Cómo malograr impunemente una institución benemérita y centenaria.

Por Eduardo Nava Hernández/Grupo Crónicas Revista

Mi solidaridad total con los maestros y comuneros, presos políticos y periodistas afectados por la represión en Michoacán. Libertad inmediata a todos ellos.

Eduardo Nava,
Politólogo, Catedrático Universitario, Investigador Nacional S.N.I.

Más de 60 días de paralización parcial de la Universidad Michoacana (sin contar el periodo de las vacaciones de invierno) han colocado a la institución en una delicada situación. No es sólo la pérdida de valiosas semanas del periodo lectivo —ya de por sí grave—, sino la creciente descomposición de las relaciones entre los diferentes sectores y grupos que conforman la comunidad universitaria. La desconfianza y el rencor prevalecen hoy entre esos sectores, que, cada uno por su lado, busca salir del atolladero en que la llamada Casa de Hidalgo se encuentra metida. Lo que la Universidad Michoacana ha vivido en los meses recientes es un movimiento inédito, ni huelga ni toma de instalaciones, que ha resistido en espera de lo más elemental para los trabajadores: el pago completo y oportuno del salario del que dependen (Foto: Archivo) En principio se trata, o así puede parecer, de un conflicto laboral por falta de pagos. Es bastante más que eso.

Es la ruptura de las relaciones de colaboración y también las de mando al interior de la institución que recientemente ha cumplido 100 años de existencia. El desgaste de los actores ante la opinión pública ha convertido al ámbito universitario nicolaita en una auténtica hoguera de las vanidades. El rector Medardo Serna González, descalificado por los sindicatos mayoritarios de profesores y empleados, que han llegado a demandar su deposición o renuncia; la comunidad estudiantil irritada y dividida entre quienes culpan a los profesores de la parálisis y demandan, no sin razón, el pleno e inmediato retorno a las actividades académicas, y quienes apoyan moralmente o con algunas acciones el proceder de los trabajadores en defensa de los salarios no retribuidos.

Al interior de la propia comunidad académica, una clara división entre quienes aceptan la reanudación de labores con lo hasta ahora obtenido y quienes —estrecha mayoría— están por proseguir hasta obtener el pago total de los estipendios devengados, en este caso el aguinaldo de 2017.

Entre los empleados, la división entre dos sindicatos, uno mayoritario que se mantiene en movilización y uno muy minoritario en colaboración con la parte patronal. En el conflicto actual se encuentran inmiscuidos, desde luego, los actores internos: rector y autoridades, sindicatos, alumnos; pero también externos, que en este caso cargan con gran parte de la responsabilidad de haber generado una situación inesperada y para todos indeseable: el gobierno estatal y el federal, el Congreso de Michoacán y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Pero no se trata de un mero problema de caja, si bien hay también una serie de irregularidades en el gasto del presupuesto universitario, acreditadas ya por la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio 2015, en que las erogaciones con observaciones —aún no solventadas— alcanzaron más de mil 100 millones de pesos.

Es un conflicto calculado a partir de criterios políticos y tecnocráticos y una operación en curso para afectar deliberadamente a la más importante institución de educación superior en Michoacán. En esa operación se han alineado, además de las instancias estatales ya mencionadas, el propio rector Serna González, atacando verbalmente a profesores y empleados por protestar ante su propio incumplimiento.

De los desfalcos, sobregiros y desviaciones, en cambio, no se señala a nadie como responsable, e incluso los anteriores rectores (Silvia Figueroa Zamudio, Salvador Jara Guerrero) han sido gratificados con importantes cargos en la administración pública estatal o federal.

Pocos sostienen ya, a estas alturas, el falaz argumento de que la causa del déficit y de la crisis presupuestal se encuentra en el beneficioso régimen de jubilaciones. La falsedad de la tesis se ha evidenciado en que: a) Otras instituciones educativas y de salud en Michoacán también padecen la astringencia presupuestal por parte del gobierno de Silvano Aureoles: subsistemas de bachillerato, Cobaem, UIIM, SSE, SEE, etcétera, sin tener un régimen jubilatorio semejante al de la UM; b) instituciones educativas del país que hace años modificaron su sistema de retiro también se encuentran en aprietos financieros similares a los de la UMSNH; los diputados de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y deuda Pública en el Congreso local reconocieron ante los sindicalistas y los medios de difusión que no está en ese punto el boquete en las finanzas universitarias; d) hay evidencias de malos manejos en el dinero de la Universidad; y e) hay aspectos de la actividad de la institución no reconocidos presupuestalmente: el bachillerato, albergues estudiantiles, parte del personal administrativo contratado, prestaciones contractuales. Se trata, como en diversos foros y espacios de opinión se ha dicho, de una crisis no estructural, sino artificialmente diseñada.

