La Universidad Michoacana en la encrucijada

Por Eduardo Nava Hernández/ Grupo Crónicas Revista

Eduardo Nava,
Politólogo, Catedrático Universitario, Investigador Nacional S.N.I.

Justo cuando llega al centenario de su fundación, la primera universidad autónoma de América se encuentra en una de las peores crisis que se le recuerden. Con antecedentes en el periodo 1947-1949, cuando ya estuvo en una fuerte astringencia económica por la falta de apoyo del paradójicamente nicolaita gobernador José María Mendoza Pardo, y en 1963 y 1966, cuando el gobierno federal intervino directamente con el Ejército para reprimir la movilización de los universitarios en defensa de su institución y transformó regresiva y autoritariamente a ésta, el momento actual concita grandes riesgos y múltiples amenazas.

La gran paradoja: el centenario de la llamada Casa de Hidalgo implica el homenaje del Congreso estatal de Michoacán, del Senado de la República y de varios organismos más que han venido a reconocer la trayectoria de una institución singular en México y nuestra América. Pero ni la Legislatura local ni el Congreso de la Unión mostraron disposición, en esta memorable ocasión ni en los años anteriores, para ofrecerle un presupuesto garantizado suficiente para cumplir con sus compromisos y obligaciones, incluidas las más básicas como cubrir la nómina de sus trabajadores. De nada sirve otorgarle nuevos títulos y ofrendarle ceremonias de oropel —de esas que tanto agradan al rector Medardo Serna— a una universidad famélica, sumida intencionalmente en la insolvencia, incluso la indigencia. Galardón y festejo en medio de la desventura.

No es un resultado de la fatalidad, es un escenario largamente preparado donde dos factores, uno externo y uno interno, se han conjugado para colocar a la centenaria institución en tan penosa situación, que evoca a un aristócrata ataviado de seda y organdí limosneando para poder comer. El componente externo, una política deliberada, aplicada desde las cumbres del poder nacional para reducir la incidencia y los alcances de la educación superior pública y abrir, acaso, más amplias calzadas a las empresas educativas de ese nivel. Ya en brillantes artículos David Pavón-Cuéllar (“Insolvencia de la Universidad Michoacana: la responsabilidad gubernamental”, http://michoacantrespuntocero.com/insolvencia/), Teresa Da Cunha Lopes (“UMSNH: una crisis artificialmente provocada”, http://grupocronicasrevista.org/2016/12/21/umsnh-una-crisis-artificialmente-provocada/) y Ramón Guzmán Ramos (“Crisis en la UMSNH”, http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc32371), entre otros, han revelado y criticado el aspecto fundamental: el diseño de una política de progresivo abandono de la universidad pública por el gobierno federal y los estatales, dentro del esquema de reordenamiento autoritario del Estado nacional mexicano por el equipo actualmente en la administración gubernamental. La situación de apremio de la Universidad Michoacana es la misma que se replica en al menos otras seis instituciones de educación superior.

En el caso de la institución nicolaita, la aplicación de dicha política se sazona con el chantaje gubernamental para que la institución modifique su régimen de jubilaciones, hasta hoy muy favorable para los trabajadores por una larga tradición de preservación y promoción de los derechos del trabajo. Falazmente ese chantaje se ha venido presentando ante la opinión pública como una necesidad económica y presupuestal, y al régimen jubilatorio como responsable del abultado déficit que los universitarios padecen. Pese a la evidencia de que otras instituciones análogas (Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Juárez de Tabasco, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos) que ya han reformado hace años su sistema jubilatorio se encuentran también en condición de insolvencia, se sigue manipulando la información y presentando a los trabajadores retirados como responsables de la insuficiencia del presupuesto.

