la suspensión de las competencias de la Generalitat en una especie de estrategia de tierra quemada, la medida de aplicar un art. 155 de corta duración les resulte decepcionante por entender que el trabajo de “cirugía” se quedará a medias. Pero Rajoy, con el apoyo de Cs y, sobre  todo, del PSOE, no ha querido arriesgarse a transitar por un camino lleno de incertidumbre y dificultades. No obstante, el mandato del Senado es de seis meses, por lo que la aplicación del art. 155 no acaba el 21-D, pudiendo, además, el Gobierno solicitar su ampliación según cómo se desarrollen los acontecimientos.

5)    La salida del ya expresidente Puigdemont y de parte de su gobierno hacia Bruselas, ha sido interpretada por muchos como una huida y una traición al resto de sus compañeros. Pero en mi opinión hay que entenderla en términos de una estrategia jurídica y política de alto riesgo, en coordinación con el resto de consellers. Con su salida, Puigdemont persigue, sin duda, eludir la justicia española (a la que acusa de estar politizada y de no ser independiente), pero también internacionalizar el conflicto, esperando que algún país de la UE ceda a la tentación de dudar de la credibilidad democrática española. Esperemos a cómo se desarrolla la aplicación de la orden europea de detención decretada por la Audiencia Nacional (AN) y ante la cual Puigdemont se ha presentado ante la fiscalía belga, que la que debe decidir sobre el proceso judicial.

6)   La entrada en prisión sin fianza de los consellers que se han quedado en España, ordenada por la jueza Lamela de la AN, puede ayudarle a Puigdemont en su estrategia, esgrimiendo, aunque sea sin base jurídica alguna, el argumento de la existencia de “presos políticos”. Además, el diferente tratamiento que sobre la misma querella del fiscal ha hecho el juez Llarena del Tribunal Supremo (TS) respecto a los miembros de la mesa del Parlament (que ha rebajado el delito de rebelión y les ha dado un plazo de una semana a los miembros de la mesa del Parlament para que sus abogados tengan más tiempo en preparar sus defensas), da argumentos a la estrategia de Puigdemont de cuestionar el poder judicial español al mostrar que existen distintas varas de medir el mismo delito. Para los que quieran profundizar en la complejidad de este asunto, recomiendo dos excelentes artículos escritos desde posiciones distintas: uno, de Teresa Freixes, argumentando en favor del auto de la jueza Lamela (“Delito de rebelión para el Govern, ¿por qué?”, publicado el 3 de noviembre en la sección Ideas de la revista ED), y el otro, de Miguel Pasquau, cuestionando dicho auto (“Alzamiento, sedición y rebelión” publicado el 1 de noviembre en la revista digital ctxt.es).

7)    Sea como fuere, lo cierto es que la discrepancia entre la AN y el TS no ayuda a la imagen de equidad y profesionalidad de la justicia española, y da alas al victimismo de los secesionistas. Es, por tanto, una situación preocupante, que, si no se remedia en los próximos días unificando criterios entre ambos organismos judiciales, podrá influir en la opinión pública internacional, volátil por naturaleza, y aún más ante la debilidad crónica de la diplomacia española. Además, si continúa esa discrepancia entre el TS y la AN hay riesgo de que el tema acabe en el Tribunal de Derechos Humanos como ya ocurrió con el caso Bultó en los años 1980, lo que empeoraría la imagen de la democracia española.

8)    Por muy ajustado a derecho que esté el encarcelamiento de los dirigentes catalanes dada la gravedad de los delitos que se les imputa, es indudable su efecto político. Celebrar las elecciones del 21-D en unas circunstancias así no es el mejor escenario, ya que los comicios se verán condicionados por ello, tanto en lo que se refiere al ambiente político, como a las estrategias electorales y al desarrollo de la campaña. Serían elecciones celebradas en un escenario aún más polarizado y fracturado de lo que está ahora y fuertemente cargado de emotividad y victimismo, lo que no es lo más indicado para un proceso electoral. Además, la campaña se vería inevitablemente empañada por demandas de amnistía y libertad que, sustituyendo a los programas políticos con los que los partidos suelen presentarse a los comicios, se extenderían de forma transversal monopolizando el eje de los debates. Al favorecer una estrategia frentista, esas demandas, que apelan más al corazón que a la cabeza de los votantes, lograrían ocultar las profundas desavenencias hoy existentes dentro del bloque independentista, además de permitirles a los dirigentes secesionistas envolverse en el manto del victimismo evitando rendir cuentas ante el electorado por los errores cometidos durante el procés. Asimismo, la permanencia en la cárcel de los dirigentes políticos catalanes durante la campaña electoral serviría de acicate a la revitalización del bloque independentista, un bloque en horas bajas tras el fracaso delprocés y tras el impacto de la gran movilización no secesionista activada días atrás por la SCC (Societat Civil Catalana). En este sentido, no debe olvidarse que un movimiento como éste de la SCC, logrado a base de mucho esfuerzo, necesita, para verse reflejado en forma de votos en las urnas, un escenario menos enardecido y más sosegado para que los votantes decidan su voto con cierta racionalidad y no con las emociones a flor de piel.

9)    Aún es pronto para hablar de posibles escenarios tras el 21-D, ya que quedan cincuenta días en una campaña que se prevé dura y complicada. Aún no se conocen las estrategias de los partidos soberanistas: si reproducir un frente común para convertir las elecciones de nuevo en plebiscitarias, o si presentar listas por separado para dar lugar a posteriores alianzas en función de los resultados. Parece que sólo el PDdeCat (antigua CiU) está interesado en reeditar el frente independentista, dado que, yendo por separado, corre el riesgo de sufrir una fuerte derrota en favor de ERC. Respecto a los Comunes de Ada Colau y de un sector de Podemos, ya han anunciado que presentarán una lista propia (encabezada por Xavi Doménech), aunque con un programa común lo suficientemente transversal como para dejar abierta posibles alianzas postelectorales con otras fuerzas soberanistas.

10)  Respecto a los partidos no soberanistas, ya se sabe que no habrá frente común a pesar de la insistencia de Cs. Además de las profundas diferencias programáticas entre el PSC y el PP, está en la memoria de ambos partidos la fracasada experiencia frentista de las elecciones vascas de 2001, cuando el frente PSOE-PP (liderado por Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja) se vio derrotado por el PNV de Ibarretxe, y no quieren repetirla en Cataluña. Por eso, tanto PP, como PSC y Cs se presentarán por separado, con la esperanza de que el bloque secesionista no alcance la mayoría parlamentaria, algo que se antoja difícil a la luz de las últimas encuestas, que arrojan un escenario muy parecido al actual.

Todo está abierto, por tanto, y nos esperan varias semanas de vértigo hasta llegar a los comicios del 21-D, una fecha que marcará no el final, sino el inicio de un nuevo escenario que habrá que gestionar desde dentro de Cataluña y desde el conjunto del Estado.

Si se gestiona bien, la situación catalana podrá normalizarse encauzándola hacia un nuevo encaje de Cataluña en el Estado, algo que inevitablemente deberá pasar por algún tipo de consulta legal y pactada, tras la correspondiente reforma constitucional (con la que está de acuerdo más de la mitad de los españoles según las últimas encuestas).

Pero si fracasa el diálogo político, y el independentismo persiste en su desafío al Estado de derecho, se agravará aún más la inestabilidad en Cataluña. Ello tendrá graves efectos directos en el resto de España y efectos colaterales en la UE, llevándonos a un abismo al que, si bien algunos, en su delirio, puedan sentirse fascinados a precipitarse por él, muchos otros ciudadanos no están dispuestos a ello.