El Congreso de Michoacán otorga a la UMSNH, con motivo de su centenario, los títulos adicionales de “Benemérita y Centenaria”, pero no le asigna el presupuesto suficiente para su sostenimiento y por el contrario, como en 2016 y 2017 le aplica podas a los subsidios que la institución requiere para subsistir. El rector Serna pone su parte y atiza el conflicto dejando de pagar prestaciones a trabajadores administrativos y académicos y aplicando discrecionalmente elevaciones al régimen tributario. Ha de señalarse que lo mismo intentó hacer el gobernador Aureoles con los maestros contratados por el estado, y ha tenido que dar marcha atrás.

También cuenta la carencia de información, los oficios confusos, el incumplimiento de la palabra empeñada, las amenazas, descalificaciones el trato desigual y el ninguneo a los trabajadores movilizados en demanda de sus sueldos y prestaciones.

También resalta en hecho de que, desde la ocupación de instalaciones universitarias por el Movimiento de Aspirantes y Rechazados y diversas casas del estudiante en 2016, el rector alarga irracionalmente los conflictos y amaga con la represión. No sólo el suspender o retrasar pagos, sino la actitud misma de la autoridad se trueca en una provocación contra los afectados.

Se hacen llamados a la conciliación y a regresar a las actividades académicas, pero se aplican medidas unilateralmente y se deja de pagar las prestaciones convenidas. Claramente es una nueva ofensiva contra los trabajadores universitarios que, de manera natural e inmediata, repercute en la calidad de la educación afectando a los estudiantes.

El efecto mediato de la prolongación del conflicto de 2016 fue una notoria disminución de la demanda educativa de primer ingreso en bachillerato y licenciaturas en 2017; es previsible que el fenómeno se replique para el ya próximo ciclo 2018.

Se trata entonces, a mi parecer, de disminuir intencionalmente la matrícula universitaria para rehacer una institución más pequeña, más barata, menos conflictiva y más fácil de dirigir. Al mismo fin abona el reciente reglamento de casas estudiantiles, restrictivo y represivo, que busca transfigurar la asistencia a alumnos de escasos recursos en recompensas por rendimiento escolar e imponer medidas de castigo a la participación de los moradores en la vida política de la Universidad.

Pero pese al alineamiento de instancias de gobierno, autoridades universitarias y portavoces en los medios de comunicación, el movimiento universitario ha subsistido y dista de haber sido derrotado.

El chantaje que pretendía intercambiar los pagos adeudados por la modificación del régimen jubilatorio no funcionó; la mayoría de docentes y empleados no están convencidos de aceptar los pagos “en abonos” que han propuesto el gobierno estatal y el rector, aunque este último y su tesorero los están aplicando ya por la vía de los hechos y unilateralmente, a través de transferencias electrónicas.

El descrédito de las autoridades universitarias, encabezadas por el representante legal Serna, es casi absoluto, y las relaciones laborales se encuentran seriamente deterioradas. Los métodos habituales de operación y mediatización sindical no han funcionado, y las bases de los gremios han empujado a las dirigencias a movilizarse y asumir posturas políticas más consecuentes y firmes frente a los abusos de la autoridad.

Particularmente en el SPUM, donde es distintiva la cercanía entre los dirigentes provenientes del Grupo Naranja y las autoridades que los apadrinan, esa vinculación se ha quebrantado, así como la relación misma entre los afiliados y los miembros de la dirección, particularmente el secretario general Gaudencio Anaya.

Lo que la Universidad Michoacana ha vivido en los meses recientes es un movimiento inédito, ni huelga ni toma de instalaciones, que ha resistido en espera de lo más elemental para los trabajadores: el pago completo y oportuno del salario del que dependen, de manera directa unas siete mil familias michoacanas e indirectamente un número indeterminado pero probablemente mayor. El saldo de estas difíciles jornadas universitarias aún está por hacerse, pero seguramente sus consecuencias se extenderán por un largo periodo.