La suspensión y luego el pago parcial de los salarios de docentes y trabajadores administrativos, y la reducción unilateral de las ministraciones a los albergues estudiantiles, entre otros elementos, han puesto a la vista de la sociedad michoacana y del país la crisis financiera, mejor dicho, el ahogo al que se ha sometido a la institución por parte de los poderes públicos en la lógica de debilitar la educación superior pública. Se desconoce, además del régimen jubilatorio pactado y establecido en la ley, el bachillerato nicolaita, Alma Máter de la institución, una parte de la planta de personal académico y administrativo y diversas prestaciones también convenidas entre la institución y sus sindicatos. Como en otras ocasiones lo hemos afirmado (“La Universidad Michoacana bajo fuego”, http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc22311), de lo que se trata no es de un mero saneamiento financiero, sino de una reordenación autoritaria de la institución que elimine en ésta su naturaleza popular, solidaria y asistencial y la transforme conforme a las tendencias dominantes del capitalismo ultraliberal.

Pero otros aspectos están puestos sobre la mesa. En la revisión del ejercicio 2015 —el primero de la administración de Medardo Serna González—, la Auditoría Superior de la Federación encontró inconsistencias por mil 36 millones de pesos (más de un tercio del presupuesto anual), que implican desviación de recursos, pagos irregulares y gastos no justificados.

Más aún, la Universidad Michoacana se ha visto involucrada en la llamada gran estafa, en la que once instituciones de educación superior se prestaron a triangular recursos de dependencias federales aparentando pagos que se demostraron no justificados. En el caso de la institución nicolaita, recibió un contrato de la Comisión Nacional del Agua por más de 20.5 millones de pesos sin acreditar la capacidad técnica para la ejecución de las tareas, por lo que subcontrató, al margen de los procedimientos legales, con ocho empresas el 49 por ciento de esa cantidad, pagando diez millones 079 mil pesos “por productos de los que no se tiene evidencia de su elaboración ni de su entrega”.

Y un reciente artículo del jurista Ernesto Villanueva (http://m.aristeguinoticias.com/1411/mexico/rectoriaumsnh-corrupcion-e-impunidad-articulo-de-ernesto-villanueva/) ha difundido estas y otras irregularidades en el manejo de la institución por el rector Medardo Serna González, que no ha atendido las observaciones realizadas por la ASF ni reintegrado ninguna cantidad de las derivadas de las irregularidades señaladas. La crisis tiene, entonces, un doble origen: las restricciones presupuestales y los malos manejos por parte de las propias autoridades universitarias. El tema de la corrupción es, también, parte de esa crisis.

En la ruta trazada por las instancias federales y locales de gobierno, aceptada dócilmente por el rector Serna González desde finales de 2015, durante el año 2016 tendría que haberse modificado el régimen jubilatorio para proceder luego a otros ajustes como el de las casas del estudiante. No ha sido así. La decidida defensa por los sindicatos de ese régimen y la falta de consenso en torno a las propuestas deslizadas por el rector no directamente sino a través de comisiones del Consejo Universitario no facultadas para ello, han frenado la malhadada reforma de origen plenamente neoliberal. Ahora los tiempos electorales han alcanzado a los legisladores y partidos que han venido promoviendo las agresiones contra la Universidad nicolaita, con márgenes cada vez más estrechos para operar su proyecto sin respaldo ni transparencia.

Dentro del proceso electoral ya en curso, el factor universitario habrá de estar presente. Los nicolaitas y la sociedad michoacana tendrán muy en cuenta el posicionamiento de cada partido y candidato frente a la compleja situación de su centenaria institución al momento de emitir sus sufragios. Pero no cabe duda de que este centenario, hasta ahora caracterizado por los festejos privados organizados por el rector Medardo Serna, tendrá históricamente muchas más implicaciones. Es un momento de definición en el que el rumbo a seguir por la institución se bifurca. O se encamina hacia el alineamiento con los dictados del capital contra los derechos laborales y los intereses legítimos de la comunidad universitaria toda, o se mantiene fiel a su historia, sus tradiciones y sobre todo a las necesidades educativas de la población de Michoacán y de otros estados a la que sirve y sirve bien.